Pablo Eduardo Lecuona Silverio

Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
679/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Pablo Eduardo Lecuona Silverio

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 679/2022 tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a, de la misma ley de la materia, contra el auto de diecinueve de mayo del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Juan José de la Cruz Gordilo en favor de Pablo Eduardo Lecuona Silverio, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y otra autoridad, se dejó sin efectos las providencias decretadas en auto de treinta de abril del año en curso, y la suspensión de plano; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Juicio 679/2022 diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no ratificó su demanda, en los términos y plazo concedidos en proveído de treinta de abril de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Juan José de la Cruz Gordilo en favor de Pablo Eduardo Lecuona Silverio, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y otra autoridad. En consecuencia, se dejan sin efectos las providencias decretadas en auto de treinta de abril del año en curso, así como la suspensión de plano decretada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Juicio 679/2022 dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción, para notificar el acuerdo de treinta de abril del año en curso, al directo quejoso Pablo Eduardo Lecuona Silverio, por las razones que expone. En ese sentido, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, como está ordenado en el auto inicial, con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación y el diverso de treinta de abril del citado año, por lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Villahermosa, Tabasco, treinta de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Juan José de la Cruz Gordillo en favor de ********** de nacionalidad cubana, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y otra autoridad; en consecuencia, fórmense expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 679/2022-V y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ACTOS RESPECTO DE LOS QUE SE ACORDARÁ LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Es menester precisar que en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó dolerse de la detención (consumada) por parte de autoridades migratorias, en esta tesitura y atendiendo a la naturaleza del reclamado, se determinara la suspensión de plano de dicho acto. Además, atento a la naturaleza de las autoridades responsables es de considerar que si se le ha detenido es con la finalidad de deportarlo o expulsarlo del país, acto que también debe tenerse como reclamado. Asimismo, al advertirse que en el escrito de demanda se manifestó que la parte quejosa está detenida en una estación migratoria, a fin de evitar actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de igual forma se tiene como acto reclamado la incomunicación; y atendiendo a que se señaló una posible orden de traslado a otra estación migratoria, también se analizará dicho acto. SUSPENSIÓN DE PLANO DETENCIÓN CONSUMADA. En lo que respecta a la detención consumada del quejoso por agentes de migración; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO ÚNICAMENTE DE LOS REFERIDOS ACTOS RECLAMADOS para los efectos siguientes:**********"SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." TRASLADO En ese contexto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano decretada además tiene como efecto que la autoridad responsable se abstengan de trasladar al quejoso a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida del peticionario de amparo, lo cual deberá informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. INCOMUNICACIÓN Asimismo, al advertirse que en el escrito de demanda, se asentó que el quejoso se encuentra detenido en la estación migratoria, a fin de evitar actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de manera inmediata cese cualquier tipo de incomunicación, de la que pueda estar siendo objeto, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, se le permita la libre comunicación con sus abogados. En la inteligencia de que la seguridad y la salud del quejoso, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a las autoridades responsables, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de onformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, que si se niega a recibir el oficio librado en el presente juicio, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de 12/05/25 15:58:12 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.33.37.31.39.36.31 CARLOS SERAFIN RIOS SOLIS la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a su legal notificación, comunique a este órgano jurisdiccional, bajo la confidencialidad requerida, si el aquí quejoso presentó la solicitud de reconocimiento de refugiado y la etapa en que se encuentre el trámite correspondiente, así como si se ha pronunciado sobre las medidas que resulten necesarias para tal efecto, de conformidad con el numeral 21 de la Ley Sobre refugiados, Protección complementaria y Asilo Político; debiendo remitir al efecto copia debidamente certificada de las constancias conducentes. En la inteligencia, de que la comunicación oficial que al efecto se le envía, surte efectos de aviso sobre la pretensión del quejoso, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del citado numeral. Se apercibe a la autoridad de mérito, de no dar cumplimiento al requerimiento de mérito, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se les indica que en dichos informes deberán proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO De igual manera, la medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de la aquí señalada como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. ESTADO FÍSICO DEL QUEJOSO. Por otra parte, toda vez que el quejoso se encuentra detenido por parte de una autoridad migratoria, se comisiona al actuario de la adscripción, para el efecto de realizar la siguiente encomienda: 1.- Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que proceda a la búsqueda y localización del quejoso Pablo Eduardo Lecuona Silverio; y, una vez en su presencia, le notifique personalmente el contenido de este proveído. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentra, así como las condiciones de éste. 3. También proceda a interrogar al citado quejoso en relación a si ha sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por los mismos; o en su caso asiente lo que corresponda. 4. Finalmente, tomando en consideración que de la demanda se advierte que el directo quejoso es de nacionalidad cubana, deberá hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tiene derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desea que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberá hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA De igual manera, se comisiona al actuario para que, en el acto de la diligencia requiera a la parte quejosa para que en el momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, ratifique la demanda promovida a su favor por Juan José de la Cruz Gordillo; apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase al justiciable para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifieste si es su deseo señalar al promovente Juan José de la Cruz Gordillo, como su autorizado, así como a la diversa persona precisada en el escrito de demanda. De igual manera, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; o en su defecto, si ratifica el precisado en el escrito de demanda y los autorizados ahí referidos. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentran facultado legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; de lo contrario, se le tendrá por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Lo anterior, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley leY Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dichas personas con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Notificaciones Ahora, en virtud que no señaló domicilio físico para recibir notificaciones y sólo se limitó a citar como tal los estrados, con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se realizarán por lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto; lo anterior, tomando en consideración que los ordenamientos legales en cita, no contemplan al teléfono móvil y correo electrónico como formas en las que puedan realizarse las notificaciones en el juicio de garantías. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte ue el usuario "juan_jose_83" se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo Se exhorta al trámite electrónico

  4. Principal

    Vista la cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, representante de la Secretaría de Salud, residente en esta ciudad, a través del cual, realiza las siguientes manifestaciones: a) En primer término señala que las multas que se han aplicado resultan indebidas, tomando en consideración que no se encuentran fundadas, ni motivadas. b) Asimismo, expone que ya se han dado las razones médicas por las cuales, el menor de edad no puede ser vacunado; y, entre otras cosas, señala que si bien en el oficio de trece de abril de dos mil veintidós, el doctor Jesús Nuredim del Ángel Assad, adujo los pros y contras de la vacunación, en el caso, por lógica jurídica y la máxima de la experiencia, debe advertirse que no es posible la vacunación, tomando en consideración que la vacuna contiene los mismos gramos para menores de doce a diecisiete años, por lo que no podría aplicarse en un menor de seis años. Además, aduce que la vacuna causa reacciones en personas adultas; e incluso señala que los efectos secundarios ningún médico profesional los puede determinar a simple vista, dependiendo del momento de su aplicación, motivos por los cuales dice que la menor no puede ser vacunada. c) Finalmente, manifiesta su inconformidad de proporcionar el registro federal de contribuyentes de la doctora Silvia G. Roldán Fernández, en su carácter de Secretaria de Salud del Estado de Tabasco e igualmente solicita una prórroga para aportarlo en el juicio de amparo en que se actúa, ya que han dado cumplimiento al señalar si es viable o no la vacuna al menor de edad de identidad reservada J.E.M.A. En atención a su primer argumento, es menester precisar que de estar inconforme con las multas que ha impuesto este órgano jurisdiccional, tiene expedito su derecho para recurrirlas. En relación al segundo punto es menester precisar que se la ha requerido en infinidad de ocasiones para que un especialista médico conforme a la evaluación que realizó al menor, pondere las ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos asociados al llevarla a cabo la vacunación; pero concluyendo de manera justificada con el aval o negativa para llevar a cabo la inoculación; sin embargo, como se ha expresado anteriormente, los informes que se han rendido con respecto a la valoración del menor no son concluyentes; pues, no avalan la vacunación, ni la niegan, lo que en ambos casos debe realizarse de manera justificada. Sin que pase desapercibido que el oficiante expone las razones por los cuales no es posible llevar a cabo la vacunación; sin embargo, la aclaración se le solicitó a un profesional del área -médico que realizó la evaluación del menor- máxime que no se aprecia que el ocursante sea perito en medicina; y, por tanto, no puede atenderse?????????????? a la lógica jurídica, ni a la máxima de la experiencia, tomando en consideración que la ciencia sobre la que se debe ponderar la viabilidad de la inoculación a la menor es la medicina; y, no la jurídica, motivos por los cuales, este órgano jurisdiccional al no ser perito en la materia, forzosamente requiere una valoración concluyente por parte de un experto. Por tanto, con fundamento en el numeral 75, párrafo tercero de la ley de la materia, se requiere nuevamente al Departamento de Vacunología de Salud Pública del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud de la Entidad, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, de ser procedente dé su aval para que se lleve a cabo la vacunación de la menor de identidad reservada de iniciales J.E.M.A., o en su caso, lo niegue pero de manera justificada. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se le impondrá una MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a la información del registro federal de contribuyentes de la doctora Silvia G. Roldán Fernández, en su carácter de Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, que se requirió no ha lugar a otorgarle prórroga alguna, máxime que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se requirió al Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco, proporcionará dicha información, por lo que resulta innecesario solicitarlo de nueva cuenta. Finalmente, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de continuar con evasivas y el incumplimiento de la suspensión de plano concedida en autos, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por desacato a un mandamiento judicial. Notifíquese en términos de ley.

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