Pablo Osornio Hernández

Expediente 1141/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Pablo Osornio Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento que se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso ********************, e informa que la demanda de amparo y sus anexos los remitió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en Turno, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se está a la espera de la determinación que adopte el Tribunal a quien le sea turnada la demanda de amparo que nos ocupa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. ESCRITO Agréguese el escrito signado por el quejoso ****, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de quince de los actuales. Atento a ello, se provee: ACTO RECLAMADO Del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La resolución de nueve de junio del año dos mil veintidós, dictada por la autoridad señalada como responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente *****, que resolvió el recurso de revisión promovido por ****, a través del cual confirmó la sentencia emitida en los autos del juicio *****, por la que se sobreseyó el mismo. INCOMPETENCIA Las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional. El artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal." Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva (contra la que ya no procede recurso ordinario) o de una resolución que ponga fin al juicio, es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. En efecto, como quedó asentado en párrafos posteriores, el acto aquí reclamado se hace consistir en la resolución de nueve de junio del año dos mil veintidós, dictada por la autoridad señalada como responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente ***, que resolvió el recurso de revisión promovido por *****, a través del cual confirmó la sentencia emitida en los autos del juicio ****, por la que se sobreseyó el mismo. Luego, del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se puso fin al procedimiento judicial, pues con la determinación que se combate, el Tribunal responsable lo da por concluido; por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida Pablo Osornio Hernández, compete al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, con residencia en Toluca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro 164502, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010, página 735, del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA, NO ADMITE O TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL FONDO DEL ASUNTO, PUES CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉLLA SE HUBIERE ESTIMADO IRRECURRIBLE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA. ****." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítase la demanda de amparo con sus copias de traslado que anexo al escrito inicial de demanda y desahogo, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, México, en Turno, para los efectos legales de su competencia. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1141/2022-II-A a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Por otra parte, se solicita al Tribunal Colegiado que conozca del presente asunto, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este Órgano Jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORO DE 5 DE AGOSTO DE 2022, SE NOTIFICA AL QUEJOSO****************EL AUTO DE 29 DE JULIO DE 2022, EL CUAL, EN ESENCIA, DICE: oluca, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. ESCRITO Agréguese el escrito signado por el quejoso ****, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de quince de los actuales. Atento a ello, se provee: ACTO RECLAMADO Del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La resolución de nueve de junio del año dos mil veintidós, dictada por la autoridad señalada como responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente *****, que resolvió el recurso de revisión promovido por ****, a través del cual confirmó la sentencia emitida en los autos del juicio *****, por la que se sobreseyó el mismo. INCOMPETENCIA Las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional. El artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal." Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva (contra la que ya no procede recurso ordinario) o de una resolución que ponga fin al juicio, es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. En efecto, como quedó asentado en párrafos posteriores, el acto aquí reclamado se hace consistir en la resolución de nueve de junio del año dos mil veintidós, dictada por la autoridad señalada como responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente ***, que resolvió el recurso de revisión promovido por *****, a través del cual confirmó la sentencia emitida en los autos del juicio ****, por la que se sobreseyó el mismo. Luego, del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se puso fin al procedimiento judicial, pues con la determinación que se combate, el Tribunal responsable lo da por concluido; por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida Pablo Osornio Hernández, compete al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, con residencia en Toluca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro 164502, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010, página 735, del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA, NO ADMITE O TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL FONDO DEL ASUNTO, PUES CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉLLA SE HUBIERE ESTIMADO IRRECURRIBLE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA. ****." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítase la demanda de amparo con sus copias de traslado que anexo al escrito inicial de demanda y desahogo, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, México, en Turno, para los efectos legales de su competencia. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1141/2022-II-A a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Por otra parte, se solicita al Tribunal Colegiado que conozca del presente asunto, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este Órgano Jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por *** por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1141/2022. PREVENCIÓN En términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise de manera clara, concreta y puntual el acto reclamado; ello es así, dado que es impreciso el mismo, toda vez que de la lectura se advierte lo siguiente: ".-La modificación de la sentencia emitida por la C. Magistrada de la primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual confirma el sobreseimiento de mi juicio interpuesto ante la autoridad administrativa antes mencionada." Asimismo, del apartado correspondiente de la demanda, que denominó como "derechos humanos violados", adujó lo siguiente: "de igual forma, al no ser legalmente emplazada la suscrita quejosa, se viola en mi perjuicio la GARANTÍA DE AUDIENCIA, ya que no fui oída ni vencida en juicio, dejándonos en completo estado de indefensión, por tanto, todo lo actuado en el multicitado incidente se deberá decretar nulo". De lo anterior, resulta impreciso de qué se adolece la parte quejosa; por lo que deberá precisar con claridad el acto en concreto, toda vez que del apartado de antecedentes expuso: "Mediante mi escrito presentado en fecha ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021), ante la oficina de Correspondencia Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el suscrito, por propio derecho formulé demanda administrativa en contra del PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONSEJO DE HONOR U JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERÍA MUNICIPAL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA, ESTADO DE MÉXICO, señalando como actos impugnados la orden verbal de separación de dieciséis (16)de marzo de dos mil veintiuno (20021), la baja de la que fui objeto." Antecedentes y acto que deberá aclarar, de una manera suscinta, pormenorizada y cronológica, toda vez que los que se advierten del escrito de demanda, resultan confusos entre sí, pues por una parte narra que él presentó la demanda administrativa de donde deriva el acto reclamado, en tanto que posteriormente aduce que no fue emplazado a dicho procedimiento, violentándose con ello su garantía de audiencia. Tales prevenciones tienen como propósito fijar correctamente la Litis, en el entendido que al momento de cumplir con la presente prevención, deberá de abstenerse de volver a transcribir los mismos actos, debiendo en su lugar precisar con puntualidad el acto tildado de inconstitucional, y antecedentes que le dieron origen. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa, que de no desahogar el requerimiento formulado dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que proporcione como medios alternos de comunicación (no procesal) algún correo electrónico y número telefónico, para una mejor comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción e copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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