Pablo Edmundo Castro Millan
Expediente 1159/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Pablo Edmundo Castro Millan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Oficios. Agréguense a los autos los oficios que remite el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 2, con residencia en esta ciudad, a los que anexa copia certificada de los proveídos de ocho de noviembre del año en curso, así como de los oficios números 2C.9.UAJ.DGLECN.DJC.04518.2023 y 2C.9.UAJ.DGLECN.DJC.04892.2023, signados por la Directora Jurídico Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Litigio Estratégico y Cumplimiento Normativo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por (1) XXXXXXXXX; y, atendiendo al contenido del mismo, se provee lo siguiente: Acceso al expediente electrónico. Respecto a la solicitud de acceso al expediente de manera electrónica; dígasele que deberá estar a lo acordado en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó la autorización respectiva. Ampliación de cuestionario -testimonial-. Por otra parte, téngase a la promovente ampliando el cuestionario relativo al desahogo de la prueba testimonial a cargo de (3) ********************; para todos los efectos legales conducentes. Prueba -reconocimiento de contenido y firma-. Ahora, respecto a la probanza ofrecida por la parte tercero interesada consistente en el reconocimiento de contenido y firma a cargo de la parte quejosa (4) ********************; está resulta inadmisible por equipararse a la prueba de posiciones, prohibida por el artículo 119 de la Ley de Amparo, cuando quien debe hacer el reconocimiento de firma es una parte procesal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "Registro digital: 162862 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 116/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 275 Tipo: Jurisprudencia DOCUMENTOS PRIVADOS. EL RECONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DE PERSONA AJENA AL JUICIO DE GARANTÍAS, NO ES EQUIPARABLE A LA PRUEBA DE POSICIONES PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO." En atención a lo anterior, se desecha la prueba consistente en el reconocimiento de contenido y firma a cargo de la parte quejosa (4) ********************. Prueba -pericial en grafoscopía-. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba pericial en grafoscopía; y, preparación para el desahogo de la misma, dese vista a las partes con el cuestionario, para que en un plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, puedan ampliarlo. Apercibimiento. Con el apercibido que de no hacerlo así en el término concedido para tal efecto, se les tendrá conforme con el cuestionario ofrecido por el oferente. Reserva. Finalmente, este Órgano Jurisdiccional se reserva pronunciarse respecto a la citación de (4) ******************** -quejosa-, (3) ******************** -testigo- y (5) ******************** -testigo-, para el desahogo de las pruebas testimonial e inspección judicial ofrecidas, hasta el momento procesal oportuno. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Competencia. Vistas las constancias que integran el presente contradictorio federal, se advierte que este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 fracción V, de la Constitución General de la República, 33, 34, 47 y 170 fracción I, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se considera que la competencia surte a favor del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud de que el acto que por esta vía constitucional se pretende combatir, resulta ser una resolución que pone fin al juicio natural y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, virtud de las consideraciones que se expondrán. Los artículos 33, 34 primero párrafo, 47 primer párrafo y 170 fracción I, todos de la Ley de Amparo los cuales rezan lo siguiente: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Los tribunales colegiados de circuito; III. Los tribunales colegiados de apelación; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley. Artículo 34. Los tribunales colegiado de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.). "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.). Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Lo expuesto en párrafos precedentes, pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente tres: a) Sentencias definitivas. b) Laudos. c) Resoluciones que ponen fin al juicio. En lo que aquí interesa, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, resultando oportuno recordar que conforme al principio de definitividad para efectos de la promoción del juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio constitucional. En la especie, en la demanda de amparo la parte quejosa reclama la resolución de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 2, con sede en esta ciudad, mediante la cual, determinó declararse incompetente por razón de la materia y declinarla en favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y, en el momento procesal oportuno, ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. La anterior resolución, en los términos establecidos, implica que el procedimiento respectivo no pueda reanudarse por una autoridad jurisdiccional, en tanto que, a quien se remite el conocimiento del asunto es a una autoridad administrativa, cuyas funciones no son jurisdiccionales, como se observa de lo previsto en el artículo 41, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual se transcribe a continuación: "ARTICULO 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de México, la elaboración de lineamientos para regular: a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; c) La elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las personas; d) Los procesos de planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, los relacionados a la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales y sus elementos; e) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda, y f) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la materia; III. Administrar el Registro Agrario Nacional; IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas; V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales; VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales; VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades; VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable; IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento; X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado; XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales; XII Bis.- Establecer mecanismos para el ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración; XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía; XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad; XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo; XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; XX. Promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial; XXII.- Participar en la definición de la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; XXIII.- Promover y propiciar el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento del territorio, desarrollo urbano y vivienda; XXIV.- Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; XXV.- Participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales, para su prevención y mitigación; XXVI.- Emitir opinión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los proyectos de inversión pública con impacto territorial, regional y urbano; XXVII.- Diseñar los programas de modernización de los registros públicos inmobiliarios así como los catastros, a través de la administración de la plataforma nacional de información a que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y XXVIII.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos." Sin que se soslaye el supuesto de la jurisprudencia 2a./J. 61/2012 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1156, Libro XII, del mes de Septiembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001808, cuyos rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. LA DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y SU REMISIÓN A OTRA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA NI UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución General de la República, así como de los diversos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se aprecia que el juicio de amparo directo procede: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. De esta manera, de acuerdo con lo que dispone el artículo 168 de la Ley Agraria, la resolución de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, ante quien se presentó la demanda de origen, que determina la remisión de los autos a la autoridad jurisdiccional del fuero común a quien estima competente para conocer del asunto, no puede considerarse como de aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal, porque no establece el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que motivaron la litis contestatio; ni una resolución que pone fin al juicio, sin decidir el conflicto jurídico en lo principal, porque tal determinación en modo alguno conlleva la conclusión del juicio, dado que el tribunal declinante previamente ordenó la suspensión del procedimiento y que, en todo caso, será el nuevo tribunal que acepte la competencia, el que lo reanudará. Consecuentemente, contra la declaración de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, al no constituir una sentencia definitiva ni una resolución que pone fin al juicio, es improcedente el juicio de amparo directo." Lo anterior, porque dicho supuesto no se actualiza en la especie, en tanto que de acuerdo con el criterio jurisprudencial transcrito, la resolución de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, que determina la remisión de los autos a la autoridad jurisdiccional del fuero común, no puede considerarse como de aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal ni una resolución que pone fin al juicio, porque tal determinación en modo alguno conlleva la conclusión del juicio, dado que el Tribunal declinante previamente ordenó la suspensión del procedimiento y que, en todo caso, será el nuevo tribunal que acepte la competencia, el que lo reanudará. Por ello, resulta inaplicable al caso concreto, en la medida en que el problema jurídico que dio origen a la jurisprudencia invocada, es diverso al supuesto que ahora se analiza, debido a que, como ya se estableció en párrafos precedentes, en la resolución reclamada no se ordenó remitir el expediente a un órgano jurisdiccional, sino a una autoridad administrativa. De ahí que, el juicio agrario promovido por la parte recurrente, en términos del artículo 163, de la Ley Agraria, ya no continuará; por el contrario, a través de la resolución reclamada de incompetencia y sin decidir el conflicto jurídico en lo principal, lo da por concluido; tan es así que, se determina que en su momento procesal oportuno se ordene el archivo definitivo del asunto. Encuentra sustento lo anterior, por las razones que expresa la jurisprudencia 2a./J. 41/2018 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1450, Libro 54, del mes de Mayo de 2018, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2016973, que dispone: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." En ese sentido, al tratarse de una resolución que puso fin al juicio, en su contra procede el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la interpretación armónica de los artículos 34, primer párrafo y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, permite afirmar que el amparo en la vía directa procede únicamente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que deciden el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En esa medida, si el acto reclamado no es impugnable en amparo indirecto, por ser una resolución que puso fin al juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, se declara legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo 1159/2023. Por lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales procedentes, solicítese el acuse de recibo correspondiente y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Precedente vertical. Cabe precisar que el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, adoptó similar criterio al resolver la queja administrativa número 193/2022, de su índice. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 2, con residencia en esta ciudad, agregado a los autos en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento. Virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y, se señalan las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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