Pablo de Jesús Portillo Del Ángel
Expediente 861/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/10/2017
Partes del expediente
- Ignacio Vera Toledo
- Pablo de Jesús Portillo Del Ángel
- Pablo de Jesús Portillo Del Ángel y Otros.
- Ignacio Vera Toledo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso (fojas 239 a 241); en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. En su momento se ordena depurar el original del incidente, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y por otra parte, negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. En su momento se ordena depurar el original del incidente, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y por otra parte, negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, para que indicara la denominación correcta de las autoridades responsables Fiscales del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Control de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapas de Corzo, residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por inexistente a la autoridad responsable antes señalada, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado de autos, del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos señalaron como acto reclamado la orden de búsqueda, detención, presentación, aprehensión y su ejecución. En ese sentido, del oficio signado por el Juez de Control y Tribunales de Enjuciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, agregado al presente juicio en auto de veintitrés de septiembre pasado, se advierte que el once de septiembre de dos mil diecisiete, declaró extinguida la acción penal a favor de los quejosos *****. Con tal motivo, este juzgador determina que se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que con fecha once de septiembre del año en curso, se dictó auto en el que se declaró extinguida la acción penal a favor de *****, por haber dado cumplimiento al acuerdo reparatorio celebrado con la víctima, lo cual generó la cambio de situación jurídica con relación a la orden de aprehensión librada en contra de los solicitantes de la tutela federal, pues es evidente que ésta, jurídicamente quedó superada con la extinción de la acción penal, ya que para que acontezca se requiere como presupuesto que los inculpados se encuentren a disposición de la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, con el dictado del multicitado auto en el que se declaró extinguida la acción penal, cualquier violación que hubiera surgido con motivo de la orden de búsqueda, detención, presentación, aprehensión y su ejecución, reclamada en este juicio de amparo, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cesaron los efectos producidos por ésta, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de dicho auto de libertad, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentran al haberse sujetado a la parte quejosa en el proceso penal que se les instruye en su contra. Al respecto es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia número VI.1°.J/57, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VIII, agosto 1991, página 139, materia penal, registro 222078, que a la letra dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia IX. 1°.J/11, sustenta por el Primer Tribunal Colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, Marzo de 2003,publicada en la página 1454, registro 184699 de rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional". Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica de los quejosos *****, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración que mediante proveído dictado en esta propia fecha, dentro de los autos del juicio principal del cual deriva este cuaderno incidental, se suspendió comunicación con la autoridad responsable denominada Fiscales del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Control de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapas de Corzo, residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. En tales condiciones, se ordena suspender comunicación con la misma dentro del incidente de suspensión en que se actúa, por lo que, se declara sin materia este incidente de suspensión. Asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada mediante auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete (foja 87), para la celebración de la audiencia incidental, en virtud de lo expresado en el párrafo que antecede. Finalmente, en términos de lo previsto por la fracción III, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, es susceptible de destrucción una vez transcurridos los seis meses en que se dictó esta resolución interlocutoria contados a partir del día de su publicación; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese.
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