Pablo Cesar Conteras Rojas

Expediente 998/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
998/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2016

Partes del expediente

  • Pablo Cesar Conteras Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por P********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción I, del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió como pruebas en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas con el expediente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ------------ por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia V, con sede en Salamanca, Guanajuato, y otra autoridad, que considera violatorios en perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, téngase por recibido el escrito mediante el cual solicita la expedición de copias, por tanto, en atención a su contenido, como lo solicita el ocursante, se provee: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa copias simples de las constancias que indica, previa razón de recibo que se deje en autos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 998/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, previo a proveer respecto de la procedencia de la demanda planteada, es precisar el acto reclamado, el cual se hace consistir en: - La detención y resguardo del vehículo -------------------, del cual señala ser propietario. Una vez precisado el acto reclamado, procede a realizarse el estudio de la demanda de amparo y sus anexos, a fin de verificar la procedencia de la misma, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: - A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame. - A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. - A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Bajo ese tenor, el legislador dispuso de tres momentos a partir de los cuales debe contabilizarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda de amparo. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que de constancias se advierta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, se tiene que la parte quejosa, en su escrito de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, en el apartado segundo manifestó bajo protesta de decir verdad: ". SEGUNDO.- En fecha 06 de septiembre del año 2016 siendo aproximadamente las 16: 17 acudieron a mi domicilio que se encuentra ubicado en la -------------, un auto negro marga ------------ sin ningún tipo de eslogan o identificación de que perteneciera a alguna corporación policiaca, dicho auto venía acompañado de otro vehículo color blanco de la marca -----------------; de lo autos descritos con anterioridad descendieron tres individuos del sexo masculino y uno más del sexo femenino, los cuales sin identificarse y sin mi autorización ni mostrando algún tipo de orden emitida por autoridad ministerial o judicial alguna procedieron a realizar una revisión en mi vehículo marca ------------------, del cual al soy propietario: dicho vehículo se encontraba en la entrada de mi cochera la cual es parte de mi propiedad privada como lo es mi casa habitación, porque lo estaba lavando una persona de mi confianza: las personas que descendieron de los vehículos comenzaron a revisar mi vehículo en la parte del chasis aplicando algunas sustancias que desconozco, y sin mediar algún tipo de palabras uno de los policías del cual pude identificar que se trataba de un oficial de las fuerzas de seguridad pública del estado debido a que portaba uniforme de dicha corporación, ingreso a mi vehículo y como se encontraban las llaves en el encendido del auto procedió a ponerlo en marcha para llevárselo de mi domiclio sin mi autorización, Quiero manifestar que el suscrito que al cuestionarlos porqué se habían. Quiero manifestar que el suscrito que al cuestionarlos porqué se habían llevado mi vehículo, los policías ministeriales solo indicaron que lo levarían al ministerio público: el suscrito me subí de manera voluntaria a: vehículo color blanco identificado con las siglas F.S.P.E. y me llevaron al Ministerio Público del Fuero Común que se encuentra ubicado en la Plaza Xidoo en la Calle Lázaro Cárdenas s/n colonia Tamaulipas en la ciudad de Salamanca, Gto., en donde el Agente del Ministerio Publico Numero V me proporciono el número de carpeta de Investigación Numero ----------, manifestándome que el vehículo quedaría puesto a disposición por al parecer era un vehículo robado.". [Lo resaltado es por este juzgado]. Por tanto, se considera que fue a partir del seis de septiembre de dos mil dieciséis, es que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama, consistente en la detención y resguardo del vehículo -------------, del cual señala ser propietario; pues, tal y como lo narró bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, en específico, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el seis de septiembre de dos mil dieciséis, fue testigo directo de cómo agentes policiales procedieron a llevarse el vehículo de mérito de su domicilio, con dirección a la Agencia del Ministerio Público número V de la ciudad de Salamanca, Guanajuato; asimismo, en esa misma fecha se cercioró al entrevistarse con el titular de dicha representación social, que la detención y resguardo del bien motriz, fue ordenado por dicho fiscal, con motivo de la investigación del delito de robo de vehículo. Lo que hace patente que el quejoso conoció de manera directa respecto de los actos que por esta vía reclama, desde el mismo día seis de septiembre de dos mil dieciséis, y en ese sentido, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente; de ahí que si la quejosa tuvo conocimiento cuando menos, desde la citada fecha, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del siete al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre de la presente anualidad, por resultar inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, ya no puede ser analizado, porque lo consintió tácitamente, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el numeral 17 de la Ley de la Materia. En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Por otra parte, se autoriza en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a las personas que indica en su ocurso de cuenta, toda vez que no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Por último, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la sentencia y demás resoluciones, en correlación a lo dispuesto en los artículos 110,113,117,118,119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán sus datos personales por constituir información confidencial, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido.

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