Pablo Campuzano Beltran y Otros.

Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
255/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Nava Gómez
  • Pablo Campuzano Beltran y Otros.
  • Pablo Campuzano Beltran
  • Ricardo Nava Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio (artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México, el expediente laboral burocrático 1112/2017 en dos tomos, mismas que remitió en atención al requerimiento de diecisiete de noviembre último, solicitando a la autoridad de referencia, sirva acusar la recepción de las constancias aludidas. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. RESGUARDO OFICIO. Por otra parte, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se le dé a conocer el presente acuerdo se encuentre gozando del período vacacional correspondiente, y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que la reanude, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que en tanto deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta que sea debidamente entregado a su receptor. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII. (CITATORIO)SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE REFIERE LO SIGUIENTE: REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en atención a lo solicitado en acuerdo de diecisiete de noviembre pasado, remite el expediente original laboral burocrático ******************** de su índice, en dos tomos; en consecuencia, se tiene a la responsable dando cumplimiento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que fueron remitidas por la responsable; por tanto, manténganse por cuerda separada, previa carátula que se forme para su debida identificación. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación.". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta oportuno precisar que de las constancias allegadas a los autos y del escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional, lo constituye esencialmente: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del contenido íntegro del escrito de demanda y de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se obtiene que los impetrantes de amparo reclaman esencialmente: 1. La abstención del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la petición de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que los quejosos solicitaron se dictara auto de ejecución y embargo contra la demandada, con motivo del laudo dictado en el juicio laboral ******************** e incidente de liquidación emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno. 2. La abstención u omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir el laudo y la falta de aplicación de medidas para lograr dicho cumplimiento. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, una vez analizadas las documentales allegadas por la responsable con su informe justificado, consistentes en las actuaciones originales del juicio de amparo ********************, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Por tanto, tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, el suscrito estima que la abstención del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la petición de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que los quejosos solicitaron se dictara auto de ejecución y embargo contra la demandada, con motivo del laudo dictado en el juicio laboral ******************** e incidente de liquidación emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno; así como la abstención u omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir el laudo y la falta de aplicación de medidas para lograr dicho cumplimiento, han cesado sus efectos, toda vez que de las actuaciones del expediente de origen se advierte que, con fecha posterior a la presentación de la demanda (uno de marzo de dos mil veintidós), aconteció lo siguiente: El cuatro de mayo del año en curso, las partes celebraron un convenio en la modalidad de pago de laudo. El cuatro de julio de dos mil veintidós, la apoderada legal de la demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, dio cumplimiento al convenio antedicho, al exhibir el contra recibo 23198 a nombre del aquí quejoso Pablo Campuzano Beltrán de veintinueve de junio del cursante, por la cantidad de $641,370.54 (seiscientos cuarenta y un mil trescientos setenta pesos 54/100 m.n.); así como el diverso contra recibo número 22397 a nombre del diverso impetrante Ricardo Nava Gómez, de veintitrés de junio del mismo año, por la cantidad de $446,916.16 (cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos dieciséis pesos 16/100 m.n.), por lo que los aquí quejosos recibieron dichos recibos y se dieron por pagados de forma total del convenio de cuatro de mayo del año en curso, solicitando se archivara el asunto. El nueve de agosto último, se archivó el expediente laboral ********************, como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a los quejosos en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA VII. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en atención a lo solicitado en acuerdo de diecisiete de noviembre pasado, remite el expediente original laboral burocrático ******************** de su índice, en dos tomos; en consecuencia, se tiene a la responsable dando cumplimiento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que fueron remitidas por la responsable; por tanto, manténganse por cuerda separada, previa carátula que se forme para su debida identificación. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación.". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta oportuno precisar que de las constancias allegadas a los autos y del escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional, lo constituye esencialmente: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del contenido íntegro del escrito de demanda y de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se obtiene que los impetrantes de amparo reclaman esencialmente: 1. La abstención del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la petición de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que los quejosos solicitaron se dictara auto de ejecución y embargo contra la demandada, con motivo del laudo dictado en el juicio laboral ******************** e incidente de liquidación emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno. 2. La abstención u omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir el laudo y la falta de aplicación de medidas para lograr dicho cumplimiento. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, una vez analizadas las documentales allegadas por la responsable con su informe justificado, consistentes en las actuaciones originales del juicio de amparo ********************, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Por tanto, tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, el suscrito estima que la abstención del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la petición de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que los quejosos solicitaron se dictara auto de ejecución y embargo contra la demandada, con motivo del laudo dictado en el juicio laboral ******************** e incidente de liquidación emitido el diez de agosto de dos mil veintiuno; así como la abstención u omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir el laudo y la falta de aplicación de medidas para lograr dicho cumplimiento, han cesado sus efectos, toda vez que de las actuaciones del expediente de origen se advierte que, con fecha posterior a la presentación de la demanda (uno de marzo de dos mil veintidós), aconteció lo siguiente: El cuatro de mayo del año en curso, las partes celebraron un convenio en la modalidad de pago de laudo. El cuatro de julio de dos mil veintidós, la apoderada legal de la demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, dio cumplimiento al convenio antedicho, al exhibir el contra recibo 23198 a nombre del aquí quejoso Pablo Campuzano Beltrán de veintinueve de junio del cursante, por la cantidad de $641,370.54 (seiscientos cuarenta y un mil trescientos setenta pesos 54/100 m.n.); así como el diverso contra recibo número 22397 a nombre del diverso impetrante Ricardo Nava Gómez, de veintitrés de junio del mismo año, por la cantidad de $446,916.16 (cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos dieciséis pesos 16/100 m.n.), por lo que los aquí quejosos recibieron dichos recibos y se dieron por pagados de forma total del convenio de cuatro de mayo del año en curso, solicitando se archivara el asunto. El nueve de agosto último, se archivó el expediente laboral ********************, como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a los quejosos en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VII. EJECUTORIA COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 255/2022-VII de este índice; así como, el testimonio de la ejecutoria emitida el cuatro de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión RT 77/2022, en la que se determinó: "PRIMERO. Se revoca el acuerdo recurrido. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 255/2022-VII, promovido por **********, por los motivos y para los efectos que se indican en el último considerando de esta ejecutoria. ANOTACIONES Y ACUSE. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes, acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes, en el entendido que únicamente serán agregadas las actuaciones originales y respecto a las constancias en copias simples procédase a su destrucción. SE ORDENA REPONER PROCEDIMIENTO. Ahora bien, en cumplimiento a ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada, se repone el procedimiento a partir del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, debiéndose seguir con el trámite del presente juicio y hecho lo anterior, se dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. VISTA CON INFORME JUSTIFICADO. En ese contexto, con la finalidad de continuar el trámite del presente juicio, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente y como representante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y constancias exhibidas por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, atendiendo a que en el presente juicio la parte quejosa también se duele de la abstención u omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir el laudo y la falta de aplicación de medidas para lograr dicho cumplimiento y por tanto, es necesario que este juzgado cuente con la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral ********************a partir de la emisión de laudo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de tres días, vía ordinaria, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relativas al juicio laboral de origen ******************** en particular las comprendidas desde el laudo emitido, hasta la última y más reciente actuación que se obtenga de dicho expediente, en virtud de que son necesarias para la resolución del presente sumario. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. En otro contexto, córrase traslado a la autoridad responsable con copia del testimonio remitido por la superioridad, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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