Pablo César Blancarte Anguiano

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Pablo César Blancarte Anguiano
  • Encargado de la Direccion del Centro Estatal de Prevencion Social de Celaya

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al que anexa testimonio de la resolución pronunciada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno en el recurso de queja *****, cuyo punto resolutivo establece: "Único. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ****** en su carácter de director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato ." Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente. De igual forma, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que en copia certificada anexó a su demanda. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación(https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenline a) y, deberá acudir en un horario de doce treinta a dieciocho treinta horas. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19.

  2. Principal

    A sus autos el oficio número 5247/2021 que suscribe el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital; atento a su contenido, este juzgado queda enterado que por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por el director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, contra el auto que desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado con número de queja **.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, ello de conformidad con el artículo 97, fracción I inciso b), de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja y remítase el oficio original de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso de que se trata, así como copia certificada del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo presentada por ****en su calidad de encargado de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, lo que acredita con el nombramiento que anexa, en contra de actos de la Primera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Guanajuato, por violación a los artículos 1,4 y 18 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 766/2021-2. Desechamiento de la demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Conviene indicar que acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen1. Razones del desechamiento. En el presente asunto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción I y 7o, todos de la Ley de Amparo, los cuales prevén textualmente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá´ invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá´ invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá´ promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. 1 Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá´ aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". ARTÍCULO 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. Del análisis del artículo 7º de la Ley de Amparo, se advierte que las personas morales oficiales podrán solicitar amparo, excepcionalmente, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Ahora bien, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 47, octubre de 2017, tomo II, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN", se sostuvo, entre otras cosas, que el juicio de amparo es uno de los medios de control constitucional de mayor relevancia, ya que su finalidad se encuentra centrada en proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales. En suma, el medio de control constitucional del juicio de amparo, no es más que la exigencia histórica del pueblo para contar con los medios suficientes que le permitiera asegurarse que sus derechos humanos no se encuentran sujetos a los caprichos y necesidades de los gobernantes, por ende, ese medio de control constitucional jamás se sustenta, ni puede ser fundamentado, para la protección de los intereses de las autoridades, sino de la dignidad ontológica del hombre. Igualmente, estableció´ que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En cuanto a la legitimación de las personas morales oficiales para acudir al amparo, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley de Amparo, de donde se advierte que el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En ese sentido, se colige que el simple hecho de que una autoridad fuera parte dentro de un proceso de manera alguna implica que la persona moral oficial, por ese solo hecho, se encuentre en una relación de igualdad fácticajurídica con el gobernado. Así, se estima que en el caso no se actualiza el supuesto que haga procedente la promoción del amparo por parte de una autoridad moral oficial, como se advierte de los siguientes antecedentes, esgrimidos bajo protesta de decir verdad: Que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención Social en esta ciudad, mediante acta extraordinaria *, solicitó a la Dirección General del Sistema Penitenciario el traslado y reubicación de **. Que mediante oficio **** el director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social en el Estado, autorizó la anterior solicitud, por lo que el propio día veintiocho de abril de dos mil veintiuno fue reubicado al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social en Guanajuato. Que el traslado fue notificado al Juzgado de Ejecución de Penas en esta ciudad el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, autoridad que lo calificó de legal el treinta de abril siguiente. Que en contra de dicha determinación el reo *, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Primera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca *, en la que determinó revocar la resolución por la que se calificó de legal el traslado (Este es el acto reclamado por la autoridad quejosa). Ante ello se advierte que la autoridad, no tiene legitimación activa en la causa, para promover el presente juicio de amparo, puesto que no se encuentra en un plano de igualdad con el sentenciado *, que fue objeto de un traslado involuntario ejecutado por la propia autoridad promovente. En otras palabras, la autoridad quejosa carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en el toca de apelación de origen provienen, precisamente, del ejercicio de las facultades que las leyes le otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que le fueron encomendadas. Máxime que la parte quejosa no refiere en su demanda de amparo, que el juicio de amparo sea procedente debido a que con el acto reclamado se afecten sus derechos patrimoniales, y que como tal comparezca a defender los mismos, pues el requisito indispensable para acreditar la legitimación ad causam de las personas morales oficiales en el juicio de amparo, es que la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tuvieran su origen en actos jurídicos que realizara como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado, lo cual en el caso no sucede así´, pues como ya se dijo, el traslado que fue materia de análisis dentro de la referida causa penal no lo realizó en un plano de igualdad fáctica jurídica, como si se tratase de un particular, ya que lo realizó como autoridad con poder de imperio. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, citada en párrafos precedentes, y que a la letra dice: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí´ que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, con sede en esta ciudad, pues el diverso que señala se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. Se tienen como autorizados únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que autoriza en su ocurso, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Medios de contacto. Se toma nota de los correos electrónicos de contacto que proporciona la autoridad quejosa de los que se hará uso en caso de estimarse conveniente. Habilitación de días y horas para notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.

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