Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez
Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto siete de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que, de no hacerlo se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto siete de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que, de no hacerlo se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ***
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Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos de los que se advierte, que no obra agregada la constancia de notificación practicada al quejoso Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez, del auto de seis de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por su apoderado Ricardo Santiesteban Meneses. En ese sentido, toda vez que en auto de seis de abril del año en curso, se tuvo a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones, siendo el siguiente: Eloy Cavazos número 9, Cuarta Sección, Santa Anita Huiloac, Apizaco, además de que proporcionó como correo electrónico hd-5750 @hotmail.com y número telefónico móvil 2461723409 y 2461357231. como una forma de contacto no procesal, por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito para que haga se constituya en el domicilio antes señalado, previo cercioramiento de ser el domicilio indicado, proceda a realizar la notificación del auto de seis de abril del año en curso y el presente proveído, además de que se autoriza el uso de los medios proporcionados a efecto de que pueda localizar al quejoso y practicar la diligencia encomendada, previa constancia que se deje agregada en autos de ello. Notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, así como el diverso de fecha seis de abril del año en curso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos de los que se advierte, que no obra agregada la constancia de notificación practicada al quejoso ***, del auto de seis de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por su apoderado ***. En ese sentido, toda vez que en auto de seis de abril del año en curso, se tuvo a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones, siendo el siguiente: ***, Apizaco, además de que proporcionó como correo electrónico hd-5750 @hotmail.com y número telefónico móvil ***. como una forma de contacto no procesal, por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito para que haga se constituya en el domicilio antes señalado, previo cercioramiento de ser el domicilio indicado, proceda a realizar la notificación del auto de seis de abril del año en curso y el presente proveído, además de que se autoriza el uso de los medios proporcionados a efecto de que pueda localizar al quejoso y practicar la diligencia encomendada, previa constancia que se deje agregada en autos de ello. Notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, así como el diverso de fecha seis de abril del año en curso. AUTO DE 06 DE ABRIL DE 2022. Apizaco, Tlaxcala, a seis de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez en Materia Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 390/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. SE DESECHA DEMANDA. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto de oficio este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que establecen: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De conformidad con las normas mencionadas, por actos de ejecución irreparable dentro de juicio se entienden comprendidos únicamente aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos procesales que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación en grado predominante o superior. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia V.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de un juicio que resulten de imposible reparación. Por consiguiente, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de ejecución irreparable, se deberá atender a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, se reclama el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, notificado el veinticuatro siguiente, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 93/2021, en el que se reservó el trámite del recurso de apelación hecho valer en contra del auto que determinó extemporánea la ampliación de denuncia del incidente penal planteado en dicho asunto. Por ende, para determinar si el acto reclamado es de ejecución irreparable y, por ende, si en su contra procede el juicio de amparo, corresponde verificar la naturaleza del incidente penal conforme a la legislación procesal aplicable. En ese sentido el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala -en los artículos 737 a 741- establece que en un asunto civil se podrá decidir en la vía incidental, si debe tomarse en consideración o no para el dictado de la sentencia, una prueba o acto señalado como delictuoso, que este incidente suspende el procedimiento y que si se declara que hay delito, lo actuado será nulo a partir de la denuncia del hecho delictuoso, sólo en tanto haya influido en lo actuado y resuelto en el juicio. Cabe señalar que, a pesar de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio al Código de Comercio -conjunto normativo que rige al juicio de origen- en la citada codificación procesal civil no se prevé el incidente penal, de ahí que resulte supletorio el código procesal civil del Estado de Tlaxcala. Aclarado lo anterior, como se puede ver, el incidente penal sirve para restar valor o anular alguna actuación que se señale como delictuosa, a fin de que no sea tomada en cuenta para resolver el juicio de que se trate; por lo que puede decirse que esta actuación solo tiene efectos dentro del juicio, es decir, su trascendencia se limita a los derechos procesales en juego durante la tramitación de un litigio civil. Apoya lo anterior la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 215479, que dice: [.] INCIDENTE PENAL. NATURALEZA DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 635 y 636 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se infiere que el incidente penal en realidad constituye un medio de defensa, cuyo propósito es el de lograr que en la sentencia definitiva no se tome en cuenta un acto o una prueba que tienen un origen delictuoso y que por tanto no pueden ser opuestos en perjuicio de quien hace valer el incidente [.]. Conforme a lo anterior, puede establecerse que el acto reclamado - acuerdo que reservó el trámite del recurso de apelación hecho valer en contra del auto que determinó extemporánea la ampliación de denuncia del incidente penal planteado en el asunto de origen- está vinculado con una determinación procesal que no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos relacionados con la exclusión de algún medio de prueba o actuación que pueda constituir un delito. Al respecto es dable citar la tesis aislada del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 222342, de contenido: [.] VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE EL DESECHAMIENTO ILEGAL DE UN INCIDENTE PENAL EN UN JUICIO CIVIL. El desechamiento ilegal de un incidente penal, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento previstas en las ocho primeras fracciones del artículo 159 de Ley de Amparo, debe conceptuarse como una violación procesal impugnable a través del juicio de amparo directo, pues constituye un caso análogo al previsto en la fracción IX de la citada disposición. Esto es así, porque igual estado de indefensión se causa a una persona a la que no se le admite el aludido incidente penal; que a quien se le desecha un recurso, si en uno u otro caso versan sobre providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones del mencionado artículo 159 de la Ley de la materia [.]. De igual manera, sirve de sustento a la conclusión alcanzada la diversa tesis aislada con número registro digital 208461, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: [.] INCIDENTE PENAL EN UN JUICIO CIVIL. EL DESECHAMIENTO TACHADO DE ILEGAL CONSTITUYE UNA VIOLACION DE PROCEDIMIENTO QUE DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracciones IX y XI de la Ley de Amparo dicen: en los juicios seguidos ante Tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo: XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. En las condiciones precedentes, puede sostenerse que el desechamiento de un incidente penal, si se decreta ilegalmente, produce indefensión porque priva al sujeto de la oportunidad de acreditar que el acto o la prueba no pueden surtir efectos en su contra, debido a que son el resultado de un delito, lo que aunado a que por tales motivos se afectan partes sustanciales del procedimiento, la conducta de mérito es susceptible de ser considerada como una causa análoga a la que prevé la fracción XI, del artículo 159, de la Ley de Amparo, de donde resulta que en términos del 158, siguiendo los lineamientos del 161 del mismo ordenamiento, debe reclamarse como una violación al procedimiento, en el amparo directo que en su caso y oportunidad se solicite contra la sentencia definitiva, siempre y cuando se hayan tomado en cuenta en ésta el acto o la prueba que se califican como delictuosos, ya que de otra manera, no podría sostenerse que se afectan los intereses del agraviado [.]. Así, el acto reclamado no ocasiona a la parte quejosa algún perjuicio de ejecución irreparable toda vez que la actuación con la que está vinculado -incidente penal- constituye un acto procesal que no es irreparable y, por ende, no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que la parte quejosa resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, como lo relacionado con un incidente penal, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, es dable sostener que en la especie la determinación reclamada sólo produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si ello trascendió al resultado del fallo. Es decir, debe esperarse a que se resuelva el juicio de origen a fin de determinar si el acuerdo reclamado trastocó algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Máxime que, incluso, al resolverse el juicio de origen, existe la posibilidad de que la parte quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo cual reafirma el razonamiento aquí planteado, pues con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que estará en posibilidad de acudir, una vez agotado el recurso ordinario, al amparo directo. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Santiesteban Meneses, quien se ostenta como apoderado legal de Pablo Jaime Tízatl Gutierrez, contra actos del Juez en Materia Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, sin previo acuerdo. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. PROPORCIONA CORREO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico hd-5750@hotmail.com y números telefónicos 246 172 34 09 y 246 135 72 31 como una forma especial y expedita de contacto no procesal, a través de los cuales se pueda entablar comunicación, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXHORTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se le comunica a la promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. ***
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