Pablo Cataneo Perez

Expediente 11/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
11/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Pablo Cataneo Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso en concreto, el quejoso reclamó a la autoridad responsable: "La omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 958/2018(4), derivado de la audiencia celebrada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve". Ahora bien, por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pablo Cataneo Pérez, para que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "[.] a) Dentro del plazo de diez días hábiles, elabore, discuta, apruebe y engrose el laudo del juicio laboral 958/2018 (4) y, b) Remita copia certificada de dicha resolución [.]" En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, toda vez que por oficio 1951/2022, de veinticinco de marzo del año en curso, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y recibido en este Juzgado el veinticinco de mayo del año en curso, mismo que fue acordado el veintiséis siguiente, mediante el cual, remitió las siguientes documentales: - Copia certificada del laudo dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 958/2018(4), emitido por los Miembros que integran la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. - Copia certificada de las razones de notificación realizadas a las partes contendientes del juicio laboral 958/2018(4), Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad cumplió con los lineamientos ordenados en la sentencia concesoria del amparo, al emitir el laudo del juicio laboral 958/2018(4) dentro de los plazos señalados y remitió copia certificada de las constancias correspondientes con las que acreditó su actuar en el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) este expediente se tramitó sin incidente de suspensión; c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MESA VII"... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite copia certificada de las constancias con las que manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se instruye al Actuario encargado de realizar las notificaciones de este expediente, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto. Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 moneda nacional (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Se instruye al Actuario a quien corresponde realizar las notificaciones de este expediente, para que el oficio dirigido a la citada responsable, lo envíe al correo electrónico juntaespecialdeoaxaca4@gmail.com, asimismo vincule al expediente electrónico la constancia de notificación correspondiente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 11/2022 promovido por PABLO CATANEO PEREZ, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado en esa misma fecha, el citado quejoso, en su calidad de parte actora en el juicio natural, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad referida de quienes reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 958/2018 [.]." Actos que el quejoso señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 885 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de cinco de enero de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa y a la autoridad responsable, cumplida la prevención en diverso proveído de diecisiete de enero del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se designó como tercero interesado a los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, quien no se apersonó a juicio, a pesar de haber quedado legalmente notificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 958/2018 del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, Pablo Cataneo Pérez y otra, demandaron, en la vía ordinaria laboral, a los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, entre otras prestaciones, el cumplimiento de la fracción IV del artículo 77 de las Condiciones Generales del Trabajo aplicable a los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, el pago de una prima dominical de acuerdo a su jornada especial de trabajo, el pago por triplicado de los días de descanso obligatorio, el pago extra ordinario de los días festivos y el respeto y estabilidad de su jornada laboral. 2. En auto de trece de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda en la vía especial laboral, señalándose fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. 3. El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y pruebas, asimismo con fundamento en el artículo 895, fracción IV en relación con el numeral 885, segundo párrafo, de la Ley Federal de Trabajo, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose remitir los autos para la emisión del proyecto de resolución, en forma de laudo, dentro del término que marca la ley. 4. Sin que de las constancias se advierta la emisión del laudo respectivo en el expediente 958/2018 del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los siguientes conceptos de violación: 1. Que la junta responsable deja de aplicar de manera correcta las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16, así como la garantía que tenemos todos los individuos a tener una justicia pronta y expedita, contemplada en el artículo 17 segundo párrafo de nuestra Constitución Federal y los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 2. Que La Autoridad ahora responsable, se excede en sus facultades, extralimitándose en el tiempo que ha dejado transcurrir, sin emitir el laudo respectivo, pues han pasado casi tres años, situación que es contraria a derecho, al dejar de cumplir con una obligación que le impone tanto la Carta Magna como la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, pues se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 17 Constitucional. En dicho artículo 17 de la Constitución Federal, se establece el derecho humano relativo a la impartición de justicia, entre cuyos atributos, está el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de acuerdo con el citado artículo constitucional, la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Sobre el particular, los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que inició el procedimiento, aplicables al caso, en términos del artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, disponen. "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Como se ve, de los citados numerales se advierte. 1. En el proceso laboral las juntas tendrán la obligación de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. 2. Que el proceso se desarrollará en los términos señalados en la ley; asimismo, que la junta ordenará se corrija cualquier irregularidad u omisión. 3. Una vez concluido el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. 4. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. 5. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 6. Transcurrido dicho término concedido a los integrantes de la Junta o desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 7. Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta (artículo 889). 8. Engrosado el laudo, el secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes (artículo 890). De esta sinopsis, se colige que una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, lo que no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales. Conforme a lo anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. Como se dijo, en el caso son fundados los conceptos de violación, ya que conforme a lo manifestado por la pare quejosa, en el expediente laboral 958/2018, la responsable, desde el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, declaró cerrado la instrucción el dicho expediente y lo turnó al auxiliar dictaminador para que se emitirá el proyecto de resolución en forma de laudo; esto es, hace ya más de tres años, sin que a la fecha se pronunciara al respecto y emitiera el laudo correspondiente; de lo que se advierte una abierta dilación en la administración de justicia. Lo que se corrobora con las constancias que la responsable remitió como apoyo a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior sin que esa autoridad del trabajo vigilara se diera cumplimiento a tal normativa, lo que es contrario a los principios de economía y sencillez que rigen al procedimiento laboral, pues ello impide la continuación de las restantes etapas del procedimiento. Sin que sea óbice a lo anterior, la emergencia sanitaria que se vive en el país, pues se insiste, ese auto donde se declaró cerrado la instrucción el dicho expediente y lo turnó al auxiliar dictaminador para que se emitirá el proyecto de resolución en forma de laudo, se emitió desde el veintinueve de enero de dos mil diecinueve; además de que al no ser necesaria diligencia alguna con presencia de las partes, la Junta no estaba eximida de vigilar se formulara el proyecto de resolución en forma de laudo, y en su caso, emitir las medidas necesarias para que también se dictara el laudo. De ahí que, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección, al existir violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y con objeto de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, procede CONCEDER EL AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: a) Dentro del plazo de diez días hábiles, elabore, discuta, apruebe y engrose el laudo del juicio laboral 958/2018 (4) y, b) Remita copia certificada de dicha resolución. Tiene aplicación la tesis I.3º.T.18 L, consultable en la página tres mil doscientos veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dos, enero de dos mil catorce, tomo IV, registro 2005301, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. SI LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE CONCEDE POR DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONSIDERAR LA NATURALEZA DE ÉSTAS PARA ESTABLECER UN TÉRMINO PRUDENTE PARA SU CUMPLIMIENTO. Cuando en un juicio de amparo indirecto se concede la protección de la Justicia Federal por dilaciones procesales hasta lograr la emisión del laudo, los efectos de dicha concesión deben atender a la naturaleza de las violaciones reclamadas, para poder establecer un término prudente para el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, si el Juez Federal requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído cumplieran con la sentencia de amparo, ello torna jurídica y materialmente imposible el cumplimiento de la sentencia protectora dentro del plazo exigido. Esto es así, porque los términos consignados en cada etapa del procedimiento laboral son incompatibles con los tres días otorgados para acatar el fallo protector; en consecuencia, cuando la concesión del amparo abarca una serie de actos procesales que deben ser agotados consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente sino hasta que se culmine con el anterior, hasta lograr la emisión del laudo, debe considerarse esa circunstancia, para que el Juez de amparo precise el término prudente que debe otorgar en el requerimiento que se formule a la autoridad para cumplimentar la ejecutoria, atendiendo a los efectos para los que se concedió el amparo y a la complejidad de su acatamiento, pudiendo servir de parámetro para delimitarlo, el estado procesal del juicio de origen y los términos procesales que la legislación laboral impone para el desarrollo del procedimiento, ello conforme al artículo 77, fracción II, en relación con los diversos 192, último párrafo y 211, párrafo tercero, de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a PABLO CATANEO PEREZ, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante DEMNIS MERLIN ROBLES, Secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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