Pablo de Jesús Ramos Velasquez

Expediente 260/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
260/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
13/04/2018

Partes del expediente

  • Pablo de Jesús Ramos Velasquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse sobreseído en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. En su momento se ordena depurar el original del incidente, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y por otra parte, negado la medida cautelar definitiva de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 36 a 39), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse sobreseído en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. En su momento se ordena depurar el original del incidente, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y por otra parte, negado la medida cautelar definitiva de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE QUINCE DE MARZO DE ESTA ANUALIDAD, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el fiscal del Ministerio Público investigador titular del Área de Investigación y Judicialización III, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, ténganse como delegados de la citada autoridad, a las personas que designa de conformidad con el numeral 9 de la ley en la materia. Ahora, cabe precisar, que en el caso concreto, la parte quejosa reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que es el Contenido del Oficio Número 01891030/2018, fechado 22 de febrero de 2018, y notificado a mi defensor legal, el día de hoy 02 de marzo de del cual, el fiscal del ministerio público investigador, en forma errónea, equivocada, unilateral, violatoria de los lineamientos en materia del nuevo sistema de penal oral, así como una clara y evidente violación directa a mis garantías de legalidad y seguridad jurídica DETERMINA QUE DEBERÉ DE PONER A DISPOCISIÓN EL VEHÍCULO DE LA MARCA: *************, TIPO: *************, COLOR: *************, MODELO: *****, SERIE: *************, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN ************* PARTICULARES DEL ESTADO DE CHIAPAS, en un término de 24 horas, con el APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO ME IMPONDRÁ UNA MULTA DE $2,209.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LO CUAL PROFIERE AL SUSCRITO UN \MENOSCABO, DETRIMENTO Y PERJUICIO EN MIS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO, como lo demostraré puntualmente en el capítulo respectivo, EN VIRTUD DE QUE EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, EMITE UN ACTO DE AUTORIDAD, SIN QUE LO FUNDE MUCHO MENOS MOTIVE, CONTRAVINIENDO LOS LINEAMIENTOS JURIDICOS, PREVIAMENTE ESTABLECIDOS". Por otra parte, en el informe de cuenta la responsable indicó que sí es cierto el acto que se le reclama, sin embargo, informó que con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho dejó sin efectos el contenido del oficio *************, lo cual, hizo del conocimiento del hoy quejoso a través de su apoderado; lo anterior, se corrobora con las constancias que adjuntó al referido informe (fojas 31-35). Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele del contenido del oficio *************, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el que se le requirió la entrega del vehículo marca: *************, tipo: *************, color: *************, modelo: ********, serie: *************, con placas de circulación ************* particulares del estado de Chiapas, y además, se le apercibió con aplicarle una multa en caso de que no lo hiciera. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho dejó sin efectos el contenido del oficio *************, lo cual, hizo del conocimiento del hoy quejoso a través de su apoderado; lo anterior, se corrobora con las constancias que adjuntó al referido informe (fojas 31-35), es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad (dos de marzo del año en curso), la autoridad responsable dejó sin efectos el oficio del que se dolía el quejoso. En ese sentido, deviene inconcuso que han cesado los efectos del acto combatido, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó allí huella alguna. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del cuatro de abril de dos mil dieciocho. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado agregado en esta fecha, en virtud de que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgador que en auto de doce de marzo del año en curso (foja 26), se dio vista a la parte quejosa para que señale el domicilio actual y correcto del tercero interesado *************, a efecto de que sea emplazado a este sumario; sin embargo, a nada práctico conduciría hacerlo, o en su caso, esperar a que transcurra el referido plazo, pues esta determinación no le irroga perjuicio alguno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitó********************, contra los actos reclamados al fiscal del Ministerio Público investigador titular del Área de Investigación y Judicialización III, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.

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