Pablo Neftali Cruz Pedro
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Neftali Cruz Pedro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado de Ejecución Penal sede Tanivet, Oaxaca, y anexo que acompaña, por medio del cual remite copia certificada de las documentales con las que acredita el cumplimiento a la resolución dictada en autos. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso y tercero interesado.
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MESA VI "-...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula,para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para el efecto siguiente: " . Deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar dicte otra, en la que de manera fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción, resuelva lo relativo a la procedencia o no del trámite de la controversia promovida por el quejoso, para gozar del beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico." Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Notifíquese y cúmplase
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MESA VI "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es: La resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el cuaderno de ejecución 214/2021, en la que se negó al quejoso la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir informe justificado, el Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; sin que el quejoso aportara medio de convicción para desvirtuar esa manifestación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. CUARTO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados a la Juez de Ejecución Penal sede Tanivet, Oaxaca, pues así lo expresó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo la autoridad responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitieron las autoridades responsables, las cuales previamente fueron valoradas. 1. Mediante sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 17 a 148 del archivo pdf) por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, dentro de la causa penal 535/2018, se tuvo por acreditado el delito de lesiones culposas, cometido en agravio de Yonatan Sosa Santiago, así como la culpabilidad de Pablo Neftalí Cruz Pedro en su comisión. En consecuencia, el quejoso fue condenado a compurgar la pena de cuatro años de prisión; al pago de la reparación del daño por la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); y de forma abstracta, en lo relativo al concepto de salarios que dejó de percibir la víctima como policía estatal, quedando para la etapa de ejecución se hiciera líquida dicha cantidad. 2. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno (foja 150 del archivo pdf), se acordó la recepción de la resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el toca penal JOTPA/04/2020, derivada del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado contra la sentencia condenatoria de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 535/2018; determinación la primera de las citadas, por la que se confirmó el fallo condenatorio; motivo por el cual, se tuvo por ejecutoriado por ministerio de ley y se ordenó poner al sentenciado a disposición del Juez de Ejecución correspondiente. 3. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno (foja 157 a 163 del archivo pdf), tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, poniendo a su disposición al sentenciado, para efectos de la ejecución técnica de la sentencia condenatoria dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el causa penal 535/2018. Precisó la Juez de Ejecución que la pena impuesta comenzaría a computarse a partir de la fecha en que el sentenciado ingresara al centro de reclusión que determinara. Señaló la Juez que la ejecución de la pena se tramitaría bajo el número de registro de carpeta de ejecución 214/2021. Asimismo, ordenó requerir al sentenciado para que dentro del plazo de diez días compareciera ante el personal del Juzgado para que se internara voluntariamente en el Centro de Reinserción Social correspondiente y compurgara la pena de prisión pendiente de cumplir, apercibiéndolo con librar la correspondiente orden de reaprehensión en caso de no acatar tal requerimiento. También ordenó requerir al sentenciado para que dentro del plazo de cinco días exhibiera la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional), fijada por concepto de reparación del daño; apercibiéndolo que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento económico coactivo. Y ordenó requerir al Ministerio Público para que dentro del plazo de treinta días hábiles, iniciara el incidente de liquidación del monto del pago de la reparación del daño, a cuyo pago fue condenado el sentenciado respecto de los salarios que dejó de percibir la víctima. 4. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se atendió el escrito del sentenciado, mediante el cual, entre otras cosas, manifestó el cumplimiento dado al pago de la reparación del daño; y para acreditarlo exhibió la ficha de depósito que acreditaba el pago por la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); la cual se ordenó remitir al Fondo para la Administración de justicia del Estado, en calidad de depósito a favor de la víctima, para la emisión de los certificados o certificado de depósito respectivo. 5. Por oficio terminación 5098/2021-J, (foja 196 del archivo pdf) de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Juez de Ejecución informó al Director del Centro Penitenciario Varonil con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno libró contra el sentenciado orden de reaprehensión; para que una vez ejecutada, fuera internado en el Centro de Reclusión a su cargo. 6. En auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 205 del archivo pdf), se acordó la recepción del certificado de depósito que amparaba la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del dato a favor de la víctima Además, se atendió el oficio signado por el Director General de Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, por el que informó la anuencia de cupo en el Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. 7. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 210 del archivo pdf), se proveyó el escrito de la víctima y en atención a su contenido, se ordenó hacer efectivo a su favor el pago de la reparación del daño, para lo cual la Juez de Ejecución ordenó girar oficio al Fondo para la Administración de Justicia del Estado, a efecto de que realizara la transferencia electrónica respectiva a la cuenta bancaria proporcionada por el agraviado; lo cual se tuvo por realizado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (foja 235 del archivo pdf). 8. En proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 220 y 221 del archivo pdf), se acordó el oficio 585/2021 signado por los Agentes Estatales de Investigación, por el cual informaron el cumplimiento dado a la orden de reaprehensión librada contra el quejoso; y determinó que a partir del once de agosto de dos mil veintiuno, debería compurgarse la pena de cuatro años de prisión impuesta al quejoso. 9. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 228 y 229 del archivo pdf), se atendió el escrito del quejoso por el cual solicitó se le otorgara un beneficio sustituto de la pena; petición que fue negada por la Juez de Ejecución. 10. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 244 a 248 del anexo pdf), se tuvo al sentenciado solicitando la apertura de controversia de ejecución penal, la cual fue declarada improcedente al no haber ofrecido, de inicio, las pruebas para acreditar los hechos planteados. 11. Por auto de uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 266 a 267 del archivo pdf), se acordó el escrito del sentenciado mediante el cual solicitó la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico, la cual fue desestimada al considerar la Juez de Ejecución no colmados los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues en dicha data aún no cumplía el cincuenta por ciento de la pena de cuatro años a la que había sido condenado. Esta resolución es el acto reclamado. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Refiere el quejoso que no se aplicó el control de constitucionalidad y convencionalidad a su favor. 2. Aduce que las autoridades responsables pretenden privarlo de su libertad personal sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, pues no ha cometido o transgredido una ley de competencia del fuero común o del orden federal. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS, SUPLIDOS EN SU DEFICIENCIA, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), los conceptos de violación sintetizados en el considerando anterior, por las razones que a continuación se precisarán. Se afirma lo anterior, pues la resolución reclamada mediante el cual la la Juez de Ejecución desestimó la controversia planteada por el quejoso a efecto de que se le concediera el beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico, no satisfizo la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues omitió señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para resolver en el sentido en que lo hizo, y en el que se estableciera desde luego una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto, expresando las razones por las que aceptó la competencia planteada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." De la disposición constitucional trascrita se infiere que el referido derecho fundamental obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar. 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legal aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Asimismo, se debe indicar, que el Máximo Tribunal del País ha establecido que el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado además que la determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Bajo tales premisas, la Corte concluyó que las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales deben cumplir con los derechos de debido proceso legal y de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que la fundamentación y motivación de ese tipo de actos se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". Ahora bien, de la lectura del acuerdo reclamado, se desprende que la autoridad indicó, en lo de interés, lo siguiente: "[.] Por otro lado, y en cuanto al contenido del escrito del sentenciado PABLO NEFTALI CRUZ PEDRO, mediante el cual, solicita de nueva cuenta la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico, con base en los hechos y derechos que expone en el mismo, y sus pruebas que aporta; de la lectura integral del dicho escrito, se advierte que se encuentra elaborado en similares términos al diverso escrito que fue proveído el día 24 de noviembre del 2021, en el cual se le dijo entre otras cosas, que por el momento no era procedente la apertura de la controversia planteada sobre el beneficio para otorgarle la libertad condicionada, ya que resultaba improcedente, por no reunir los requisitos que el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal exige, esencialmente al ser evidente que no cumple con el requisito de temporalidad para que proceda dicho beneficio, ello es así, ya que si fue privado de su libertad el día 11 de agosto de 2021, actualmente a la fecha (01 de marzo de 2022), lleva privado de su libertad 06 meses 23 días, siendo un requisito que esta Juzgadora está obligada a analizar, sobre el tiempo que lleva privado de la libertad, el mismo aun no corresponde al 50% de la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, requisito sine quanom, que necesariamente debe cumplir entre todos los demás que exige dicho precepto legal. En ese sentido, no es procedente la apertura de tal controversia, y se exhorta a la defensa privada para que asesore a su defendido de acuerdo a las reglas y principios que rigen este sistema de ejecución penal. [.]." Así, del contenido del proveído reclamado, se aprecia que la Juez de Ejecución negó al quejoso tramitar la controversia sobre el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electónico, pues consideró que el sentenciado no cumplió con el requisito de temporalidad previsto en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en que hubiera compurgado el cincuenta por ciento de la pena impuesta; la cual dijo, que al haber sido de cuatro años de prisión, y comenzar a compurgarse apartir del once de agosto de dos mil veintiuno; a la fecha en que se dictó el acuerdo reclamado, sólo llevaba privado de su libertad seis meses y veintitrés días. Ahora, el artículo 137, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece: "Arti´culo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada Para la obtencio´n de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez debera´ observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: [.] VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena trata´ndose de delitos dolosos. [.]." Del contenido del precepto transcrito, se deduce que uno de los requisitos necesarios para que se otorgue el beneficio de la libertad condicionada, es que se haya compurgado la mitad de la pena, siempre que el delito por el que se hubiera emitido la condena se hubiera cometido de manera dolosa. Así, en el caso, del contenido de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dictada en la causa penal 535/2018, se tuvo por acreditado el delito de lesiones culposas, cometido en agravio de Yonatan Sosa Santiago, así como la culpabilidad de Pablo Neftalí Cruz Pedro en su comisión. Resolución en la que el quejoso fue condenado a compurgar la pena de cuatro años de prisión; y al pago de la reparación del daño por la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); y de forma abstracta, en lo relativo al concepto de salarios que dejó de percibir la víctima como policía estatal, quedando para la etapa de ejecución se hiciera líquida dicha cantidad. Determinación confirmada mediante resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el toca penal JOTPA/04/2020. Sin embargo, la autoridad responsable al emitir el acuerdo reclamado, no satisfizo la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional a la fundamentación y motivación, concretamente que exista adecuación entre el precepto legal que en su caso se invoque como sustento legal del acto reclamado; y las razones por las que se estima procedente su aplicación al caso. Lo anterior, pues del contenido de la resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, si bien se advierte que la responsable resolvió improcedente tramitar la controversia promovida por el sentenciado para que se le otorgara el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electónico, lo hizo con base en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aduciendo que el quejoso no cumplió con el requisito de temporalidad, pues aún no compurgaba el cincuenta por ciento de la penal impuesta. Argumento que no resulta congruente con el contenido de la fracción VII del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone para la procedencia del beneficio de libertad condicionada, el cumplimiento de la mitad de la pena, siempre que la condena hubiera sido respecto de un delito doloso, lo que en la especie no acontece, pues el quejoso fue condenado en virtud de haberse demostrado su intervención en la comisión del delito de lesiones culposas. De modo que, al no existir congruencia entre el fundamento legal invocado por la autoridad responsable y los motivos en que basó la determinación reclamada, deviene violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, consagrados en el artículo 16 constitucional. En esas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por Pablo Neftalí Cruz Pedro, contra actos de la Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, consistente en la resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el cuaderno de ejecución 214/2021, en la que se negó al quejoso la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra, en la que de manera fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción, resuelva lo relativo a la procedencia o no del trámite de la controversia promovida por el quejoso, para gozar del beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ...contra actos del Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... contra actos de la Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula; y del Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, ambos del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; y personalmente a las demás partes.
- Principal
MESA VI "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es: La resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el cuaderno de ejecución 214/2021, en la que se negó al quejoso la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir informe justificado, el Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; sin que el quejoso aportara medio de convicción para desvirtuar esa manifestación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. CUARTO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados a la Juez de Ejecución Penal sede Tanivet, Oaxaca, pues así lo expresó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo la autoridad responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitieron las autoridades responsables, las cuales previamente fueron valoradas. 1. Mediante sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 17 a 148 del archivo pdf) por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, dentro de la causa penal 535/2018, se tuvo por acreditado el delito de lesiones culposas, cometido en agravio de Yonatan Sosa Santiago, así como la culpabilidad de Pablo Neftalí Cruz Pedro en su comisión. En consecuencia, el quejoso fue condenado a compurgar la pena de cuatro años de prisión; al pago de la reparación del daño por la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); y de forma abstracta, en lo relativo al concepto de salarios que dejó de percibir la víctima como policía estatal, quedando para la etapa de ejecución se hiciera líquida dicha cantidad. 2. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno (foja 150 del archivo pdf), se acordó la recepción de la resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el toca penal JOTPA/04/2020, derivada del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado contra la sentencia condenatoria de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 535/2018; determinación la primera de las citadas, por la que se confirmó el fallo condenatorio; motivo por el cual, se tuvo por ejecutoriado por ministerio de ley y se ordenó poner al sentenciado a disposición del Juez de Ejecución correspondiente. 3. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno (foja 157 a 163 del archivo pdf), tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, poniendo a su disposición al sentenciado, para efectos de la ejecución técnica de la sentencia condenatoria dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el causa penal 535/2018. Precisó la Juez de Ejecución que la pena impuesta comenzaría a computarse a partir de la fecha en que el sentenciado ingresara al centro de reclusión que determinara. Señaló la Juez que la ejecución de la pena se tramitaría bajo el número de registro de carpeta de ejecución 214/2021. Asimismo, ordenó requerir al sentenciado para que dentro del plazo de diez días compareciera ante el personal del Juzgado para que se internara voluntariamente en el Centro de Reinserción Social correspondiente y compurgara la pena de prisión pendiente de cumplir, apercibiéndolo con librar la correspondiente orden de reaprehensión en caso de no acatar tal requerimiento. También ordenó requerir al sentenciado para que dentro del plazo de cinco días exhibiera la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional), fijada por concepto de reparación del daño; apercibiéndolo que de no hacerlo, se iniciaría el procedimiento económico coactivo. Y ordenó requerir al Ministerio Público para que dentro del plazo de treinta días hábiles, iniciara el incidente de liquidación del monto del pago de la reparación del daño, a cuyo pago fue condenado el sentenciado respecto de los salarios que dejó de percibir la víctima. 4. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se atendió el escrito del sentenciado, mediante el cual, entre otras cosas, manifestó el cumplimiento dado al pago de la reparación del daño; y para acreditarlo exhibió la ficha de depósito que acreditaba el pago por la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); la cual se ordenó remitir al Fondo para la Administración de justicia del Estado, en calidad de depósito a favor de la víctima, para la emisión de los certificados o certificado de depósito respectivo. 5. Por oficio terminación 5098/2021-J, (foja 196 del archivo pdf) de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Juez de Ejecución informó al Director del Centro Penitenciario Varonil con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno libró contra el sentenciado orden de reaprehensión; para que una vez ejecutada, fuera internado en el Centro de Reclusión a su cargo. 6. En auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 205 del archivo pdf), se acordó la recepción del certificado de depósito que amparaba la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del dato a favor de la víctima Además, se atendió el oficio signado por el Director General de Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, por el que informó la anuencia de cupo en el Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. 7. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 210 del archivo pdf), se proveyó el escrito de la víctima y en atención a su contenido, se ordenó hacer efectivo a su favor el pago de la reparación del daño, para lo cual la Juez de Ejecución ordenó girar oficio al Fondo para la Administración de Justicia del Estado, a efecto de que realizara la transferencia electrónica respectiva a la cuenta bancaria proporcionada por el agraviado; lo cual se tuvo por realizado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (foja 235 del archivo pdf). 8. En proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 220 y 221 del archivo pdf), se acordó el oficio 585/2021 signado por los Agentes Estatales de Investigación, por el cual informaron el cumplimiento dado a la orden de reaprehensión librada contra el quejoso; y determinó que a partir del once de agosto de dos mil veintiuno, debería compurgarse la pena de cuatro años de prisión impuesta al quejoso. 9. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 228 y 229 del archivo pdf), se atendió el escrito del quejoso por el cual solicitó se le otorgara un beneficio sustituto de la pena; petición que fue negada por la Juez de Ejecución. 10. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 244 a 248 del anexo pdf), se tuvo al sentenciado solicitando la apertura de controversia de ejecución penal, la cual fue declarada improcedente al no haber ofrecido, de inicio, las pruebas para acreditar los hechos planteados. 11. Por auto de uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 266 a 267 del archivo pdf), se acordó el escrito del sentenciado mediante el cual solicitó la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico, la cual fue desestimada al considerar la Juez de Ejecución no colmados los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues en dicha data aún no cumplía el cincuenta por ciento de la pena de cuatro años a la que había sido condenado. Esta resolución es el acto reclamado. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. .... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Refiere el quejoso que no se aplicó el control de constitucionalidad y convencionalidad a su favor. 2. Aduce que las autoridades responsables pretenden privarlo de su libertad personal sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, pues no ha cometido o transgredido una ley de competencia del fuero común o del orden federal. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS, SUPLIDOS EN SU DEFICIENCIA, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), los conceptos de violación sintetizados en el considerando anterior, por las razones que a continuación se precisarán. Se afirma lo anterior, pues la resolución reclamada mediante el cual la la Juez de Ejecución desestimó la controversia planteada por el quejoso a efecto de que se le concediera el beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico, no satisfizo la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues omitió señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para resolver en el sentido en que lo hizo, y en el que se estableciera desde luego una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto, expresando las razones por las que aceptó la competencia planteada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." De la disposición constitucional trascrita se infiere que el referido derecho fundamental obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar. 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legal aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Asimismo, se debe indicar, que el Máximo Tribunal del País ha establecido que el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado además que la determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Bajo tales premisas, la Corte concluyó que las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales deben cumplir con los derechos de debido proceso legal y de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que la fundamentación y motivación de ese tipo de actos se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". Ahora bien, de la lectura del acuerdo reclamado, se desprende que la autoridad indicó, en lo de interés, lo siguiente: "[.] Por otro lado, y en cuanto al contenido del escrito del sentenciado PABLO NEFTALI CRUZ PEDRO, mediante el cual, solicita de nueva cuenta la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico, con base en los hechos y derechos que expone en el mismo, y sus pruebas que aporta; de la lectura integral del dicho escrito, se advierte que se encuentra elaborado en similares términos al diverso escrito que fue proveído el día 24 de noviembre del 2021, en el cual se le dijo entre otras cosas, que por el momento no era procedente la apertura de la controversia planteada sobre el beneficio para otorgarle la libertad condicionada, ya que resultaba improcedente, por no reunir los requisitos que el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal exige, esencialmente al ser evidente que no cumple con el requisito de temporalidad para que proceda dicho beneficio, ello es así, ya que si fue privado de su libertad el día 11 de agosto de 2021, actualmente a la fecha (01 de marzo de 2022), lleva privado de su libertad 06 meses 23 días, siendo un requisito que esta Juzgadora está obligada a analizar, sobre el tiempo que lleva privado de la libertad, el mismo aun no corresponde al 50% de la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, requisito sine quanom, que necesariamente debe cumplir entre todos los demás que exige dicho precepto legal. En ese sentido, no es procedente la apertura de tal controversia, y se exhorta a la defensa privada para que asesore a su defendido de acuerdo a las reglas y principios que rigen este sistema de ejecución penal. [.]." Así, del contenido del proveído reclamado, se aprecia que la Juez de Ejecución negó al quejoso tramitar la controversia sobre el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electónico, pues consideró que el sentenciado no cumplió con el requisito de temporalidad previsto en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en que hubiera compurgado el cincuenta por ciento de la pena impuesta; la cual dijo, que al haber sido de cuatro años de prisión, y comenzar a compurgarse apartir del once de agosto de dos mil veintiuno; a la fecha en que se dictó el acuerdo reclamado, sólo llevaba privado de su libertad seis meses y veintitrés días. Ahora, el artículo 137, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece: "Arti´culo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada Para la obtencio´n de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez debera´ observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: [.] VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena trata´ndose de delitos dolosos. [.]." Del contenido del precepto transcrito, se deduce que uno de los requisitos necesarios para que se otorgue el beneficio de la libertad condicionada, es que se haya compurgado la mitad de la pena, siempre que el delito por el que se hubiera emitido la condena se hubiera cometido de manera dolosa. Así, en el caso, del contenido de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dictada en la causa penal 535/2018, se tuvo por acreditado el delito de lesiones culposas, cometido en agravio de Yonatan Sosa Santiago, así como la culpabilidad de Pablo Neftalí Cruz Pedro en su comisión. Resolución en la que el quejoso fue condenado a compurgar la pena de cuatro años de prisión; y al pago de la reparación del daño por la cantidad de $262,931.40 (doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); y de forma abstracta, en lo relativo al concepto de salarios que dejó de percibir la víctima como policía estatal, quedando para la etapa de ejecución se hiciera líquida dicha cantidad. Determinación confirmada mediante resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el toca penal JOTPA/04/2020. Sin embargo, la autoridad responsable al emitir el acuerdo reclamado, no satisfizo la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional a la fundamentación y motivación, concretamente que exista adecuación entre el precepto legal que en su caso se invoque como sustento legal del acto reclamado; y las razones por las que se estima procedente su aplicación al caso. Lo anterior, pues del contenido de la resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, si bien se advierte que la responsable resolvió improcedente tramitar la controversia promovida por el sentenciado para que se le otorgara el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electónico, lo hizo con base en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aduciendo que el quejoso no cumplió con el requisito de temporalidad, pues aún no compurgaba el cincuenta por ciento de la penal impuesta. Argumento que no resulta congruente con el contenido de la fracción VII del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone para la procedencia del beneficio de libertad condicionada, el cumplimiento de la mitad de la pena, siempre que la condena hubiera sido respecto de un delito doloso, lo que en la especie no acontece, pues el quejoso fue condenado en virtud de haberse demostrado su intervención en la comisión del delito de lesiones culposas. De modo que, al no existir congruencia entre el fundamento legal invocado por la autoridad responsable y los motivos en que basó la determinación reclamada, deviene violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, consagrados en el artículo 16 constitucional. En esas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por Pablo Neftalí Cruz Pedro, contra actos de la Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, consistente en la resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el cuaderno de ejecución 214/2021, en la que se negó al quejoso la apertura de controversia de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra, en la que de manera fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción, resuelva lo relativo a la procedencia o no del trámite de la controversia promovida por el quejoso, para gozar del beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ...contra actos del Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... contra actos de la Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula; y del Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, ambos del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; y personalmente a las demás partes. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE TERCERA INTERESADA EN TERMINOS DE LEY
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