Oxner Arturo Martínez Botello
Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Oxner Arturo Martínez Botello
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Avocamiento de Juzgado de Distrito. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación que obra al rubro, se obtiene de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], se constató que en auto de diez de junio del año en curso, con motivo de la incompetencia legal planteada por este órgano jurisdiccional, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ma. del Carmen Martínez Botello, quien se ostentó apoderada del quejoso Oxner Arturo Martínez Botello, expediente que se registró con el número de amparo 350/2022; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. No obstante que dicho órgano jurisdiccional fue omiso en informar su determinación respecto a la incompetencia legal planteada, se estima innecesario requerir dicha información, pues lo relatado en el párrafo que antecede resulta un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Vista con estado de autos; se ordena archivo. Por otra parte, de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Se ordena archivo físico y valoración del expediente. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no existe documento en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con los mismos, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran tres años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el propio acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. Razón actuarial; notificaciones por lista. Vista la razón levantada por el Actuario de la adscripción, se obtiene que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el auto de treinta y uno de mayo pasado, por los motivos ahí expuestos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la referida actuación, así como las subsecuentes notificaciones que deban hacerse a dicha parte, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio para tal fin. Cúmplase y notifíquese por lista el auto de treinta y uno de mayo pasado a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE FECHA 06 SEIS DE JUNIO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL DIVERSO AUTO DE FECHA 31 TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Análisis sobre competencia legal. Vista la demanda promovida por Ma. del Carmen Martínez Botello, quien se ostenta apoderada del quejoso Oxner Arturo Martínez Botello, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán; se acuerda lo siguiente. En principio, se destaca que la competencia legal se considera como aquella facultad de que goza el juez en lo particular para ejercer su jurisdicción, es decir, la capacidad para conocer de determinados asuntos atendiendo a la materia, a la cuantía, o bien, al territorio. Luego, la competencia por territorio se establece por el ámbito geográfico donde el juzgador ejerce su jurisdicción. En la especie, se considera que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del libelo de cuenta por razón de territorio, pues los actos de afectación material que reclama la parte promovente tuvo, tiene o tendrá ejecución en Uruapan, Michoacán. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del dispositivo transcrito se desprende, que existen tres hipótesis para determinar qué juzgado de Distrito es el competente para conocer de un asunto en particular, a saber: a) Será competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; c) El juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material; En ese sentido, cabe hacer notar que de acuerdo a sus efectos existen tres tipos de sentencias, a saber, de condena, declarativas y constitutivas. La primera de dichas resoluciones (de condena), conlleva por sí misma una ejecución, entendiéndose por ésta, aquélla actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a poner en marcha un aparato coactivo, capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Así, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material, cuando sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre reflejo material en la realidad. La sentencia de condena es aquélla en que por una parte se declara un derecho a alguna de las partes, el que precisa ser puesto en práctica a través de una ejecución; es decir, reconoce la existencia de un derecho, que puede consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer, y por otra parte ordena una ejecución forzosa dentro de un plazo determinado, haciendo efectivo el derecho declarado, en contra de la parte condenada. En cambio, la segunda y tercera resoluciones que se clasifican (declarativas y constitutivas), carecen de ejecución material, ya que no requieren la realización de acto alguno posterior a la declaración o constitución del derecho obtenido por la parte interesada. De esa forma, se entiende por sentencia declarativa, aquella que únicamente tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho, sin que implique crear, modificar o extinguir una relación o situación jurídica en favor de determinada persona, ni mucho menos imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. En cambio, las determinaciones constitutivas, son aquéllas que crean, modifican o extinguen una determinada relación, situación o estado jurídico, cuyos efectos se extienden hacia el futuro. Se caracterizan porque con ellas nace una nueva situación jurídica que determina la aplicación de nuevas normas de derecho, por ende, al igual que la sentencia declarativa, por regla general, no requiere ejecución, pues sus eventuales efectos, si bien derivan de la propia sentencia que crea, modifica o extingue la relación o situación jurídica correspondiente, ya no forman parte de un procedimiento de ejecución por parte del tribunal, sino del actuar o gestión propia del vencedor. Ahora, en el caso, el promovente señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y como acto reclamado los autos de diecisiete y dieciocho de mayo en curso, dictados dentro del juicio ordinario familiar 765/2012, sobre reconocimiento de paternidad y fijación de pensión alimenticia, a través de los cuales se negó girar oficio como medida precautoria a la autoridad registral, con sede en aquella ciudad; así como dejar sin efectos la suspensión del procedimiento con motivo del recurso de apelación interpuesto en dicho controvertido, respectivamente. Bajo ese contexto, si bien el primer acuerdo reclamado no tiene materialmente una ejecución, resulta innecesaria una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; sin embargo, desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio. Además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. Por su parte, el segundo proveído que se reclama sí tiene una ejecución material, pues al levantar la suspensión del procedimiento decretada en actuación de cuatro del mes y año en curso, implica continuar con el procedimiento. Por lo anterior, el suscrito considera que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver de la demanda de amparo que promueve Ma. del Carmen Martínez Botello, quien se ostenta apoderada del quejoso Oxner Arturo Martínez Botello, toda vez que por una parte las consecuencias de la negativa reclamada conllevan efectos positivos y, por otro lado, el diverso acto reclamado conlleva una ejecución material. Anotado lo anterior, si en la especie el juicio familiar de origen se tramita ante el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de conformidad con la regla estatuida en los párrafos primero y tercero del referido precepto 37 de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito con sede en aquella ciudad. En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda, se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, al Juez de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, en turno, que se considera competente legal, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias que integran el cuaderno en que se actúa; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Por los motivos que las sustentan, se invocan las tesis del rubro y texto siguientes. "Época: Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen: 199-204, Cuarta Parte Página: 12. Materia: Común. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un juez de Distrito, pero los actos reclamados deban ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". "Registro digital: 2005170 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: VII.1o.C.2 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107 Tipo: Aislada COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica en la demanda; asimismo, dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene como su autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Susana Elena Álvarez Zambrano y Jorge Eduardo Ramos Chávez, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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