Pablo Linares Gaspar
Expediente 1089/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Linares Gaspar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo a que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el Artículo 2° de la Ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia, en la que en su ÚNICO punto resolutivo se concedió el AMPARO y PROTECCIÓN de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en el fallo protector se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, en los siguientes términos: "30. Las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, de inmediato deberán continuar con el procedimiento de inscripción respecto a las solicitudes ********************, hasta la entrega del título correspondiente, siempre y cuando no exista impedimento legal para ello." En tal virtud, requiérase a las autoridades Encargada de La Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, Director General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe ambos de del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibidas que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado, se les impondrá multa de cien a mil Unidades de Medidas y Actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE. (....)
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1089/2023-IV, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El seis de abril de dos mil veintitrés, el secretario de guardia adscrito a este órgano jurisdiccional, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra y su ejecución. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo La demanda por razón de turno correspondió a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, por lo que, en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1089/2023-IV, se ordenó su admisión, así como dar trámite al incidente de suspensión por cuerda separada. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción; se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables; y finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, en virtud de que se reclama una resolución que debe ejecutarse en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra y su ejecución. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las siguientes autoridades responsable se pronunciaron en los términos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO REGISTRO Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación. NIEGA 5225 2. Director de la Policía Municipal de Mérida NIEGA 5236 3. Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. NIEGA 5239 4. Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. NIEGA 5348 5. Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. NIEGA 5352 6. Fiscal General del Estado de Yucatán NIEGA 5350 7. Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. NIEGA 5273 8. Comandante de Aprehensiones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y Custodia de la Policía Estatal de Investigación NIEGA 5498 En ese sentido, ante la negativa de las autoridades 6responsables, correspondía a la parte quejosa ofrecer alguna prueba para desvirtuarla, lo cual no aconteció. No se desatiende que Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral mencionó en su informe que al quejoso se le inició la carpeta administrativa ******************** de su índice por el delito de robo calificado cometido con violencia en pandilla, en donde en audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se declaró sustraído de la acción de la justicia, sin embargo, señaló que no se ha dictado orden de aprehensión, detención así como cualquier otro acto privativo de libertad, de ahí que es sea inexistentes los actos respecto de dicha autoridad. En consecuencia, al no existir los actos reclamados a las aludidas responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de nueve de marzo de la presente anualidad; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que en el presente asunto se encuentran involucrados intereses del infante *** de identidad reservada, por lo que resulta necesario sea representado de en el asunto que nos ocupa, no solo formal, sino también materialmente; es decir, en forma efectiva, por un tutor especial, como lo dispone el artículo 8° de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues de una interpretación extensiva del citado precepto, de su texto subyace la intención del legislador de que se provea al menor una representación efectiva, obliga a este Juzgador a obrar en consecuencia a un representante especial que represente efectivamente al niño quejoso. Así, con el fin de que, además de la representación que le asiste por su progenitora, tenga oportunidad de contar con la ayuda idónea que coadyuve a la defensa adecuada de sus derechos humanos. Por tanto, para no dejar en indefensión y en atención al interés superior del niño, se considera necesario designar como representante especial del niño *** de identidad reservada, para que intervenga en este juicio a un asesor jurídico de la DEFENSORÍA PUBLICA FEDERAL, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a efecto de que el derecho del niño se encuentre legalmente representado, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, proponga a un asesor jurídico federal a su digno cargo, que pueda fungir como representante especial en este juicio del referido niño, a efecto de que se le designe, haciéndole saber su nombramiento y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo; debiendo adjuntarle copia del escrito de demanda. Finalmente, para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de junio de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
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