Pablo Alvarado Zurita

Expediente 1588/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1588/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • GUADALUPE DEL ROSARIO ALVARADO SANTILLANA y Otros.
  • PABLO ALVARADO ZURITA y Otros.
  • Pablo Alvarado Zurita

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como en derecho corresponda el escrito signando por la autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico, a fin de consultar, promover y notificarse. En tal virtud, toda vez que la referida profesionista, proporciona el nombre de usuario y correo electrónico, para los efectos legales correspondientes. Ahora, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario ********************y correo electrónico gael-19911@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa y vía correo electrónico y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa acompañado del licenciado Edgar Iván Cruz Lerma Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "A diez de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria, doy cuenta al Juez, con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste.-Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que los quejosos ********************, hayan interpuesto recurso alguno en contra del auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "Vista la cuenta que antecede, téngase a Guadalupe del Rosario Alvarado Santillana y Pablo Alvarado Zurita, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Xicoténcatl, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1588/2022. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así como en la jurisprudencia número 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el presente asunto los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en la falta de llamamiento o notificación al juicio sucesorio intestamentario número 128/2022, a bienes de Servando Alvarado González, así como la designación de herederos que se realizó dentro de dicho expediente, a favor de Audelia, Martin y Mercedes, todos de apellidos Alvarado Zurita. Puntualizado lo anterior, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 172, fracción I y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;" En términos de las disposiciones citadas, el juicio de amparo procede contra actos dentro del juicio, solamente cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre estos actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que son aquellos susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, toda vez que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a la esfera jurídica del gobernado y, en caso de que no sea así, que el quejoso no obtenga fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. En ese sentido, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción al amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impiden el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo lo anterior, -en lo conducente-, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." [El énfasis es añadido]. En el caso, los quejosos centraron su acto reclamado como la falta de llamamiento, y designación de herederos por el Juez responsable, en los autos del expediente 128/2022 de su índice, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio. Asimismo, conviene destacar lo relatado por los quejosos en el apartado de antecedentes del acto reclamado, donde bajo protesta de decir verdad, manifestaron que: "1.-Los suscritos quejosos somos nieta (heredera por estirpe) e hijo del autor de la sucesión intestamentaria número 128/2022, tramitado ante la responsable y en la cual es de suponer que se declararon presuntos herederos a los hoy quejosos AUDELIA, MARTIN Y MERCEDES, de apellidos ALVARADO ZURITA, desconociendo a quien se le haya designado Albacea, ahora bien el parentesco deviene y como lo acredito con las copias certificadas de las actas de Defunción a nombre de SERVANDO ALVARADO GONZÁLEZ, Acta de Nacimiento y de Defunción a nombre de PEDRO ALVARADO ZURITA (en el carácter de hijo del extinto SERVANDO ALVARADO GONZÁLEZ) Acta de Nacimiento a nombre de la suscrita quejosa GUADALUPE DEL ROSARIO ALVARADO SANTILLANA, (hija del extinto PEDRO ALVARADO ZURITA, Y EN EL CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN DE MI EXTINTO PADRE DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 159/2017, (POR LO QUE REPRESENTO LA SUCESIÓN PARA HEREDAR POR ESTIRPE DENTRO DE LA SUCESIÓN DEL EXTINTO SERVANDO ALVARADO GONZÁLEZ), y el suscrito quejoso PABLO ALVARADO ZURITA, en el carácter de hijo del autor de la sucesión SR. SERVANDO ALVARADO GONZÁLEZ, así mismo nos permitimos exhibir copia certificada del acta de nacimiento de COHEREDERO LAURO ALVARADO ZURITA, (DESAPARECIDO O AUSENTE DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 1988 EN EL ESTADO DE OAXACA, HABIENDO SALIDO DE MATÍAS ROMERO, AJUCHUAN DE ZARAGOZA Y DE AHÍ ATEHUANTEPEC) por lo que los suscritos tenemos derecho a heredar por estirpe la primera y el segundo EN EL CARÁCTER DE HIJO DEL DE CUJUS, y LAURO ALVARADO ZURITA O SU ESTIRPE en el carácter de HEREDEROS POR ESTIRPE, por lo que tenemos el derecho a heredar en igualdad de condiciones, que los terceros interesados, entroncamiento que demostramos con las respectivas actas de Defunción y nacimientos que se exhiben en original. 2.-Ahora bien, una vez que nos percatamos de la tramitación del presente Juicio Sucesorio, de manera especial la suscrita acudí al domicilio particular de mi tía SRA. MERCEDES ALVARADO ZURITA, para decirle el porqué no se nos había informado del trámite del Intestamentario y dijo que si me había hablado el 18 y 19 de Junio que fue en la fecha que ella firmó un papel que le envía mi tía AUDELIA, y que según le habían dicho que nosotros si sabíamos, a lo que le respondí pues a nosotros nunca nos notificaron y nos debieron de notificar al igual que a mi tío PABLO ALVARADO ZURITA Y A LA ESPOSA DE MI TÍO LAURO ALVARADO ZURITA, ya que mi tío LAURO ALVARADO ZURITA, se encuentra desaparecido desde Diciembre de 1988, en el Estado de Oaxaca; más sin embargo sí vive su esposa LILIA ANTONIA RODRÍGUEZ ESCOBAR, Y SUS HIJAS GEMELAS LAURA ISABAEL Y LILIAN, DE APELLIDOS ALVARADO RODRÍGUEZ; pues ni los suscritos ni la esposa del DESAPARECIDO O AUSENTE LAURO ALVARDO ZURITA, no fuimos llamados a Juicio, ni debidamente notificados de la radicación del multicitado Intestamentario, o quizás omitieron o falsearon ante la Responsable la existencia de los demás coherederos, más sin embargo si saben de nuestra existencia, pues como lo repito no fuimos notificados en la forma prevista por la ley." En virtud de lo anterior, se afirma que dicho acto (la falta de llamamiento al juicio y designación de herederos en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario), no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los aquí quejosos están en posibilidad de comparecer al sumario de origen a solicitar que se les reconozcan los derechos hereditarios que a su decir les asisten, ya que de la relación de antecedentes se aprecia que dicho proceso no ha concluido por sentencia definitiva, es decir, la que apruebe la cuarta sección -partición y adjudicación- por lo que de obtener los promoventes una resolución acorde con sus intereses, una vez que hayan comparecido a dicho sumario y el juez del conocimiento les reconozca el carácter de herederos, la violación que ahora constituye el acto reclamado quedará extinguida sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y en caso de que no obtengan un fallo favorable, estarán en condiciones de hacer valer tal violación en el recurso de apelación que intenten, o eventualmente en el amparo contra la determinación de segunda instancia que les desconozca tal carácter. Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Febrero de 1993, página 262, registro 217310, de la literalidad siguiente: "HEREDEROS PRESUNTOS. NO PUEDEN RECLAMAR EN EL AMPARO LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO SUCESORIO. No es el juicio de amparo en donde se puede determinar, de primera intención, el que una persona tenga el carácter de heredero en un juicio sucesorio, dado que esas facultades se reservaron para la potestad común, ya que en la ley adjetiva se establecieron los procedimientos especiales, como el juicio de petición de herencia o, en su caso, el incidente de petición de herencia que puede tramitarse en el juicio natural, que son precisamente los idóneos para hacer la declaración de herederos respectiva; y sólo en el caso de que la autoridad común negara tal reconocimiento, y una vez agotado el principio de definitividad, hasta entonces se podría ocurrir al juicio de amparo. Por tanto, cuando se señale como acto reclamado la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio, por quien considera tener el carácter de heredero en relación con los bienes de la sucesión, el juicio de amparo resulta improcedente; puesto que mientras no exista la declaratoria por autoridad competente en cuanto a su calidad de heredero, no puede estimarse afectado su interés jurídico; actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción V de la Ley de Amparo; razón por la cual procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." También, es aplicable por las razones que informa la tesis emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2258, registro 161455, que al efecto se transcribe: "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL. El juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que se integra de cuatro etapas (independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado) que se encuentran contenidas en los artículos 785, 786, 787 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales, incluso, pueden iniciarse simultáneamente, tal como lo establece el artículo 784 de dicha legislación procesal, de no existir impedimento jurídico alguno. Las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida esa etapa, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio (son impugnables, una vez cumplido el principio de definitividad, en amparo indirecto), sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición y adjudicación de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento, es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, la aprobación de los inventarios y avalúos de los bienes integrantes de la masa hereditaria y la administración de bienes. En consecuencia, los conceptos de violación que se expresan en un juicio de amparo directo deben tener relación con la cuarta sección y no con las otras tres secciones, ya que lo determinado en éstas no es materia de examen en ese juicio." Sin que en el caso concreto, sea obstáculo que los quejosos, manifiesten que no fueron llamados, ni han sido oídos ni vencidos en juicio, ni se le ha otorgado oportunidad de defensa en el sumario a que se ha venido haciendo referencia, pues al respecto es importante destacar, que el Máximo Tribunal del País ha definido que cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad, y el promovente del amparo tiene conocimiento del juicio seguido en su perjuicio antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, se estima que no se le dejó en estado de indefensión. Ello es así, pues tuvo la oportunidad de alegar y defenderse, antes de que se pronunciara la resolución definitiva correspondiente en perjuicio de sus intereses, toda vez que si bien es cierto que la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural, no obstante que no se encuentre firme. Lo anterior es así, pues si se toma en consideración que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio natural del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de la sentencia del juicio natural, resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño el quejoso que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada, o bien, se le haya reconocido alguna calidad en dicho juicio en términos de ley, o tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal o del llamamiento a juicio, antes de que se dicte la sentencia correspondiente, pues en tales condiciones, dicho quejoso tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan establecidos en la legislación procesal común, antes de promover el juicio de amparo. Resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia que cita el propio quejoso en su demanda, identificada con el número 2a./J. 47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293 del tenor: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De igual forma, sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004274, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Sin embargo, esa sola falta de llamamiento a juicio, en el caso, no los faculta para instar la acción constitucional, pues como ya se dijo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio natural no ha concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, sino que por el contrario, señalan en su escrito de demanda que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se dictó resolución de primera sección dentro del expediente 128/2022, por lo que el amparo promovido por los quejosos para reclamar la falta de llamamiento a aquél, deviene improcedente, ya que tienen a su alcance la posibilidad de apersonarse en el procedimiento natural y hacer valer los recursos ordinarios que estimen pertinentes en defensa de los derechos que a su parecer le asisten. De igual forma, sustenta lo anterior, la diversa tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, Febrero 2008, novena época, página 2270, registro 170323, de rubro y textos siguientes: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." En mérito de lo narrado, se concluye que la omisión de llamamiento al juicio, así como la designación de herederos, en el juicio sucesorio intestamentario 128/2022 que combate los quejosos, no constituye un acto de ejecución irreparable, toda vez que la afectación no rebasa lo meramente adjetivo. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia en perjuicio de los promoventes, en virtud de que las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Primera Parte, XCIX, página 41, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Alvarado Santillana, por no acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a los promoventes."

  4. Principal

    Se agrega el oficio 12209/2022 firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria de quince de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo en revisión 225/2021, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Queda FIRME el sobreseimiento decretado en relación con la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables Dirección de Seguridad y Operación Penitenciaria y Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, ambas de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 2312/2019 (auxiliar 31/2021) del registro administrativo del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Coahuila de Zaragoza, promovido por Sergio Salvador Maldonado Salas contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Secretaría; Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, ambas de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria." En consecuencia, acúsese recibo; agréguese el testimonio de referencia al expediente original que se recibe, así como el cuadernillo que se formó en ausencia del mismo, únicamente las constancias originales, dado que las restantes copias certificadas corren agregadas a los presentes autos. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de mérito, para los efectos legales procedentes. Previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia...Notifíquese.

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