Pablo César Sandoval Mandujano
Expediente 838/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pablo César Sandoval Mandujano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Remite copia autorizada de ejecutoria. Agréguese a los presentes autos y acúsese recibo del oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja administrativa 170/2021, interpuesto por la parte promovente del amparo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente judicial. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Acusa recibo de constancias. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 14920, al cual se acompañó copia certificada del cuaderno de amparo en que se actúa, así como el original y copia del escrito de agravios relativo al recurso de queja interpuesto en autos. Además, de la comunicación se obtiene que se admitió el aludido medio de impugnación, el cual se identificó con el número 170/2021. Se pone a disposición consulta electrónica de expediente. Finalmente, como lo solicita el tribunal oficiante, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que ponga a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de septiembre del año en curso; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 97, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en la actuación referida en el párrafo que antecede, se desechó la demanda de amparo al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo, a efecto de que el tribunal de alzada esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que, por el estado procesal que guarda el presente asunto, no existen diversas partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Se recibe escrito aclaratorio. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Pablo César Sandoval Mandujano, a través del cual, en cumplimiento a la prevención formulada en autos, respecto al primer punto manifiesta que se pretende reclamar en el presente asunto únicamente "(.) la negativa de entregar mis cheques de salarios devengados correspondientes desde el día 15 quince de agosto del año 2020 dos mil veinte al 15 quince de abril del año 2021 dos mil veintiuno, retenidos por la encargada de despacho de enlace Administrativo, Adscrita a la Secretaría de Operación Policial (.)"; por lo que ve al segundo punto, desiste de señalar como responsable al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Análisis de procedencia. Los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: "Registro digital: 199459 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118 Tipo: Aislada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba". "Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. En el caso, el acto reclamado consiste en la negativa de entregar los cheques correspondientes a salarios devengados, del quince de agosto de dos mil veinte al quince de abril del año en curso, atribuido a la encargada de despacho de enlace administrativo, adscrita a la Secretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como se advierte de lo expuesto, el acto reclamado deriva de una relación jurídico laboral, en la que la autoridad señalada como responsable tiene el carácter de patrón (mas no de autoridad) y el quejoso de empleado; de ahí que cualquier reclamación que se pretendiese realizar tendría hacerse en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado en la demanda, sería el resultado de una acción efectuada por aquel ente en su calidad de patrón. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales en favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que en el presente juicio se deduce que el quejoso lo promueve en cuanto auxiliar jurídico del Departamento Legal de la Subsecretaría de Operación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De ese modo, aun cuando la encargada de la citada Subsecretaría, pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de alguna de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho entes o aquellos en los que intervengan, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior los siguientes criterios: "Registro digital: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 8/2012. Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Queja 63/2013. Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Queja 104/2013. Aldo Rubén Macías Domínguez. 24 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. Queja 37/2015. Andrés García Alcántara. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Queja 5/2016. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". "Registro digital: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 56/2013. Juan Manuel Gutiérrez González. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Juan Carlos Amezcua Gómez. Amparo en revisión 90/2013. Adriana Gerónima Sánchez Jiménez. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí Cázares. Queja 52/2013. J. Guadalupe Rodríguez Orozco. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: José Luis Andalón Gutiérrez. Queja 75/2013. Griselda Ruiz Romo. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel Arévalo Mascareño. Amparo en revisión 116/2013. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretaria: Carmen Cecilia Medina Peralta". En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior al segundo, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno al actos reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia y las diversas autoridades. Lo anterior es así, ya que del estudio de la demanda de amparo no se advierte el acto reclamado derive de un procedimiento administrativo; de ahí que, se reitera, los actos reclamados derivan de una relación jurídica patronal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía laboral. Son aplicables, por identidad jurídica, los de rubros siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO."; "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE."; y, "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pablo César Sandoval Mandujano, por propio derecho, contra actos de la encargada de despacho de enlace administrativo, adscrita a la Secretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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