Pablo Enrique Chable Pan
Expediente 1463/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Enrique Chable Pan
- Alba Danya Mendoza Escalera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 2769 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo de la diversa misiva 34469/2021 de veintiséis de noviembre último, librada en autos del presente juicio constitucional, con la que se le devolvió el toca original 488/2021, que remitiera como apoyo a su informe justificado. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTRONICA Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 2655, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual esencialmente informa que acusa recibo de la misiva 31692/2021-VI-A, de data nueve de noviembre del año en curso, por la cual le fue informado que la sentencia que negó el amparo ha causado ejecutoria, ordenando el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en atención a su contenido, devuélvase a la responsable el anexo consistente en el toca original 488/2021 a que hace referencia; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1463/2021-VI-A, promovido por PABLO ENRIQUE CHABLÉ PAN, contra el acto que reclama la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veinte siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció PABLO ENRIQUE CHABLÉ PAN, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 1463/2021-VI-A; asimismo, se previno a la parte quejosa, a fin de que precisara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; a lo que dio cumplimiento por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el treinta y uno siguiente. En consecuencia, por auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Sin que obste a lo anterior, que en dicho proveído se hubiere señalado como tercero interesado a Jorge Alberto Cruz Martínez, pues de autos se desprende que no le corresponde dicho carácter, al no encontrase en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, pues resulta ser codemandado del aquí quejoso en autos del juicio de origen. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa PABLO ENRIQUE CHABLÉ PAN, fundamentalmente, en: La resolución de nueve de junio de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable en el toca 488/2021, en la que resolvió improcedente la excepción de improcedencia planteada por el aquí quejoso ante el Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ordinario civil 214/2020. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Como cuestión preliminar, es menester señalar que de la lectura del capítulo denominado "V. LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", se advierte que el inconforme igualmente esgrime motivos de inconformidad. No obstante ello, dado que la demanda de amparo es un todo y por ende, debe interpretarse en su integridad a fin de que el Juez de Distrito armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman con el objetivo de determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o en imprecisión. De tal manera que los argumentos contenidos en el referido capítulo, que se traducen en disidencias, serán analizados en vía de conceptos de violación, sin que ello implique en modo alguno suplir la queja deficiente o integrar la acción que intenta el gobernado, pues se trata únicamente de armonizar la información con la que se cuenta, a fin de que, a través de ella, se precise el verdadero sentido que quiso darle el particular. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página quinientos diecinueve, Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 197919, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda." Ahora bien, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite el juicio ordinario civil promovido por Alba Danya Mendoza Escalera, en contra de Pablo Enrique Chablé Pan y otro (fojas 108-109). 2.- Diverso auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a Pablo Enrique Chablé Pan, contestando la demanda instaurada en su contra; asimismo, en virtud de que entre las excepciones que opuso se encontraba la de incompetencia, que es de previo y especial pronunciamiento, se ordenó suspender el procedimiento y remitir los autos a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la tramitación de la excepción de mérito (foja 127). 3.- Resolución de nueve de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca 488/2021 del índice de la Sala responsable, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia planteada por el ahora quejoso en autos del juicio ordinario civil 214/2020 (fojas 49-55). Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce la parte quejosa que trasgrede en su perjuicio sus derechos fundamentales de seguridad jurídica, certeza jurídica, así como el principio general pacta sunt servanta, ya que no analizó estrictamente los agravios puestos a su consideración, en virtud de que el acuerdo o contrato suscrito por las partes supone el sometimiento para la resolución de problemas a una Cámara de Construcción, que específicamente atañe la controversia planteada, por lo que no le corresponde al Juez Civil resolver la misma. Asimismo, manifiesta que la Sala responsable no le dio la debida importancia a lo plasmado en el contrato de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de que, en caso de controversia, las partes se someterían a la Procuraduría Federal del Consumidor, y en caso de no lograr la conciliación, se someterían al arbitraje de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Finalmente, señala que si bien existe la cláusula en la que se sometieron a los tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, no menos cierto es, que debe privilegiarse la voluntad de las partes a someterse a autoridades diversas como la Procuraduría Federal del Consumidor. Son inoperantes tales motivos de disenso, pues la parte impetrante del amparo, se limita a sostener que la Sala responsable no analizó correctamente los agravios hechos valer; sin embargo, no expresa los motivos con los que sustenta dichas afirmaciones, esto es, por qué ello derivaría en la ilegalidad de la resolución reclamada. Ello es así, pues la parte quejosa se limita a realizar meros juicios subjetivos, sin señalar razonamientos lógico-jurídicos que sustenten los mismos y ataquen de manera directa los argumentos torales de la resolución reclamada, pues no basta que se limite a realizar afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que debe exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama o recurre, a fin de que este Tribunal esté en posibilidad de apreciar si la autoridad responsable infringió en su perjuicio lo dispuesto al respecto en la ley de la materia. En efecto, la determinación que por esta vía se reclama se sustentó en las siguientes consideraciones: En primer término, señaló que, en síntesis, el ciudadano Pablo Enrique Chablé Pan, manifestó que en el contrato basal, en su cláusula décima séptima, las partes convinieron que para resolver las controversias que se presentaran, aceptaban procurar la conciliación a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, o en su defecto, aceptaban someter sus diferencias al arbitraje de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, por lo cual las citadas instancias, aduce que son las competentes para conocer del asunto en cuestión, y no la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Posteriormente, acotó el planteamiento del problema, a que de la lectura de los argumentos del excepcionista, se desprendía la siguiente interrogante jurídica: ¿Es competente la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, para decidir del juicio ordinario civil de origen? Ante dicha interrogante, la Sala responsable concluyó que la respuesta es SÍ, y por lo tanto, es improcedente la excepción de incompetencia planteada. En primer término, tomó en consideración que la competencia por declinatoria de jurisdicción que nos ocupa, se ventila en un juicio ordinario civil, y que la competencia para conocer controversias de esta índole se encuentra determinada en el artículo 73, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual establece: "Artículo 73.- Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro Juez: [.] II.- El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación [.]". En segundo lugar, teniendo a la vista las constancias judiciales que integran el expediente formado con motivo del juicio ordinario civil y del cual deriva el incidente en estudio, se desprende el contrato de construcción de obra y suministro de materiales a precio alzado, celebrado entre Alba Dania Mendoza Escalera (contratante) y Pablo Enrique Chablé Pan (contratista), en fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, en el que el contratante encomendó al contratista la realización de la obra consistente en la construcción de remodelación de casa-habitación de planta baja, más planta alta del predio ubicado en la calle Veintisiete, diagonal número ciento quince, de Cholul, Yucatán, México. Asimismo, en la foja veinticuatro del referido contrato basal, en el apartado de "CONTROVERSIAS", consta la cláusula DÉCIMA OCTAVA, que es del tenor literal siguiente: "Décima octava.- Las partes que intervienen en el presente contrato declaran su conformidad en someterse para la interpretación y cumplimiento del mismo a la jurisdicción de los tribunales competentes del fuero común de Mérida, Estado de Yucatán, renunciando expresamente al fuero de su domicilio presente o futuro...". En ese mismo sentido, refirió que en el presente caso, se actualiza lo señalado por la fracción II del citado artículo 73 Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que, en un juicio, independientemente de su naturaleza, será preferido el juez del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación; ya que las partes acordaron en el contrato basal someterse a la jurisdicción de los tribunales locales de esta ciudad de Mérida, Yucatán; competencia de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Manifestó que si bien es cierto que la cláusula décima séptima del referido contrato, señala en síntesis que en caso de controversia las partes aceptan procurar la conciliación a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, y que si no se lograba la conciliación las partes aceptaban someter sus diferencias al Arbitraje de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, refirió que no menos cierto también es, que uno de los principios que rigen este mecanismo alternativo de solución de conflictos es la voluntariedad de las partes para instar dicho procedimiento, libre de toda coacción y no por obligación. Señaló que lo anterior se interpreta como que queda al arbitrio del contratante y del contratista, someterse a esa manera alterna de solucionar la litis; por lo que si en el caso de origen, la parte actora decidió promover el juicio ordinario civil de mérito, ante la Oficialía de Partes adscrita a los Juzgados Civiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante memorial de veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, resulta correcto y ajustado a derecho en cuanto que así fue acordado en el contrato basal y en uso de su libre albedrío decidió no someterse a la conciliación para resolver la controversia planteada en el juzgado de origen. Por otra parte, señaló que en el caso a estudio Alba Danya Mendoza Escalera, haciendo uso de lo acordado en el convenio base de la acción, promovió el juicio ordinario civil de donde emana el siguiente toca, mismo que está regulado por las disposiciones contenidas en el Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo Único del Código de Procedimientos Civiles, de donde resulta evidente la competencia de la Juez de Primera Instancia, para conocer del juicio, toda vez que es a dicha autoridad, entre otras de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de los citados Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado, tal como previene el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor, el cual establece que los juzgados de primera instancia serán competentes para conocer en materia civil, familiar, mercantil, penal o de justicia para adolescentes, en términos de la legislación aplicable. Por tanto, teniendo en consideración que la Oficialía de Partes adscrita a los Juzgados Civiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que es la encargada de distribuir los negocios que deben iniciarse, ya sean de carácter contencioso, mixto o voluntario, turnó el juicio ordinario civil de que se trata, al Juzgado Cuarto Civil, de conformidad al acuerdo general número OR05-090506-01, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de fecha trece de mayo del año dos mil nueve, que establece la especialización por materia de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Departamento Judicial del Estado, lo que conlleva a determinar que la citada juzgadora resulta competente para conocer del mismo, ya que, como se reitera, es a dicha autoridad, entre otras de su mismo fuero, a quien corresponde la aplicación de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado, ordenamientos legales que regulan el procedimiento de origen. De ahí que, se reitera, el suscrito califique como inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que, tal como quedó acreditado con la confrontación de tales argumentos con los vertidos por la autoridad responsable en el proveído reclamado, con ellos no ataca frontalmente los fundamentos en la que se basó la misma. Lo que era necesario para demostrar la violación a los derechos fundamentales que refiere trasgredidos, ya que este Juzgado está imposibilitado para emprender el examen oficioso de esos argumentos, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no estar la parte quejosa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues se trata de un asunto en materia civil que no está fundado en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, ni se advierte que haya habido en contra de la parte impetrante del amparo una violación evidente de la ley que la hubiere dejado sin defensa, ni que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. De ahí que, se reitera, si con los argumentos aducidos, la parte quejosa no atacó las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para determinar que resultaba improcedente la excepción interpuesta, este Juzgado Federal se ve imposibilitado para abordar el estudio de las mismas, siendo por ello que deben permanecer intocadas, con independencia de su legalidad o ilegalidad. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página sesenta y uno, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Así como la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento dieciséis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Bajo esa tesitura, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, y como ya se dijo, no estar en el supuesto de suplir la deficiencia de la queja; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PABLO ENRIQUE CHABLÉ PAN, en contra del acto atribuido a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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