Pablo Castillo Castillo
Expediente 582/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Pablo Castillo Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 18 del acuerdo general en comento, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 90 y 91), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 95 y 96). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno este órgano colegiado concedió a Pablo Castillo Castillo la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1) La junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado. 2) Emita otro en el que: a) Reitere aquello que no fue materia de estudio en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, consistente en: La absolución del Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de las prestaciones reclamadas. La absolución del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la devolución de los montos de la cuenta de ahorro previo al SAR, del periodo mil novecientos setenta y dos a mil novecientos noventa y dos. b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que con las pruebas que ofreció en el juicio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no demostró la excepción de pago que planteó respecto de la cantidad de cincuenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos veintiún centavos ($53,159.21) que corresponden a los ramos vivienda 92 y vivienda 97. c) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda." (foja 64 frente y vuelta). Del examen de las constancias que remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se aprecia que, por auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo de trece de agosto de dos mil veinte, y ordenó remitir los autos al auxiliar de su adscripción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (foja 79). El veinticinco de enero de dos mil veintidós pronunció otro fallo en el que: 1. Reiteró aquello que no fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, consistente en: La absolución del Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de las prestaciones reclamadas, al estimar que la parte actora no formuló al citado Instituto algún reclamo, por lo que la contienda laboral no le depara ningún perjuicio (foja 88 vuelta). La absolución del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la devolución de los montos de la cuenta de ahorro previo al SAR, del periodo mil novecientos setenta y dos a mil novecientos noventa y dos (foja 88 vuelta). 2. Siguiendo los lineamientos del fallo constitucional, determinó que con las pruebas que ofreció en el juicio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no demostró la excepción de pago que planteó respecto de la cantidad de cincuenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos veintiún centavos ($53,159.21) que corresponden a los ramos vivienda 92 y vivienda 97, para lo cual consideró lo siguiente: La impresión de pantalla del sistema de pensiones, módulo de retiro del actor, correspondientes a los ramos vivienda 92 y vivienda 97, únicamente genera certeza de movimientos en la subcuenta de vivienda; sin embargo, dicha impresión de pantalla, aun perfeccionada, es insuficiente para demostrar que el actor recibió las aportaciones referidas, pues se debió comprobar fehacientemente que se realizó el pago a la persona titular de la subcuenta, con sustento en medios de convicción tales como transferencia o depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, emisión de cheques o cualquier otro medio electrónico, lo cual no aconteció (fojas 84 vuelta y 88 frente). El resto del material probatorio que el demandado aportó al juicio, tampoco demuestra la devolución de esos recursos, toda vez que: a) En audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el oferente desistió de la prueba confesional ofrecida a cargo del actor; b) las documentales consistentes en la impresión B.D. DFA-ÓRDENES DE PAGO, y el estado de cuenta del fondo de ahorro del actor anterior al SAR, de diez de junio de dos mil ocho, respecto de las aportaciones correspondientes al periodo mil novecientos setenta y dos a mil novecientos noventa y dos, sólo acreditan la existencia de esas aportaciones y su pago al actor; y c) La presuncional en su doble aspecto y la instrumental publica de actuaciones, tampoco benefician a su oferente, puesto que de las constancias que obran en autos no existen elementos que permiten corroborar o presumir el pago de los recursos que obran en la subcuenta de vivienda del actor (foja 88 frente). El estado de cuenta de ahorro para el retiro del trabajador, emitido por Afore XXI, con saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, corrobora que el quejoso tiene una subcuenta de vivienda y que en algún momento dicha subcuenta tenía fondos por la cantidad de cincuenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos veintiún centavos ($53,159.21) debido a que se realizaron aportaciones; sin embargo, no se tiene prueba que genere certeza plena respecto al pago de tales fondos en favor del impetrante (foja 88 frente). 3. Hecho lo anterior, condenó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a pagar al actor los recursos antes mencionados (foja 88 vuelta). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dieciocho de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite duplicado del laudo de veinticinco de enero del año en curso emitido por la junta responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
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