Pablo García Avila

Expediente 889/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
889/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Pablo García Avila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mesa I. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, la sentencia por la cual se sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 21, inciso a del acuerdo en cita). El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la suspensión provisional, y la suspensión definitiva se negó, en atención a lo ordenado en el considerando vigésimo primero, inciso c, del referido acuerdo. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción II, inciso a, del Acuerdo en mención). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el amparo en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha sentencia ha causado estado para los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 21, inciso a del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es destruible pues se concedieron tanto la suspensión provisional como la definitiva (artículo 21, inciso c) del citado acuerdo). 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a los establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, en el local que ocupa este recinto judicial, la persona autorizada para tal efecto deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa; asimismo, devuélvanse al Juez responsable las constancias que remitió como complemento de su informe justificado. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA I (CITATORIO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCION DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE CUYO RESOLUCTIVO ES ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, en contra de los actos y autoridades señaladas en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. Notifíquese en la primera lista que se realice una vez que se reanuden labores.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo, notifico el auto de once de diciembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, que en esencia dice. "...Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, el escrito signado por *****, apoderado legal de la moral quejosa ******, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en auto de tres de los cursantes, señala que reclama tanto la orden de visita como las actas que se levantaron en el procedimiento administrativo que refiere en su escrito de ampliación, y que las mismas son los actos de aplicación de las normas generales que tilda de inconstitucionales, asimismo, que tuvo conocimiento de dichas visitas y actas el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De la lectura integra del escrito de ampliación de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente: El artículo 7.79 del Código Administrativo del Estado de México; Los artículos 131, fracción I, y 132, fracciones I y II del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México; y Órdenes de visitas de verificación de veintiuno y veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el registro 195745, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechara de plano. Por ello, en acatamiento a dicho precepto, al analizarse el escrito de ampliación de demanda, se concluye que debe desecharse, porque se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se demostrará. En el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros actos, las emisiones de las órdenes de visita de verificación de veintiuno y veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, y su ejecución. No obstante, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo no se promovió dentro del plazo contemplado para tal efecto por el artículo 17 de la ley de la materia. El precitado numeral 61, en la fracción que interesa, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la ampliación demanda, el promovente de amparo refiere bajo protesta de decir verdad, que desde el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de las visitas de verificación que reclama y que se ejecutaron el veintiuno y el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, y dicha manifestación constituye una confesión expresa, conforme al numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que adquiere valor probatorio pleno atento a los ordinales 199 y 200 de esa legislación civil adjetiva. Así las cosas, desde el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa se encontró en condiciones de combatir las visitas de verificación, y si el ocurso de ampliación de demanda fue recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de noviembre del año en curso, según se advierte el nombre fecha y firma del Secretario adscrito a este Juzgado Federal, es evidente que se presentó fuera del plazo de quince días que para ello prevé la Ley de Amparo, razón por la cual, lo combatido constituye un acto consentido tácitamente. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, con registro 163172, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese orden, respecto de los diversos actos combatidos consistentes en el artículo 7.79 del Código Administrativo del Estado de México y los artículo 131, fracción I, y 132, fracciones I y II del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México, este órgano de control constitucional advierte que si el juicio de amparo es improcedente respecto del acto concreto de aplicación (las órdenes de visitas de verificación de veintiuno y veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, y su ejecución), resulta inconcuso que sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan entre sí. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva a los actos que se atribuyen al Congreso de la Unión; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistente en la emisión, promulgación, refrendo y publicación del artículo 7.79 del Código Administrativo del Estado de México y los artículo 131, fracción I, y 132, fracciones I y II del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne al acto de su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio al impetrante de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Tercera Parte, página 169, con número de registro 818791, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." De igual forma, se precisa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, con número de registro 232028, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 2000, Primera Parte, página 235, con número de registro 191311, de rubro y texto siguiente:, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Tercera Parte, página 98, con número de registro 238189, de rubro y texto siguiente:, que a la letra señalan: "LEYES Y ACTOS DE APLICACIÓN, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna, entre otros actos, una disposición legal que se considera que causa perjuicio por su aplicación, y tal acto de aplicación motiva el sobreseimiento del juicio de garantías conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, es de concluir que también resulta improcedente el juicio respecto de los actos relacionados con la expedición de la disposición legal relativa, si se decreta el sobreseimiento del juicio en lo que atañe al acto de su aplicación, tanto porque este acto no se puede analizar sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, como porque tampoco es posible examinar separadamente el ordenamiento al que pertenece el precepto aplicado a la quejosa, si ésta considera que el acto concreto de su aplicación es el que le causa perjuicio y no la simple existencia de la ley, para que pudiera estudiarse en abstracto ese cuerpo legal." Consecuentemente, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda de amparo por actos y autoridades promovida por Abad Guzmán Sánchez, apoderado legal de la moral quejosa Axelin Tours S. de R.L. de C.V.. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

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