Pablo Hector Bolio de Ocampo
Expediente 1593/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Hector Bolio de Ocampo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda en el presente asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido, mediante proveído de diecinueve de noviembre pasado, al quejoso ******, para que informara cuál de los tres nombres de usuario que proporcionó en su escrito inicial de demanda, correspondía al de su parte, a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de realizar la autorización correspondiente y reciba las notificaciones respectivas vía electrónica, sin que diera cumplimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto, y se ordena que las notificaciones que se dicten en el presente expediente se hagan por la vía tradicional y, en caso de ser personales, en el domicilio señalado en la demanda para tal efecto. Sin perjuicio que en caso de que el quejoso precise mediante nueva promoción, cuál es su nombre de usuario registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se realice la autorización respectiva. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica mediante el uso de la FIREL del directo quejoso ***********, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: "...la resolución de recurso de revocación de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho dictada en el juicio ejecutivo mercantil que cursa en el Juzgado SEGUNDO MERCANTIL CON número de expediente 1289/2015, en la cual se violan mis derechos humanos, pues se declaró improcedente el recurso de revocación y se pretende imponer un gravamen hipotecario sin mediar una OPOSICIÓN EN TIEMPO Y FORMA (NUEVE DÍAS) O UN JUICIO DE TERCERÍA DE PREFERENCIA DE DERECHOS, VIOLA Y CONCULA MIS DERECHOS HUMANOS EL JUZGADOR en su resolución al NO APROBAR MI SOLICITUD DE COMPENSACIÓN de mi crédito..." Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1593/2019-I-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, el suscrito juzgador advierte que en el caso, la demanda de amparo deviene notoriamente improcedente. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, éste interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Como quedó asentado, la aquí parte quejosa reclama la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 1289/2015, en la que se confirmó el acuerdo de dieciséis de abril del mismo año, por medio del cual la autoridad responsable no accedió a compensar el crédito con el producto del remate público que se adjudicó como acreedor directo. Como ya se dijo, el suscrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, ya que dicho acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Al respecto cabe precisar que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la resolución definitiva impugnable en amparo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia sostenida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con fecha de publicación: viernes 22 de abril de 2016 10:22 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.), con número de registro 2011474, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En esa tesitura, es inconcuso que la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, que confirmó el acuerdo de dieciséis de abril del mismo año, en el que la autoridad responsable no accedió a compensar el crédito con el producto del remate público que se adjudicó como acreedor directo, no constituye la última resolución pronunciada dentro del procedimiento de remate del juicio ejecutivo mercantil de origen que pueda ser impugnada mediante el juicio de amparo, dado que no se trata de la que en forma definitiva ordena indistintamente el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En consecuencia, al existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, éste interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pablo Héctor Bolio de Ocampo de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la invocada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia número XVII.2°.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 648, del Tomo IX, de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Pablo Bolio Ortiz, Héctor Joaquín Bolio Ortiz y Manuel Iván Tzec Alonzo. De igual forma a la otra persona que menciona, pero con las limitaciones que establece el referido numeral, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que el ocursante proporciona tres "nombres de usuario" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Requiérasele para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe cuál es el nombre de usuario que corresponde al quejoso, a fin de estar en aptitud de efectuar la autorización respectiva. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del plazo que para tal fin se le confiere, las notificaciones se le harán por la vía tradicional en el domicilio que señaló para tal efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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