Pablo César Blancarte Anguiano (apoderado legal)

Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
140/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Pablo César Blancarte Anguiano (apoderado legal)
  • Pablo César Blancarte Anguiano (apoderado legal) y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remite un legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo 140/2022, así como el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja penal *********** de treinta de marzo de dos mil veintidós, que en su parte resolutiva determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo vía electrónica. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese al sumario el oficio con evidencia criptográfica remitido por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por el que informa que se admitió el recurso de queja planteado por **********, con el carácter de director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, en contra del proveído de once de febrero del presente año -en el que se desechó la demanda de amparo-, bajo el número 36/2022.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por Pablo César Blancarte Anguiano, con el carácter de director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de once de febrero del actual año, en la que se desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, el escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Principal

    Principal 140/2022-5. Promoción 1395. En once de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la demanda de amparo -con anexo en copia certificada-, así como seis copias de la misma, registrada con el número 1395. Conste. Celaya, Guanajuato, once de febrero de dos mil veintidós Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por **********, con el carácter de director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato; en contra de un acto del magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 18 constitucional. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 140/2022-5. ? Desechamiento Al respecto, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y su aclaración, para de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En el particular, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado:  La resolución de **********, pronunciada en el toca ********** del índice de la sala penal responsable que revocó la diversa determinación de **********, dentro de la causa penal ********** y su acumulada **********, que había calificado de legal la determinación administrativa del traslado de la persona interna **********-señalado como tercero interesado-, del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, al centro similar ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 6 y 7, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, es una persona moral pública y el acto reclamado solo afecta el ejercicio de su función, no así su patrimonio. Para demostrar lo anterior, resulta pertinente transcribir lo que disponen esos preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Conforme al primero de los artículos reproducidos, el juicio de amparo será improcedente, cuando dicha improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. El siguiente numeral establece que el juicio de amparo solo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o por cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado. Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, al tratarse de relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Sobre el tópico, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal en el país, al resolver la contradicción de tesis 374/2016, determinó que la disposición establecida en este precepto normativo no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, que además, constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan promover amparo, por lo que de no actualizarse esta hipótesis, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación para interponer ese medio de control constitucional. Ello obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. De manera que, la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus intereses particulares -defensa de su patrimonio-, lo cual, lo coloca en un plano de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines, provocando que se encuentre en aptitud de poner en ejercicio los medios que la ley le concede a las personas, como el juicio de amparo1. En ese sentido, para que se transgredan derechos de personas morales oficiales, se exigen dos elementos: a) La existencia de una afectación patrimonial; y, b) Esa afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Es decir, una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, esto es, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio. Dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. Esa excepción -promover el amparo en defensa de su patrimonio- requiere de acreditación fehaciente, toda vez que 1 Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, (octubre de 2017), tomo II, visible en la página 1022, con número de registro 2015321, de rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado, en caso contrario, resulta improcedente, esto es, si no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. De igual forma, conviene citar lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 797/2014, en sesión de catorce de mayo de dos mil catorce, en cuya parte conducente, se determinó: "[.] Ahora bien, para analizar la constitucionalidad del artículo 7° de la Ley de Amparo, es importante considerar, en primer lugar, que de conformidad con el artículo 103 de nuestra Constitución General, el juicio de amparo tiene por único objeto proteger los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, en contra de los actos de autoridad. Por su parte, el artículo 107 constitucional establece que la procedencia del juicio de amparo requiere solicitud de parte agraviada, lo que implica que el promovente del juicio deberá ser titular de algún derecho fundamental que se estime vulnerado por el acto de autoridad. A grandes rasgos, de nuestro texto constitucional se desprende que el juicio de amparo es un medio de protección de los derechos fundamentales frente a los actos de autoridad. Lo anterior se explica ya que históricamente estos derechos han sido sancionados en las diversas cartas constitucionales como resultado de luchas o revoluciones que, en diferentes momentos, han rasgado el velo de normalidad y naturalidad que ocultaba una opresión o discriminación precedente. Estos derechos han sido siempre conquistados como otras tantas formas de tutela en defensa de los sujetos más débiles, contra la ley del más fuerte que regía en su ausencia. Así, los derechos fundamentales nacen como derechos contra el Estado, es decir, contra los poderes públicos aunque sean democráticos o de mayoría. Ahora bien, el artículo 7° de la Ley de Amparo vigente, cuya constitucionalidad se cuestiona por el recurrente, establece que: (se transcribe) Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por intereses patrimoniales de las personas morales oficiales se debe entender los derechos privados de éstas, esto es, cuando actúen en relaciones de coordinación con los particulares como si fueran personas de derecho privado. En efecto, este Alto Tribunal ha distinguido entre los actos que realizan los órganos del Estado como entidad soberana, esto es, en un nivel de supraordinación (sic), por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria, de los actos que realizan en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad. La razón de ser de dicha distinción radica en la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, por lo que no puede el propio poder público acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad. En cambio, los órganos del Estado sí están legitimados para promover juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelve una acción civil, ejercida por alguno de ellos para reclamar prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, pues en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación que establece el indicado artículo 7º. De la interpretación de este artículo se puede observar que a pesar de que las personas morales de derecho público no son titulares de derechos fundamentales, el legislador consideró conveniente que en los casos en que éstas actúen como personas morales de derecho privado puedan promover juicio de amparo. Esto se explica, porque en estos casos el Estado no actúa con potestad, sino que se relaciona en un plano de igualdad con los particulares, por lo que el legislador recurre a una ficción y le otorga los mismos derechos a las personas morales oficiales que a las personas de derecho privado. [.]" De lo anterior se obtiene que: - El juicio de amparo tiene por único objeto proteger los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte. - El amparo está dado, por regla general, solo para gobernados y procede a petición de parte agraviada; por tanto, necesariamente el promovente debe ser titular de algún derecho fundamental que estime vulnerado por un acto de autoridad. - Los actos que realizan los órganos del Estado como entidad soberana, en su calidad de imperio y en un nivel de suprasubordinación, no son impugnables por los propios órganos de la administración pública (personas morales oficiales) en el juicio de amparo. - Por excepción, el amparo intentado por personas morales oficiales únicamente procede contra actos de los órganos de Estado que afecten prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al presupuesto de la dependencia, siempre y cuando aquellas actúen en un plano de coordinación o de igualdad. - Por intereses patrimoniales de las personas morales oficiales debe entenderse a los derechos privados que les conciernen cuando actúan en relaciones de coordinación con los particulares, esto es, como si fueran personas de derecho privado. De lo expuesto se puede concluir que aun cuando las personas morales de derecho público no son titulares de derechos fundamentales, por tanto, en principio no pueden acudir al amparo en defensa de tales prerrogativas, el legislador dispuso una excepción a la regla, al prever que dichos organismos públicos pueden promover amparo cuando actúen como personas morales de derecho privado, es decir, cuando actúen desprovistos de imperio y, en consecuencia, cuando contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos; por tanto, pueden verse afectados sus intereses patrimoniales, como cuando reclaman prestaciones que afecten el patrimonio o presupuesto de la dependencia. Puntualizado lo anterior, se reitera que en este juicio de amparo acude el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, con el fin de controvertir la determinación en la cual, el magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado revocó la resolución de **********, dentro de la causa penal ********** y su acumulada **********, que había calificado de legal la determinación administrativa del traslado de la persona interna **********-señalado como tercero interesado-. De igual forma, de los hechos narrados, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: o En sesión de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Comité Técnico adscrito al Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, determinó el traslado y reubicación del interno ********** a diverso Centro Penitenciario en el estado de Guanajuato. o Mediante resolución administrativa contenida en el oficio **********, suscrita por el director de Coordinación y Control de Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social en el Estado, se autorizó el egreso y reubicación del interno de referencia del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad al diverso de Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato; lo que aconteció el uno de diciembre pasado. o Po resolución de **********, emitida dentro de la causa penal ********** y su acumulada **********, el juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, calificó de legal el traslado efectuado. o Inconforme con tal determinación, el hoy tercero interesado interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer al magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, quien por resolución del ********** en los autos del toca ********** determinó revocarla, para decretar la ilegalidad del referido traslado (determinación que ahora constituye el acto reclamado). En esas condiciones, resulta inconcuso que el acto relativo al traslado y reubicación de la persona interna de un centro de reclusión a otro -revocado a través del acto reclamado-, se emitió dentro de las funciones del ente público que en el ámbito de su competencia corresponde a la autoridad pública aquí quejosa. De lo que se sigue que la intervención de la parte solicitante de la tutela federal, no actuó como particular, sino como autoridad y, por ende, no se da su actuación en una relación equiparable a un particular, para que pueda con ello instar el juicio constitucional; además, tampoco acude en defensa de su patrimonio, como se prevé en el artículo 7 de la ley de la materia. En efecto, en el procedimiento de origen de origen se controvierte la necesidad de trasladar y reubicar al interno ********** del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad a uno diverso en el interior del estado - específicamente, al de Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato-, por lo que resulta evidente que no se actualizan afectaciones a su esfera patrimonial, como excepción de procedibilidad del amparo prevista en el artículo 7 de la ley de la materia, cuando es promovido por alguna persona moral pública. De ahí que al no satisfacer el supuesto establecido en el numeral 7º de la Ley de Amparo, la parte promovente carece de legitimación para acudir en esta vía constitucional. Por tanto, en el particular, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 7, de la Ley de Amparo, por lo que conforme a lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de cuenta. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2014433, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." ? Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, no así el diverso que al efecto de proporciona, al encontrarse situado fuera de la sede de este órgano jurisdiccional federal. De igual forma, se tiene como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que señala la parte promovente en su escrito de demanda, por así haberla facultado expresamente. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. /B5Y+iuK7XRZizq/Fg=

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano