P Joacim Sotelo Santana

Expediente 1245/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1245/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • P Joacim Sotelo Santana

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Tercero interesado. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del tercero interesado Gobernador del Estado, mediante el cual comparece al presente juicio. Apersona tercero. En atención al contenido del escrito de referencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene al citado tercero interesado por apersonado al presente juicio. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Delegados. Acorde con el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el oficio de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos, y dado que causó ejecutoria la sentencia dictada en la que se sobreseyó en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo.

  3. Principal

    en atención a que la parte autorizados del quejoso no atendieron el citatorio de 16 de diciembre de 2019 se notifica por este medio el auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por P Joacim Sotelo Santana, contra actos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1245/2019. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad responsable su informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Conocimiento de notificación a autoridad. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, con la salvedad que este órgano de control constitucional ordene lo contrario en las determinaciones que así lo considere necesario; dado que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Del escrito de demanda remitido por la parte quejosa, se advierte que les asiste el carácter de terceros interesados al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Tijuana. Emplazamiento. Por tanto, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), proceda el actuario adscrito a éste juzgado a emplazar por oficio a los referidos terceros interesados, en los domicilios precisados en el escrito de demanda, y les deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo, haciéndoles saber el día y la hora que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional. Prueba. No ofreció. Cotejo y compulsa. No procede ordenarla. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Téngase como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a virtud de encontrarse registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Héctor Horacio Meillon Huelga y Adrián Sánchez Velázquez, toda vez que no se encuentran registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a las personas autorizadas en términos amplios antes precisados , para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional le tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firma el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia, que en apoyo a esta determinación y como criterio orientador, se cita a continuación: "AUTORIZADO EN LOS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO PARA QUE SE LE RECONOZCA ESE CARÁCTER. Aunque es cierto que el citado precepto, en su párrafo segundo, establece que en las materias civil, mercantil o administrativa, los autorizados que las partes designen deberán acreditar que están legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, también lo es que dicha figura constituye un verdadero mandato judicial cuando se nombra en los amplios términos de dicho artículo, de suerte que le son aplicables las reglas contenidas en el Código Civil Federal, cuyo dispositivo legal 2547 es categórico en establecer que el mandato se reputa perfecto con la aceptación del mandatario, la que puede ser expresa o tácita. De ahí que resulte imperativo que aquel que sea designado autorizado en los términos mencionados, acepte y proteste el cargo conferido a fin de que el órgano de control constitucional le reconozca ese carácter. Además, en la medida en que los abogados acepten y protesten ese cargo, quedan protegidos tanto ellos como los que los nombran, puesto que puede suceder que una de las partes en el amparo designe a un autorizado sin que éste se entere y, por ende, que jamás participe en el asunto. Luego, si en el manejo del procedimiento constitucional hubiera negligencia, sería factible que al autorizado le finquen responsabilidades civiles, penales o administrativas, lo que no sería justo dado que no tuvo la oportunidad de comparecer al amparo; como tampoco lo sería el hecho de que, sin aportar nada al juicio, un autorizado reclamara el pago de honorarios por el solo hecho de habérsele investido como tal. Así mismo, es posible que una de las partes en el juicio de garantías tenga conocimiento que algún Juez o Magistrado se encuentra impedido para conocer de los asuntos en que participe o intervenga algún abogado litigante y, aprovechándose de esa situación, designe al profesionista como autorizado -sin que éste se entere- sólo para conseguir el impedimento del funcionario. Situaciones que se evitarán si los profesionistas del derecho aceptan y protestan el aludido cargo. (Época: Novena Época, Registro: 165604, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: III.5o.C.29 K, Página: 2014)" Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización precisada y, solo se les tendrá como autorizadas en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio.

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