Pablo Ezequiel Caballero Alvarado

Expediente 1079/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1079/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Pablo Ezequiel Caballero Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído que ordena el archivo, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1079/2023-IV-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por auto de diez de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado consiste esencialmente, en: - La resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés dictada en el toca ********************, que confirmó el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el cual el Juez responsable regularizó el procedimiento y admitió la contestación de la parte demandada, sin emplazar al quejoso. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [promoción 11491]. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, como parte del análisis correspondiente, es menester narrar de manera breve los antecedentes del acto reclamado, lo cual se hará partiendo del contenido de las constancias que remitió la Sala responsable, derivadas del Toca ******************** de su índice, y del juicio ordinario civil ******************** del registro del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a las cuales se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; documentales de las que se obtiene lo siguiente: 1.- Por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintidós, ********************, por medio de sus apoderados legales, promovió juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de ********************, manifestando en el apartado de hechos que era el legítimo propietario del predio materia de la litis (foja 10 del Anexo). 2.- En auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, por lo que se mandó correr traslado a la parte demandada, emplazándola para que contestara dentro del término de cinco días (foja 64 del Anexo). 3.- Por medio de cédula de notificación fechada el ocho de abril de dos mil veintiuno, dirigida a ********************, se realizó el emplazamiento ordenado (foja 69 del Anexo). 4.- Mediante ocurso presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, compareció ******************** a manifestar que aún y cuando no tenía exactamente el mismo nombre que el plasmado en la cédula de notificación antes referida, se sintió aludido con la demanda y la consideró como interpuesta en su contra; asegurando que en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, fue notificado de la misma. Asimismo, en dicho escrito, dio contestación a todas y cada una de las prestaciones que reclamó el actor; también manifestó que no poseía el predio señalado por el demandante, y, que no conocía a ******************** (foja 70 del Anexo). 5.- Luego, por auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Juez de primera instancia consideró que el emplazamiento realizado el ocho de abril de dos mil veintiuno, no cumplió con los requisitos de legalidad que exige el código adjetivo de la materia y a fin de no dejar en estado de indefensión al demandado ******************** referido, regularizó el procedimiento y dejó insubsistente el emplazamiento, ordenándole al actuario adscrito a su Juzgado que realizara de nuevo el emplazamiento ordenado en el auto de inicio. Además, la juez A quo en relación con el escrito de contestación presentado por ********************, determinó que no accedía a las diversas peticiones ahí realizadas y únicamente se acumuló para todos los efectos legales a que hubiere lugar (foja 128 del Anexo). 6.- En virtud de que no se pudo llevar a cabo el nuevo emplazamiento ordenado, por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno se le dio vista a la parte actora con la constancia negativa levantada por el actuario encargado de la diligencia, a fin de que dentro del término de tres días manifestara algo al respecto (foja 131 del Anexo). 7.- Dicha vista, la desahogó a través del memorial presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, señalando la parte actora que en virtud de que la parte demandada dijo ser y llamarse ******************** (aún y cuando quien compareció a contestar la demanda fue ********************) solicitó se sirviera continuar el juicio en contra de dicha persona y se abriera a prueba el juicio (foja 132 del Anexo). 8.- Mediante auto de uno de febrero de dos mil veintidós, la juez de primer grado determinó no acceder a los planteamientos del actor en virtud de estar pendiente el emplazamiento del demandado ******************** (foja 133 del Anexo). 9.- Posteriormente, por acuerdo de quince de febrero del año dos mil veintidós, se previno al actor para que dentro del término de tres días manifestara de manera fehaciente el nombre de la persona o personas en contra de quienes pretendía instaurar su acción (foja 135 del Anexo); lo cual desahogó por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, solicitando que la demanda se entendiera como entablada en contra de ********************, y también señaló un nuevo domicilio para realizar el emplazamiento pendiente (foja 136 del Anexo), pero dicho emplazamiento tampoco se logró realizar. 10.- Ante el contratiempo que impidió realizar el emplazamiento de mérito, por ocurso presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós (foja 146 del Anexo), compareció de nuevo el demandante a insistir que el emplazamiento pendiente no era necesario, en virtud de que la persona que ahora se encontraba señalada en autos como la parte demandada, ya había comparecido a contestar, cumpliéndose el objetivo del emplazamiento, el cual consistía en que el demandado pudiera tener una defensa adecuada. 11.- A lo anterior, recayó el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 150 del Anexo), a través del cual la Juez del conocimiento determinó que lo procedente era proveer el escrito de contestación signado por ******************** (aquí quejoso), teniéndolo por presentado haciendo las manifestaciones a las que se contrajo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, oponiendo excepciones las cuales se admitieron a discusión, y como entre ellas opuso la de falta de personalidad, se le dio vista a la parte actora por el término de tres días para el uso de sus derechos; asimismo, se tuvieron por anunciadas y ofrecidas las pruebas relacionadas en su escrito de contestación, las cuales se reservaron para ser admitidas y perfeccionadas en su oportunidad. 12.- En contra de dicho auto, mediante memorial presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, ******************** interpuso recurso de apelación (foja 152 del Anexo), del que correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, donde se radicó con el toca ******************** de su índice. 13.- Dicho medio de impugnación, fue resuelto en resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 213 del Anexo), en el sentido de confirmar el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, ante lo infundado e inoperante de los agravios expuestos por el apelante. La resolución anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, de la relatoría anterior se observa que en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo previsto en el precepto 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, como se demuestra a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De igual manera, el artículo 171 del mismo ordenamiento legal, señala lo siguiente: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." En esas circunstancias, resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, antes citado. En ese entendido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por lo tanto, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e incidan en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. En esas circunstancias, se concluye que los actos de imposible reparación en el juicio, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por los derechos constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. En efecto, en la especie se tiene que el quejoso se duele de la resolución de alzada de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés dictada en el toca ********************, que confirmó el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el cual el Juez de primer grado regularizó el procedimiento y admitió la contestación de la parte demandada, sin emplazar al quejoso, ya que éste se apersonó espontáneamente a dicho sumario, contestó la demanda en tiempo y ofreció pruebas de su parte Acto que no constituye una violación formal procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable al aquí promovente, ya que el hecho de que la Sala responsable haya confirmado un auto en el cual la juez A quo tuvo por emplazado al aquí quejoso al juicio natural, no le causa un perjuicio que no pueda ser reparado incluso en sentencia, ya que si la parte actora no prueba su acción ello pudiera derivar en una sentencia absolutoria. Ciertamente, no es posible analizar en este momento en amparo indirecto el acto reclamado al no ser éste de naturaleza irreparable para la parte quejosa, pues se trata sólo de una actuación intermedia dentro del procedimiento del juicio ordinario civil de origen, que sólo produce efectos de carácter formal. En ese contexto, es claro que la resolución de segunda instancia reclamada, no es una determinación que afecte la esfera jurídica del promovente en forma irreparable ya que se trata de una actuación intraprocesal en la propia tramitación del juicio ordinario civil entablado por acción reivindicatoria en contra del aquí quejoso, que de llegar a trascender al resultado del fallo definitivo, podrá ser reclamada eventualmente en amparo directo. Asimismo, apoya a lo anterior la tesis, sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registrada con el número 254989, visible en la página 201, Volumen 72, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Al igual que la tesis III.1º.C.24 K, publicada en la página 1062, Tomo XI, enero de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro IUS 192540, que es del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas". Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, visible en la página once, con número de registro IUS 205651, del tenor literal siguiente: "DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo previsto en el precepto 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno al concepto de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 33, fracción IV, 35, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; atento a las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos, para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 177/2023-IV-B-AMP y con número de origen 86/2023-IV-B-AMP. Dicha comunicación oficial fue enviada para emplazar al presente juicio a la parte tercero interesada ********************. En consecuencia, toda vez que el despacho de mérito fue diligenciado en sus términos, háganse las anotaciones relativas y dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y lo de cuenta, agréguese el escrito por medio del cual MARTÍN ESAÚ VELÁZQUEZ SOSA se apersona al presente juicio en su carácter de parte tercero interesada, a través de su apoderado legal Pedro Pablo Ceballos Mijangos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correo electrónico, designa autorizados y formula alegatos. Con apoyo en los artículos 10° y 11° de la Ley de Amparo Ley de Amparo, se reconoce a Pedro Pablo Ceballos Mijangos la personalidad que ostenta como apoderado legal de MARTÍN ESAÚ VELÁZQUEZ SOSA, en términos del instrumento notarial que exhibe. En consecuencia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su escrito de cuenta, y como sus autorizados a Víctor Hugo May Llanes y Alejandra Escalante Cortazar, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Mientras que a Vicente González Acosta, se tiene como autorizado en términos restringidos del referido numeral, hasta que acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en su escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico del presente juicio, toda vez que proporcionan el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a "licpedropabloceballos", para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cuanto al señalamiento del correo electrónico se tiene por proporcionado, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias, sin que haya lugar a tenerlo como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones. De igual forma, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen como alegatos las manifestaciones que formula el tercero interesado, sin perjuicio de hacer relación de éstos en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

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