Pablo Ezequiel Caballero Alvarado

Expediente 2356/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2356/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Pablo Ezequiel Caballero Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2356/2023, promovido por ***, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. (...) CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: I. EXPRESAMENTE LA SOLICITE EL QUEJOSO. Este requisito se encuentra colmado. En efecto, la parte solicitante del amparo pidió la protección constitucional y, a continuación, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DEL ACTO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, ya que como se señaló en párrafos precedentes, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos combatidos, por lo que se tuvieron por plenamente probados para el único efecto de resolver la suspensión definitiva. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito resolutor considera que, de ser procedente, la suspensión del acto reclamado no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, así como tampoco se contraviene lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados provienen de un procedimiento en materia de trabajo, es decir, se trata de una contienda entre particulares. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO BAJO LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social pues, por el contrario, de no concederse la suspensión se transgredirían derechos de la parte quejosa, en razón de que como se expuso en párrafos precedentes, los actos reclamados provienen de un procedimiento en materia de trabajo, es decir se trata de un asunto entre particulares. A. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR EL MONTO PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR. Ahora bien, atendiendo a que de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo, se debe garantizar la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente; por tanto, se niega la suspensión definitiva hasta por el monto correspondiente a seis meses de salario de la parte obrera, que se estima son suficientes para garantizar su subsistencia, mientras se tramita y resuelve el presente juicio de amparo. Lo que se traduce en que, una vez que la junta responsable realice el cálculo aritmético de la cantidad correspondiente a la subsistencia de los trabajadores, ésta puede ser ejecutar el laudo por dichas cantidades. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 12/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995, visible a página 291, del rubro siguiente: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CALCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTIAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES." Así como la diversa jurisprudencia 4a./J. 13/90 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, visible a página 249, del rubro: "SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO." B. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO TENDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. Por otra parte, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en el artículo 190, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, solicitada por los quejosos para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se siga ejecutando el laudo emitido en el juicio laboral 1074/2019, en contra de la parte quejosa, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal de donde deriva el presente incidente de suspensión. Lo anterior, única y exclusivamente en lo que exceda del término de seis meses del salario diario del trabajador tercero interesado, cálculo aritmético que deberá realizar la autoridad laboral responsable por lo que respecta al trabajador; esto, tomando en consideración que conforme a las cargas de trabajo de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados del Décimo Cuarto Circuito, el tiempo que transcurre para la resolución de un asunto, incluyendo la tramitación del recurso de revisión, es en promedio de seis meses. Además, la suspensión así concedida no podrá tener por efecto suspender el procedimiento laboral de ejecución de origen, dado que la continuación de los procedimientos constituye una cuestión de orden público, como lo dispone el artículo 150 de la Ley de Amparo. GARANTÍA. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtir los si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de $35,636.12 (treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos con doce centavos, moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios que con tal medida se le puedan ocasionar, derivado de la dilación en el cumplimiento de las obligaciones impuestas al aquí quejoso en el juicio de origen; es decir, a la afectación directa a los bienes o derechos que se traduzcan en un daño a su patrimonio, mientras se resuelva el juicio principal. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: (.) A fin de calcular la garantía, se fija como base la cantidad de $423,331.88 M.N. (son: cuatrocientos veintitrés mil trescientos treinta y un pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), que resultó de la suma de los conceptos a que fue condenado el hoy quejoso en el proyecto de laudo de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, emitido por la Junta responsable, en autos del juicio laboral número 1074/2019 de su índice, el cual fue elevado a categoría de laudo el nueve de febrero de dos mil veintidós, según se desprende del oficio que en esta propia fecha se agrega, remitido por el Presidente de dicha junta, al cual adjuntó copia certificada del citado laudo, cantidad que se condenó por cada trabajador. En ese tenor, la cantidad de $17,818.06 (diecisiete mil ochocientos dieciocho pesos con seis centavos, moneda nacional), cantidad que se debe multiplicar por dos, pues corresponde a cada trabajador (2), dando un total $35,636.12 (treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos con doce centavos, moneda nacional), de se obtuvo de las operaciones aritméticas siguientes: Se multiplico la cantidad base antes referida, por la tasa de inflación mensual del Índice de Nacional de Precios al Consumidor (0.38%), que se multiplicó nuevamente por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio principal). Cabe señalar que el porcentaje inflacionario nacional es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica http://www.inegi.org.mx; tales operaciones, dan como resultado la cantidad, de $9,651.96 (nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con noventa y seis centavos, moneda nacional), por concepto de daños. A ello se suma el diverso monto, que corresponde al resultado de la multiplicación de la cantidad base, por la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (11.5032%), entre doce (para obtener la cantidad mensual), y por los seis meses que se estima que podría durar este juicio de amparo, y que corresponde a los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio los inmuebles que en esta vía se defienden, dando como resultado la cantidad de $8,116.10 (ocho mil ciento dieciséis pesos con diez centavos, moneda nacional). Es necesario precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México http://www.bancxico.org.mx. En la inteligencia de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre de la parte quejosa (depositante), 2. Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía, 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía, 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía, 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ***, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando, aparto A de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a *** la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando, aparto B de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. (...) CÚMPLASE.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ***, autorizado en términos amplios del quejoso, y en atención a su contenido, toda vez que el usuario "**" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano