Pablo Héctor Bolio de Ocampo
Expediente 1439/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Héctor Bolio de Ocampo
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1439/2019-I-B, promovido por *****; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado ese día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ******, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra el acto que reclamó del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía, y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La denegación de justicia, ante la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual, solicitó que se dictara sentencia en el procedimiento especial de tercería excluyente de preferencia promovido en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la juez responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, destacando que en el expediente de origen no obraba escrito alguno que hubiera sido presentado el veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, por el quejoso; sin que la parte promovente hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior, que el quejoso reclamara la omisión de dar contestación a su escrito de veinticinco de agosto del año en curso, pues eso no le releva de la carga probatoria, toda vez que aunque dicho acto es de naturaleza omisiva, es derivado de otro de carácter positivo (haber presentado el memorial que refiere), cuya existencia correspondía demostrar al aquí quejoso. Pues para que una autoridad soporte la carga probatoria es necesario que antes se acredite la existencia del acto positivo del que deriva la actitud omisiva de la responsable; de lo contrario, no puede constreñirse a ésta a evidenciar un acto derivado de un hecho positivo que no llegó a probarse. En tales condiciones, el quejoso al haber estado en aptitud, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia constitucional correspondiente, de ofertar las pruebas idóneas para acreditar la existencia del acto positivo, esto es, haber presentado ante el juzgado de origen el memorial de mérito, sin que lo haya hecho en el referido lapso procesal, dicha circunstancia provoca el sobreseimiento en el juicio ante la inexistencia de lo reclamado; con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resultan analógicamente aplicables al caso, las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicadas respectivamente, en las páginas 366 y 1031, Tomos VI, diciembre de 1997 y III, Segunda Parte-2, correspondientes a la Novena y Octava Época, que indican: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS "NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última"; y "PETICION. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario." CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 75, 77, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por P**********, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación a la vista que se dio a las partes del informe justificado rendido por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que se relacionó mediante proveído de doce de los corrientes. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 362/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por lo que hace al anexo remitido, consistente en un legajo de copias certificadas del expediente 878/2019, relativo a una tercería excluyente de preferencia de derechos, déjese al cuidado y buen resguardo de la secretaría de este juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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