Pablo Aparicio Gomez

Expediente 1262/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1262/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Pablo Aparicio Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 1262/2021-VII-2 ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer ante este Juzgado Quinto de Distrito el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de dicha Ley, en contra del proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Pablo Aparicio Gómez, Adriana Hernández Jerónimo, Ana Chacón Martínez, Arturo Rodríguez Montero, David Gómez Santiago, David Manuel Sánchez Pérez, Federico Aparicio de Dios, Gabriel Aparicio Gómez, Guadalupe Ramón Bautista, Hermelinda Contreras Frías, Jesús Contreras Hernández, José de los Santos Gómez Tosca, Lidia Hernández López, Atilano García Vasconcelos, Rodolfo González Ventura, Rosa Ramos Bautista, Ygnacio Tosca de la Cruz, Ysidro Sánchez López, Alejandra Barrueta Díaz, María Jesús Magaña Soberano y Fidel Gómez Alberto, contra actos de la Delegada de la Procuraduría Agraria en el Estado de Tabasco. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo Décimo Primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó a su demanda de amparo, previa copia certificada que quede en autos las que se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el escrito signado por********** mediante el cual dan cumplimiento al auto preventivo de catorce de octubre del año en curso; en atención a su contenido; en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo1 este Juzgado de Distrito está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. DESECHAMIENTO. 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ?La convocatoria de uno de octubre de dos mil veintiuno, para la sensibilización para la implementación y actualización del reglamento interior del ejido Lázaro Cárdenas de Centro, Tabasco. Al respecto, el suscrito juzgador advierte que respecto de la determinación reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61,2 en relación con la fracción IV del numeral 107,3 ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La interpretación conjunta de las disposiciones en comento conducen a determinar que el juicio de amparo indirecto se puede solicitar contra actos 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 3 Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) dictados por autoridades jurisdiccionales o que tengan atribuciones materialmente jurisdiccionales, que se realicen fuera del juicio o cuando éste ha terminado; asimismo, que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo puede promoverse la contienda constitucional contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, donde además se pueden plantear todas las violaciones que se hubieran cometido durante ese procedimiento. Igualmente, se advierte que cuando se trate de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así lo dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, abril de dos mil dieciséis, Décima Época, a página 1066, del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En esa tesitura, conforme a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando los actos reclamados son emitidos después de concluido el juicio, éste únicamente procede en determinados supuestos, a saber: a) Respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados en ejecución de sentencia o laudo, el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o se ordena el archivo definitivo del expediente; supuesto en el que, de ser el caso, deberán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y, b) Cuando el acto reclamado, deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, es necesario destacar que la hipótesis de procedencia relativa a los actos dictados en ejecución de sentencia o laudo no es absoluta, pues admite diversas excepciones. Una de ellas se presenta al interpretar la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V,4 de ese precepto legal, dado que esta última contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector, por tanto, los supuestos de la primera, deben subsumirse en la segunda, de tal manera que contra los actos emitidos en el procedimiento de ejecución, incluyendo a los de remate y adjudicación, el amparo será procedente siempre que se afecten materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa (en su carácter de ejecutante o ejecutado), por tratarse de actos de imposible reparación, pero exclusivamente cuando esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada; esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución que se pretende ejecutar por ser aspectos ya discutidos y resueltos en forma definitiva, habida cuenta que desde que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Orienta esta consideración la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de dos mil once, a página 6, que a continuación se transcribe: 4 V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En concordancia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, sostuvo que al desestimarse en etapa de ejecución de sentencia, ciertas excepciones perentorias y sustanciales, como la de pago, compensación, pacto de espera o la prescripción del derecho de pedir ejecución, por ejemplo, se estarían generando situaciones de imposible reparación, por lo que en contra de la interlocutoria firme correspondiente, es procedente el juicio de amparo indirecto de manera inmediata. De la referida solicitud de modificación derivó la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, que se ubica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, mayo de dos mil once, a página 5, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Una diversa excepción, se desprende de la ejecutoria emitida el cinco de marzo de dos mil ocho por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-PS, cuya parte conducente a continuación se reproduce: "3. La razón de ser de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Precisamente tomando en cuenta esa garantía a que las decisiones se ejecuten tan pronto como sea posible, se crean normas como la establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. En otras palabras, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho remate. Algunos de dichos criterios se han plasmado en las siguientes tesis jurisprudenciales y aisladas: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." (.) "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." (.) "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." (.) Es verdad que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos dictados después del juicio sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; sin embargo, esta Primera Sala advierte que con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del Juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida. La consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Los fines de la norma no conducen sino al reconocimiento de que se trata de una regla general que admite excepciones, como cuando el acto que pretende impugnarse es aquel que frena la continuación de la ejecución. (.) El retraso en la ejecución de la sentencia, en caso de no encontrar justificación jurídica, genera para la parte que ya ganó un juicio una violación a su garantía de administración de justicia, que como se dijo ya, no sólo incluye el dictado de una sentencia que decida sobre los derechos, sino que, en el caso de que dicha resolución sea favorable, la misma pueda ejecutarse. Si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes. (.)" Así, del texto transcrito se advierte una excepción a la regla general aludida (consistente en que tratándose de actos de ejecución, el amparo solamente procede contra la última resolución dictada en esa etapa), que se actualiza cuando el acto reclamado impida que se continúe con la ejecución de la sentencia; es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución de la sentencia, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque si el acto reclamado impide la continuación de la ejecución, no puede llegarse a ese momento procesal, haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos, de imposible reparación ajenos a esa figura; de ahí que, en esa hipótesis también resulte procedente el juicio de amparo biinstancial de manera inmediata. Ahora bien, como se estableció en los párrafos que anteceden, la resolución reclamada se emitió dentro de un procedimiento de ejecución, dictada una vez concluido el juicio, ya que, en el expediente de origen se dictó sentencia definitiva, contra la cual se interpuso recurso de revisión, mismo que resolvió el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en el expediente 282/2018-29. Lo expuesto cobra relevancia pues, no obstante que el reclamo se ubica dentro de los actos emitidos una vez concluido el juicio, se aleja de lo establecido en el segundo y tercer párrafos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, pues no se considera como la última resolución dictada después de concluido el juicio, como los relativos a la ejecución de la sentencia y los procedimientos de remate. En cuanto a éstos, la propia disposición legal establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que: i. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, iii. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el Legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que ésta debe ser entendida como aquella que, como se estableció: a. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o; c. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En esos términos, indicó que en la Ley de Amparo se destaca la intención del Legislador, de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquellos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio y después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: 1) actos emitidos en ejecución de sentencia; y, 2) actos emanados de procedimiento de remate. Tal como se advierte de su contenido, el cual quedó plasmado en párrafos anteriores. En términos de lo anotado, se hace patente que la resolución de la sentencia dictada en el recurso de revisión 282/2018 dictado por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, no puede considerarse como la última determinación dictada en el mismo a que aluden los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ya que la convocatoria de uno de octubre de dos mil veintiuno, para la implementación y actualización del reglamento interior del ejido Lázaro Cárdenas de Centro, Tabasco no puede considerarse la última resolución en cumplimiento a dicha resolución; pues tal actuación será el proveído con el que se declare cumplida la sentencia dictada en el expediente 282/2018 del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México. Ahora, el artículo 191 de la Ley Agraria, preceptúa lo siguiente: "Artículo 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. Párrafo adicionado DOF 09-07-1993 En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Párrafo adicionado DOF 09-07-1993 Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo." En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto solamente es procedente contra la última resolución dictada en esa etapa, así como en las relativas al procedimiento de remate y adjudicación y, excepcionalmente, contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos -ajenos a la cosa juzgada- que sean de imposible reparación y contra aquéllos que obstaculicen en forma total, la continuación de la ejecución de manera que impidan el dictado de la última resolución. Ahora bien, con el fin de lograr un mayor entendimiento de la actualización de la causa de improcedencia en trato, es conveniente señalar que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo y en el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte lo siguiente: En cumplimiento a la sentencia de once de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 282/2018-29, en el cual los quejosos son parte actora, se emitió la convocatoria para la elección de órganos ejidales del Ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de centro, Tabasco, misma que se llevó a cabo el diecinueve de junio de dos mil veintiuno. De la reseña anterior se obtiene que los quejosos son actores del juicio de origen, y que la instancia se encuentra en etapa de ejecución. En este contexto, en el presente asunto cobra relevancia la regla de procedencia enunciada en párrafos precedentes, relativa a que cuando se trata de la etapa de ejecución de sentencia, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o se ordena el archivo definitivo del expediente. No obstante, la resolución reclamada no participa de dicha naturaleza, ya que los quejosos manifiestan que se cumplió solo una parte de la sentencia definitiva, ello en virtud de que el tribunal agrario al momento de efectuar la elección de órganos ejidales del Ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de centro, Tabasco, misma que se llevó a cabo el diecinueve de junio de dos mil veintiuno, debió recabar de oficio todo lo que a verdad sabida, como lo son los libros del ejido, el reglamento interno y el padrón ejidal, para efectos de que no participen personas que son ajenas a dicho ejido, y a efectos de dar debido cumplimiento al recurso de revisión 282/2018-29 del índice del citado tribunal agrario. Sobre esa base, se advierte que la resolución reclamada no reconoció el cumplimiento total de la sentencia, ni la imposibilidad de cumplirla, sino que solo tuvo por satisfecha una parte de la citada resolución, por lo que no encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto. Además, el acto reclamado tampoco actualiza alguno de los supuestos de excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que no goza de autonomía, tampoco se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos -ajenos a la cosa juzgada- que sean de imposible reparación y aquéllos que obstaculicen en forma total, la continuación de la ejecución de manera que impidan el dictado de la última resolución; esto, porque contrariamente a esos postulados, se advierte que el acto reclamado se dirige efectivamente a la ejecución de la sentencia, y no decreta su cumplimiento total, ni la imposibilidad de lograrlo, de ahí que se trate de una actuación intermedia en esa etapa. Entonces, en el extremo de que la parte quejosa estimara ilegal la resolución reclamada, tiene expedito su derecho de hacer valer los medios ordinarios y extraordinarios que procedan en contra de la determinación en la que se declare cumplida la sentencia, o la imposibilidad de ejecutarla, a través del cual, en su caso, podrían retrotraerse los efectos de los actos para analizar de nueva cuenta, una vez declarada cumplida dicha resolución. No se desconoce que los quejosos son parte actora en el juicio e origen, y que por tal razón pudiera suponerse que acude a esta instancia constitucional impugnando que el acto reclamado impide el cumplimiento de la sentencia; sin embargo, del contenido y naturaleza de la resolución combatida, se advierte que contrariamente a esa premisa, su objetivo es que se cumpla la condena, ya que incluso ordena que se lleven a cabo todas las acciones para ese propósito, y el hecho de que no resulten favorables los aquí inconformes, no significa que deba interrumpirse la ejecución de la sentencia agraria. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la presente demanda de amparo, respecto de la resolución reclamada por los quejosos.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el autorizado del quejoso,mediante el cual, solicita acceso de la sentencia dictada el once de septiembre de este año, esto es vía electrónica, de lo que, se le hace de conocimiento que sí puede acceder a la consulta de ésta, en razón de que tiene dado de alta su usuario lo que le permite el acceso al expediente electrónico, asimismo, que de una búsqueda en éste se aprecia que se vinculó de manera correcta dicha resolución...

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