Pablo Cordova Hinojosa

Expediente 1713/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1713/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Pablo Cordova Hinojosa
  • Director de la Policia Ministerial En el Estado Y Subalternos. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    SE DECLARA FIRME el citado proveído, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia.

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Magnolia Alejandra López Sevilla; y en atención al mismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada por duplicado que solicita, autorizando para recibirla en su nombre a los licenciados Agustín Báez Martínez y/o Enrique Salazar Guerrero, previa razón de su entrega y recibo que se deje en autos.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Auxiliar Jurídico en Funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial correspondiente al Municipio de Tula, por medio del cual hace del conocimiento que en doce de septiembre de dos mil diecinueve, dejó sin efecto la orden de aprehensión girada con anterioridad en contra del aquí quejoso Pablo Córdova Hinojosa, y dictó auto de vinculación en contra del mismo; asimismo, remite un disco versátil digital (DVD), con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2004362, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. De las constancias mencionadas, se advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica en la carpeta procesal en la cual se dictó el acto reclamado, consumándose irreparablemente las violaciones que pudieron cometerse con tal acto de autoridad. Para justificar lo anterior, es necesario tener a la vista el contenido de la citada disposición legal, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" La causa de improcedencia de que se hace referencia encuentra su justificación en el hecho de que, al cambiar la situación jurídica, se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva etapa procesal, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquél para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Ahora bien, del análisis del precepto legal que prevé la causa de improcedencia en estudio, se advierte que, para la actualización de la misma, es necesario que concurran los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ilustra lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, a página 219, que al rubro dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Bajo las anteriores consideraciones, debe decirse que se colman las exigencias en estudio, en virtud de que de las constancias remitidas por el Auxiliar Jurídico en funciones de Encargado de la Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, correspondiente al municipio de Tula, Tamaulipas, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: Que por auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta procesal 0037/2016 se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso por hechos señalados como delito de homicidio culposo. De lo anterior, es inconcuso que al haberse vinculado a proceso al aquí quejoso, dio lugar a que quedaran irreparablemente consumadas las violaciones que se le pudieron haber ocasionado con el mandamiento de captura ordenado reclamado, al operar un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. A la luz de lo considerado, si en la especie lo que reclama el quejoso en esta vía es la orden de aprehensión librada en su contra, debe considerarse que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que de las constancias de autos, se advierte que por auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta procesal 0037/2016 se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso por hechos señalados como delito de homicidio culposo; por lo que al reclamarse la orden de aprehensión, se tiene que con posterioridad a ésta se decidió la situación jurídica de dicho quejoso, decretando en su contra auto de vinculación a proceso; de tal suerte, que siendo autónomas e independientes las fases del procedimiento penal, lógico es que no se podría analizar la orden de aprehensión, si de por medio existe el auto de vinculación a proceso dictado en contra del propio inconforme, pues con este marco de referencia, resulta evidente que las violaciones que pudieron haberse con la orden de aprehensión reclamada, quedaron consumadas irreparablemente, al haberse dictado dentro del procedimiento respectivo el citado auto de vinculación a proceso, y ante esta circunstancia, desde luego que no podría decidirse sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión, sin afectar la nueva situación jurídica creada con el auto de referencia. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la resolución que provocó el cambio de situación jurídica, se hubiera dictado después de que se produjo la orden de aprehensión, pues el criterio que tomó en cuenta el legislador al establecer la causal que se estudia, esencialmente consiste en la irreparabilidad de las violaciones cometidas, cuya posible enmienda (en el caso de entrar al fondo de la litis constitucional y conceder el amparo), pudiera afectar la situación creada con un acto procesalmente posterior al reclamado en el juicio de amparo. En otras palabras, la frase "nueva situación jurídica", no alude exclusivamente a un mero aspecto cronológico, sino fundamentalmente a las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso, y así, en la especie se presentan las dos que dan vida a la causal de que se habla, siendo la antecedente aquella en la que se encuentra el acto reclamado (orden de aprehensión); y la subsecuente, la relativa al auto de vinculación a proceso. Por ende, resulta evidente que al pronunciarse la segunda de las etapas aludidas, cambió la situación jurídica que prevalecía en la etapa procesal correspondiente. En las relatadas condiciones, este órgano está imposibilitado para analizar las violaciones esgrimidas respecto de la orden de aprehensión reclamada, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, es decir, el quejoso no puede sustraerse de esta situación generada al haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso; y por tanto, no podría restituírsele en el goce del derecho fundamental violado, por ser imposible la reposición de un procedimiento, cuyas fases son autónomas y extintivas. Por identidad de razón, cobra aplicación a lo aquí considerado la tesis de jurisprudencia 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Asimismo, se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), visible en la página 2482, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." De igual forma, se cita la tesis II.2o.P.20 P (10a.), consultable en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. En tal índole, es manifiesto el cambio de situación jurídica referido, a virtud de lo cual se surte la causal de improcedencia anotada, y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XVII del diverso 61, ambos de la ley de la materia. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y un minutos del uno de octubre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Se declara cumplida la ejecutoria.

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