Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez
Expediente 916/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 220/2023-VIII, promovido por Cecilia Escobar Meléndez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- la demanda de amparo presentada por Cecilia Escobar Meléndez; 2.- auto admisorio de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; 3.- pedimento 9/2023 del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; 4.- auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el cual, a petición del autorizado de la parte quejosa, se solicitó al Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, informara los nombres de los elementos de dicha corporación que laboraron el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; 5.- acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés, por el cual se recibió el oficio del Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, por el cual remitió la lista de los elementos que laboraron el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y con lo que se dio vista a la parte quejosa para que señalara el nombre de los policías a quienes atribuye el carácter de autoridades responsables; 6.- acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se dejaron de tener como autoridades responsables a las designadas como "Dos Elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala de lo que se ignoran sus nombres pero participaron en la privación de la libertad de la aquí quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés" y "Dos elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, de los que se ignoran sus nombres pero estaban de guardia en las oficinas de Seguridad Pública y Vialidad en el Municipio de Teolocholco, Tlaxcala" y 7.- informes justificados rendidos por las autoridades responsables, 1Presidente Municipal; 2Director de Seguridad Pública y Vialidad; 3Comandante de Seguridad Pública y Vialidad; 4Melesio Atriano Rodríguez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad; 5Adriana Espinoza Pérez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad y 6Doctora Blanca María Pérez Barragán, todos del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. De igual forma, en este actos se da cuenta a la Juez con los escritos suscritos por las autoridades responsables 1Presidente Municipal, 2Director de Seguridad Pública y Vialidad, 3Doctora de la Unidad Básica de Rehabilitación, 4Comandante de Seguridad Pública y Vialidad, 5Melesio Atriano Rodríguez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad, 6Adriana Espinoza Perez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, registrados con el número de folio 12527, 12528, 12529, 12530, 12531 y 12532. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado y que en el presente asunto no existe tercero interesado. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De igual forma, agréguense a sus autos los escritos de las autoridades responsables presentados en esta misma fecha, por lo cuales ofrecen pruebas y formulan alegatos, sin perjuicio de relacionar dichos ocursos en los períodos correspondientes en esta audiencia constitucional. Se precisa que en el caso no se actualiza la figura del tercero interesado, por no surtirse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que las autoridades responsables ofrecieron las siguientes documentales en copia certificada: 1.- nombramientos y credenciales para votar de los servidores públicos que cuentan con el carácter de autoridades responsables; 2.- parte de novedades de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés rendido por todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala; 3.- puesta a disposición e informe policial homologado de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés suscrito por Adriana Pérez Espinoza y Melesio Atriano Rodríguez, Policías Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala; resguardo de pertenencias de la persona asegurada Cecilia Escobar Meléndez; certificado médico emitido por la Doctora Blanca María Pérez Barragán; ficha técnica de la detenida; acta de lectura de derechos; Clave Única de Registro de Población de la detenida Cecilia Escobar Meléndez; folio del Registro Nacional de Detención y credenciales de los elementos policíacos que intervinieron en la puesta a disposición; 4.- tarjeta Informativa DSPMT/122/2022 de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, suscrita por Adriana Espinoza Pérez y Melesio Atriano Rodríguez, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala; receta médica extendida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés por la Doctora Blanca María Pérez Barragán; certificado médico emitido por dicha profesionista y practicado a Adriana Espinoza Pérez; apéndice fotográfico e identificación de la persona asegurada y 5.- hoja de fatiga de servicio de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Además, en el escrito de cuenta, las responsables ofrecieron como prueba la instrumental de actuaciones. De igual forma, se invoca como hecho notorio, que el autorizado de la quejosa Cecilia Escobar Meléndez, dentro del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ofreció como pruebas las siguientes: 1.- copia autentificada de la carpeta de investigación UITLAXD-1/70/2023 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y 2.- el registro del audio y video de la audiencia inicial de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés en la causa judicial 125/2023 del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza; asimismo, se ordena traer a la vista para resolver el presente asunto, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló alegatos mediante pedimento 9/2023, y las autoridades responsables los realizaron en escrito presentado en esta fecha, en tanto que la parte quejosa no hizo valer tal derecho. Atento a ello, Juez acuerda: Ténganse por formulados los alegatos formulados por la fiscalía y las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 220/2023-VIII, promovido por Cecilia Escobar Meléndez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, Cecilia Escobar Meléndez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA - Presidente Municipal de Teolocholco, Tlaxcala. EJECUTORAS - Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Comandante de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Adriana Espinoza Pérez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Melesio Atriano Rodríguez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco. Tlaxcala. Dos elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, que participaron en la privación de la libertad de la quejosa. Dos elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, que estuvieron de guardia en las oficinas de dicha dependencia. Doctora Blanca María Pérez Barragán adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: La privación de la libertad ocurrida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. La incomunicación sufrida en las instalaciones de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Los actos de tortura durante su aseguramiento y en las mencionadas instalaciones. Las afirmaciones contenidas en el certificado médico extendido por la Doctora Blanca María Pérez Barragán adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. La posible orden de detención señalada en su contra y su ejecución. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 13). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento (fojas 14 a 18 y 35 a 38). Posteriormente, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, a petición del autorizado de la parte quejosa, se solicitó al Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, informara los nombres de los elementos de dicha corporación que laboraron el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (fojas 45 a 47). Atento a lo anterior, en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés se recibió el oficio del Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, por el cual remitió la información solicitada y con el que se dio vista a la parte quejosa para que señalara el nombre de los policías a quienes atribuye el carácter de autoridades responsables. Al no haber cumplido con lo anterior, en acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés se dejaron de tener como autoridades responsables a las siguientes: Dos Elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala de lo que se ignoran sus nombres pero participaron en la privación de la libertad de la aquí quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Dos elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, de los que se ignoran sus nombres pero estaban de guardia en las oficinas de Seguridad Pública y Vialidad en el Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo, así como las constancias que integran este juicio, se advierte que la quejosa reclama: 1.- La posible orden de detención dictada en su contra y su ejecución. 2.- La privación de la libertad ocurrida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés por parte de elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala 3.- La incomunicación y tortura a la que fue sometida al momento de su aseguramiento y en las instalaciones de dicha dependencia. 4.- El certificado médico extendido por la Doctora Blanca María Pérez Barragán, adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. TERCERO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, la suscrita juzgadora estima oportuno realizar una breve reseña de los antecedentes que tienen relación con lo combatido por la quejosa, lo cual se advierte de las pruebas anexas a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como de la copia autentificada de la carpeta de investigación UITLAXD-1/70/2023 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y registro de la audiencia inicial celebrada en la causa judicial 125/2023, aportadas por el autorizado de la impetrante: 1.- El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, Adriana Espinoza Pérez y Melesio Atriano Rodríguez, elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Teolocholco, Tlaxcala, suscribieron el informe policial homologado contenido en la puesta a disposición presentada ante el Agente del Ministerio Público, toda vez que ese día, aproximadamente a las doce horas con cuatro minutos, fueron informados por vía radio que debían presentarse en la calle Matamoros del referido Municipio, a la altura de una fonda, toda vez que dos personas del sexo femenino agredían físicamente a dos sujetos y a otra mujer, por lo que al acudir a ese sitio, los abordó Lucila Consuelo Peto López, quien les informó que momentos antes estaba con su hijo y su esposo en la referida fonda; que al salir de este lugar, se le acercó Cecilia Escobar Meléndez, quien iba con su hija, manifestándole "me la vas a pagar" y la empezó a golpear en el pecho y en la cabeza. Continúan narrando los elementos policíacos que la ofendida Lucila Consuelo Peto López les manifestó que Cecilia Escobar Meléndez y su hija también golpearon a su esposo y a su hijo; asimismo, la agraviada les informó que ante esa situación, la dueña de la fonda, de nombre Roberta, les pidió que se calmaran y que ya había llamado a la policía, que por ello, la agresora y su hija se fueron del lugar rumbo a un sitio denominado "La Cartonera". Afirman los elementos policíacos, que ante esa información procedieron a buscar a las presuntas responsables en compañía de la víctima, logrando localizarlas caminando rumbo a la "La Cartonera", momento en que la agraviada les indicó que ellas eran las personas que los habían golpeado, pero una de las presuntas responsables corrió y se dio a la fuga, logrando asegurar únicamente a Cecilia Escobar Meléndez, quien al ser sometida, agredió a la policía Adriana Espinoza Pérez, a quien le jaló el cabello, la arañó en el cuello y le mordió el codo izquierdo, por lo cual fue asegurada a las doce horas con quince minutos para ser trasladada a sus instalaciones y, posteriormente, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala para ser puesta a disposición del Ministerio Público (fojas 116 de este juicio de amparo y 5 del cuaderno de pruebas). 2.- Con motivo de lo anterior, se hicieron saber sus derechos a Cecilia Escobar Meléndez (fojas 118 y 129 de este juicio de amparo y 7 y 18 del cuaderno de pruebas). 3.- El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, a las doce horas con treinta y cinco minutos, se elaboró el resguardo de pertenencias de Cecilia Escobar Meléndez en la Dirección de Seguridad Pública de Teolocholco, Tlaxcala (fojas 126 de este juicio de amparo y 15 del cuaderno de pruebas). 4.- El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se recabó el certificado médico elaborado por la Doctora Blanca María Pérez Barragán adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, en la que asentó que a Cecilia Escobar Meléndez se le encontró con hipertensión arterial sistémica en descontrol (fojas 127 de este juicio de amparo y 16 del cuaderno de pruebas). 5.- Se elaboró el Registro Nacional de Detenciones, en la que se asentó que a las diecinueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se puso a disposición del Ministerio Público a Cecilia Escobar Meléndez (fojas 131 de este juicio de amparo y 20 del cuaderno de pruebas). 6.- En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público tuvo por recibida la puesta a disposición de Cecilia Escobar Meléndez a las diecinueve horas con treinta minutos y tuvo por verificada la figura de la flagrancia (fojas 23 a 27 del cuaderno de pruebas). 7.- El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se emitió el dictamen médico forense emitido por la Doctora Paula Andrade Vásquez, perito adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien determinó que Cecilia Escobar Meléndez presentó lesiones consistentes en laceración de punto cinco centímetros de diámetro en mucosa interna de labio superior derecho; laceración de punto cinco centímetros de diámetro en mucosa interna de labio inferior derecho; excoriación de punto cinco centímetros de diámetro dorso de mano derecha y equimosis roja de cinco centímetros de diámetro dorso de mano derecha, las cuales no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días (foja 49 del cuaderno de pruebas). 8.- Mediante oficio número 1658/2023 de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer señalara fecha para la audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación (foja 148 del cuaderno de pruebas). 9.- El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa judicial 125/2023 del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la cual el Titular de dicho órgano jurisdiccional determinó no calificar de legal la detención de Cecilia Escobar Meléndez y ordenó su libertad, por considerar que ante la dilación en la puesta a disposición de la detenida ante el Ministerio Público, el fiscal no debió decretar su retención (registro de audio y video del disco versátil digital que obra a foja 69 del cuaderno de pruebas). Hasta aquí, se narran los antecedentes de los actos reclamados. CUARTO. Inexistencia del primer acto reclamado. Las autoridades responsables, 1Presidente Municipal; 2Director de Seguridad Pública y Vialidad; 3Comandante de Seguridad Pública y Vialidad; 4Melesio Atriano Rodríguez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad; 5Adriana Espinoza Pérez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad y 6Blanca María Pérez Barragán, Doctora de la Unidad Básica de Rehabilitación, todos del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, al rendir sus informes justificados (fojas 86 a 189), negaron el acto al que se refiere este apartado, concretamente la posible orden de detención girada contra la quejosa Cecilia Escobar Meléndez. En ese sentido, la parte quejosa no desvirtuó lo afirmado por las autoridades responsables, con lo cual queda de manifiesto que no existe la posible orden de detención que la impetrante afirmó ha sido librada en su contra, habida cuenta que de las pruebas que obran en autos no se advierte el mandamiento privativo de libertad que combate. Por tanto, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por lo que se refiere al primer acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Inexistencia de los actos reclamados relativos a incomunicación y tortura. Como quedó establecido con anterioridad, la quejosa Cecilia Escobar Meléndez también reclamó la incomunicación y tortura a la que fue sometida al momento de su aseguramiento y en las instalaciones de dicha dependencia. Al respecto, las autoridades responsables 1Presidente Municipal; 2Director de Seguridad Pública y Vialidad; 3Comandante de Seguridad Pública y Vialidad; 4Melesio Atriano Rodríguez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad; 5Adriana Espinoza Pérez, elemento de Seguridad Pública y Vialidad y 6Blanca María Pérez Barragán, Doctora de la Unidad Básica de Rehabilitación, todos del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, al rendir sus informes justificados (fojas 86 a 189), negaron los referidos actos combatidos por la quejosa; por tanto, deben tenerse como tales. En este sentido es importante mencionar que de acuerdo a la naturaleza de los actos reclamados, la carga de la prueba, para acreditar su inexistencia, no recae en la parte quejosa, sino en las autoridades responsables. Conforme a lo anterior, las pruebas que obran en actuaciones y que fueron aportadas por las responsables en sus informes justificados, dan cuenta de la inexistencia de los actos de que se trata, esto porque del parte de novedades del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, rendido por todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, se aprecia que durante el tiempo en que la ahora quejosa permaneció asegurada en esas instalaciones, no se le impidió tener comunicación con persona alguna, dado que no se advierte que hubiese recibido la visita de algún familiar o abogado, aunado a que en la demanda de amparo no se advierte que la quejosa haya manifestado que se le haya obstaculizado el contacto con persona alguna que la hubiese ido a buscar o que se le hubiera negado realizar alguna llamada telefónica para contactar a persona de su confianza, familiar o abogado. Por el contrario, del informe policial homologado que obra en autos y donde consta su detención en flagrancia, se aprecia que se le hicieron saber sus derechos, entre ellos, que tenía derecho a hacer del conocimiento de un familiar o persona que desee, los hechos de su detención y el lugar de custodia, respecto de la cual la ahora quejosa no hizo manifestación alguna, habida cuenta que se advierte firmó de enterada y plasmó su huella digital (fojas 118 y 129 de este juicio de amparo y 7 y 18 del cuaderno de pruebas). Por consiguiente, es claro que las autoridades responsables han sustentado su negativa conforme a las documentales exhibidas, a las que se les concede pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las que se pone de manifiesto que no existe la incomunicación reclamada. Relativo a la tortura que la quejosa aduce sufrió al momento de su detención y en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, debe decirse que las autoridades responsables negaron tal circunstancia y para acreditar el sentido en que rindieron sus informes justificados aportaron el parte informativo que obra dentro del informe policial homologado, del que se desprende que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, Cecilia Escobar Meléndez fue asegurada por Adriana Espinoza Pérez y Melesio Atriano Rodríguez, elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Teolocholco, Tlaxcala, al haber sido señalada por la víctima Lucila Consuelo Peto López como la persona que momentos antes la había agredido en compañía de su hija. De dicho informe, el cual no se ve controvertido con prueba alguna, se narra la forma de la detención de la ahora quejosa, quien una vez asegurada, agredió físicamente a la oficial Adriana Espinoza Pérez causándole diversas lesiones; sin embargo, de dicha pieza informativa no se aprecia que los elementos captores hayan ejercido mal tratos que impliquen tortura contra la impetrante, pues al contrario, fue ella quien ejerció violencia contra la agente de la autoridad. Por otra parte, debe decirse que la autoridad responsable, Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, al requerimiento que le fue formulado por este Juzgado de Distrito a petición de la parte quejosa, informó los nombres de todos y cada uno de los elementos de la Policía Municipal de Teolocholco, Tlaxcala, que estuvieron de servicio el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés en esas instalaciones, a fin de que la quejosa Cecilia Escobar Meléndez estuviera en aptitud de señalarlos como autoridades responsables. Empero, la impetrante fue omisa en realizar tal designación, lo que motivó que en acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés se dejaran de tener como autoridades responsables a las designadas como: 1.- "Dos Elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala de lo que se ignoran sus nombres pero participaron en la privación de la libertad de la aquí quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés"; y 2.- "Dos elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, de los que se ignoran sus nombres pero estaban de guardia en las oficinas de Seguridad Pública y Vialidad en el Municipio de Teolocholco, Tlaxcala". Conforme a ello, es claro que al ser inexistentes las autoridades a quienes se atribuye la tortura, menos se puede acreditar que haya existido tal acto que se reclama; de ahí, que se considere que con las pruebas que obran en autos quede demostrada la aseveración de las responsables en el sentido de negar que la quejosa haya sido torturada o maltratada de la forma que lo refiere en su demanda. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que se refiere a los actos reclamados materia de este apartado. SEXTO.- Existencia de los restantes actos reclamados. Como se estableció con anterioridad, la quejosa Cecilia Escobar Meléndez también reclama: 1.- La privación de la libertad ocurrida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés por parte de elementos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, y, 2.- El certificado médico extendido por la Doctora Blanca María Pérez Barragán, adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, negaron los actos reclamados; sin embargo, deben tenerse por ciertos, esto porque de las actuaciones que obran en autos, concretamente del informe policial homologado, se aprecia que efectivamente la impetrante fue detenida en flagrancia por Adriana Espinoza Pérez y Melesio Atriano Rodríguez, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, y que el mismo día, la Doctora Blanca María Pérez Barragán, adscrita a dicho Municipio, la certificó clínicamente. Por tanto, se concluye que los actos reclamados a que se refiere este apartado, sí son existentes. SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo por lo que se refiere a la detención ocurrida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad pueda resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. Ahora bien, en el caso, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, la Ley de Amparo, respecto a la privación de la libertad de la que se duele la quejosa que ocurrió el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Dicho dispositivo textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la posible trasgresión constitucional. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Tocante al tema se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo alguna de sus consecuencias, dicha causa no operaría. Sirve de apoyo al argumento expuesto, la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 197367 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. CL/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, noviembre de 1997, página 71 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Además, en relación con dicha causa de improcedencia se ha establecido que concurre en dos supuestos: por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto que, en su caso, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir la tesis I.3°. C.92 K, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, por no poder producir ya efecto alguno. Esto es, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario que, mediante una conducta de hacer por parte de la autoridad, deje sin efecto el acto reclamado, o bien, se sustituya por otro. En el caso a estudio, para considerar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, es necesario señalar que de los antecedentes narrados en el considerando tercero de esta sentencia, la quejosa Cecilia Escobar Meléndez fue detenida en flagrancia por Adriana Espinoza Pérez y Melesio Atriano Rodríguez, elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Teolocholco, Tlaxcala, esto tras haber agredido de forma conjunta con su hija a Lucila Consuelo Peto López, así como al esposo e hijo de ésta última. Con motivo de ello fue trasladada a las instalaciones de la referida corporación policíaca municipal y, posteriormente, ante el Agente del Ministerio Público, quien validó su detención y decretó su retención. A su vez, la fiscalía solicitó al Juez de Control competente la audiencia inicial de control de detención, control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación. Posteriormente, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa judicial 125/2023 del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la cual el Titular de dicho órgano jurisdiccional determinó no calificar de legal la detención de Cecilia Escobar Meléndez y ordenó su libertad, por considerar que ante la dilación en la puesta a disposición de la detenida ante el Ministerio Público, el fiscal no debió decretar su retención Dichas actuaciones tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, que son aptas para acreditar que la quejosa fue detenida en flagrancia el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y el día veinticuatro siguiente fue puesta en libertad por el Juez de Control que conoció del proceso penal seguido en su contra. En tal virtud, se concluye que los efectos del acto reclamado que combatió la quejosa han cesado, toda vez que se decretó su libertad, de la cual había sido privada por haber sido detenida en delito flagrante. Por tanto, atento al estado que actualmente guarda la situación de la quejosa Cecilia Escobar Meléndez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. OCTAVO. Improcedencia del juicio respecto al restante acto reclamado. Como ha quedado establecido en esta resolución, la quejosa Cecilia Escobar Meléndez combate el certificado médico extendido por la Doctora Blanca María Pérez Barragán, adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Al respecto, debe decirse que dicho examen se le practicó a la impetrante el día veintiuno de febrero de dos mil veintitrés por la referida especialista. En esta instancia constitucional, la quejosa argumenta que dicho certificado médico no fue practicado de manera adecuada porque no se asentaron las lesiones que ella sufrió, lo que le impide demostrar su dicho. Atento a lo anterior, la suscrita juzgadora estima que en el caso el juicio de amparo es improcedente, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, debido a que el certificado médico en cita, no constituye un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, como a continuación se verá. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia establece: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...". Por su parte, el numeral 5°, fracción II, de dicho ordenamiento señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." El primero de los numerales transcritos establece que el juicio de amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la propia ley. Por otro lado, el primer párrafo de la fracción II, del artículo 5° en mención, define como autoridad responsable, para los efectos del amparo, a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquél que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Conforme a la interpretación de dichos arábigos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que se reclamen provengan de una autoridad. En efecto, para determinar si una autoridad tiene la calidad de responsable para efectos del juicio de amparo, deberá acreditarse: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho con una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3.- Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 164/2011, de rubro y texto: "Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que, para establecer si la autoridad señalada como responsable tiene tal carácter para los efectos del juicio constitucional, sus actos deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación y, por ende, ser reclamables mediante el juicio constitucional. Ahora, a fin de evidenciar que el certificado médico reclamado no constituye un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, debe tomarse en cuenta que la intervención de la Doctora Blanca María Pérez Barragán, adscrita al servicio médico del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino que se presentó con motivo de que los elementos policiacos de dicho Municipio recién habían detenido en flagrancia a la ahora quejosa y por tal motivo era su obligación como captores que se certificara el estado de salud e integridad física de la persona asegurada. En otras palabras, a la referida especialista únicamente se le solicitó que constatara las condiciones física de la ahora quejosa, sin más fin que el de determinar su estado de salud. Además, ese certificado médico, por sí solo, no crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de la impetrante. Por lo tanto, el acto que llevó a cabo la referida Doctora adscrita al Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, dado que la valoración de ese certificado médico se dará, en todo caso, por parte del Juez penal que conozca del proceso respectivo. Consecuentemente, respecto al acto reclamado analizado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, aplicados a contrario sensu de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo. NOVENO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. DÉCIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se les informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cecilia Escobar Meléndez, atento a lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto, séptimo y octavo de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez389/2022
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez948/2023
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez161/2023
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez390/2022
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez915/2023
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez1419/2022
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez917/2023
- Pablo Ortega Rodríguez763/2016
- Pablo Ortíz Retama65/2015
- Pablo Pedro Nava Meza215/2018
- Pablo Pérez Juárez1157/2017
- Pablo Perez Saldaña171/2017