Pablo Mendoza Alvárez

Expediente 525/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
525/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Pablo Mendoza Alvárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen recurrido la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 203, página 23, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Así mismo, la diversa tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, enero de dos mil dieciséis, página 3424, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO SE SOBRESEA RESPECTO DEL ACTO QUE DE ELLA SE RECLAMA. La legitimación para impugnar la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 87 de la ley de la materia, se actualiza en favor de la autoridad responsable únicamente cuando afecta el acto que de ella se reclama, lo que no ocurre cuando se decrete el sobreseimiento respecto de éste. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio. De conformidad con la certificación de cuenta y el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) El presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable. Finalmente, para el caso de que la autoridad responsable se encuentre gozando de periodo vacacional; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanude sus labores, entregue el oficio respectivo, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregado a su receptor.

  2. Principal

    SE DICTA RESOLUCIÓN

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, sin embargo, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia al Titular de este juzgado de Distrito, para ausentarse de sus funciones en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que el Consejo de la Judicatura Federal haya otorgado autorización formal y expresa al secretario encargado del despacho para resolver en definitiva. En consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. (S. J. F., 9ª Época, Tomo V, página 433).

  4. Principal

    Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, entendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se negó el amparo solicitado. c) De conformidad a lo dispuesto en la parte final de la fracción III del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar respecto el acto reclamado; y respecto del duplicado del incidente de suspensión, procédase a la destrucción, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. e) De conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió a la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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