Pablo Cadena Romero

Expediente 660/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
660/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Pablo Cadena Romero
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 143, 149 a 162); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 163 y 164), sin que hayan hecho manifestaciones al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinte de febrero de dos mil veinte este órgano colegiado concedió a Pablo Cadena Romero el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la junta responsable procediera en los términos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. En su lugar dicte otro en el que: 1. Reitere: a) Que el actor cotizó cuatrocientas veintiséis semanas (426) -sic- hasta el veintiséis de julio de dos mil doce. b) La absolución del pago de la pensión de incapacidad permanente total (en su correcta denominación). 2. En relación con el reclamo de la pensión de invalidez, al emprender el estudio de la excepción de falta de conservación de derechos hecha valer por el Instituto demandado, analice fundada y motivadamente, si la prueba ofrecida por el accionante consistente en la resolución de veintisiete de junio de dos mil doce relativa al otorgamiento de pensión de invalidez (temporal), expedida por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta oponible a la referida y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Corrija la infracción formal en la que incurrió, destacada en esta ejecutoria de amparo." (foja 69) Por resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 97 a 100), el entonces Presidente de este tribunal colegiado tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la responsable incurrió en defecto en el cumplimiento del fallo protector, en lo referente al punto II.2, porque si bien se consideró que la Junta emprendió el estudio de la excepción de falta de conservación de derechos hecha valer por el Instituto demandado, específicamente al verificar si era oponible a esta la documental ofrecida por el accionante consistente en la resolución de otorgamiento de pensión de invalidez (temporal), lo cierto fue que se advirtió que realizó afirmaciones dogmáticas y solo hizo alusión a los artículos 123, 182 y 183 de la Ley del Seguro Social abrogada relativos al reconocimiento de los derechos de los pensionados, pero sin que en momento alguno expresara las razones jurídicas del porqué la citada documental era oponible a la excepción de falta de conservación de derechos que se sustentó en la hoja de certificación de vigencia de derechos ofrecida por el Instituto demandado. En cumplimiento a lo anterior, la responsable emitió un nuevo laudo el veintiuno de octubre de dos mil veinte (fojas 113 a 125). Por diversa resolución de dieciocho de enero de dos mil veintiuno (fojas 132 a 135), el Presidente de este órgano jurisdiccional resolvió tener por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que la responsable si bien nuevamente emprendió el estudio de la excepción de falta de conservación de derechos hecha valer por el Instituto demandado, volvió a incurrir en defecto, pues no señaló de manera expresa, fundada y motivadamente, si la resolución de veintisiete de junio de dos mil doce, relativa al otorgamiento de pensión de invalidez (temporal), expedida por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, resultaba o no oponible a la hoja de certificación de vigencia de derechos ofrecida por el Instituto demandado para sustentar su excepción de falta de conservación de derechos. Conforme a lo anteriormente expuesto y toda vez que en las nuevas constancias remitidas por la Junta responsable reiteró en su integridad las determinaciones precisadas en los puntos I, II.1, incisos a) y b), y 3, de los efectos de la ejecutoria de amparo, es por ello que la materia de la presente resolución únicamente versará sobre si la responsable dejó de incurrir en el defecto del fallo protector, en específico, si señaló de manera expresa, fundada y motivadamente, que la resolución de veintisiete de junio de dos mil doce, relativa al otorgamiento de pensión de invalidez (temporal), expedida por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social puede desvirtuar o se contrapone a la hoja de certificación de vigencia de derechos aportada por el demandado. En ese sentido, en esta nueva resolución la responsable considerando, fundada y motivadamente, que la prueba ofrecida por el accionante consistente en la resolución de veintisiete de junio de dos mil doce relativa al otorgamiento de pensión de invalidez (temporal), expedida por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí resultaba oponible a la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el Instituto demandado, por las razones siguientes: Las referidas documentales (hoja de certificación de vigencia de derechos y resolución de otorgamiento de pensión de invalidez temporal) tienen pleno valor probatorio pleno, por no haber sido objetadas, en términos de los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 151 y 152). La resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez de veintisiete de junio de dos mil doce fue expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas, Seguro I.V.C.M. Si bien de dicha resolución no se desprendía la fecha en que feneció la conservación de derechos del actor, en términos de los artículos 123, 182 y 183 de la Ley del Seguro Social abrogada se advertía que la conservación de derechos para obtener el pago de una pensión de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, depende del tiempo de cotizaciones cubiertas por el asegurado, lo cierto era que en el referido documento se advertía que el actor cotizó un total de 448 (cuatrocientas cuarenta y ocho) semanas por lo que la cuarta parte de ese cantidad equivale a 112 (ciento doce) semanas y, si el actor fue dado de baja el veintiséis de junio de dos mil doce, resultaba inconcuso que su conservación de derechos feneció el veintiuno de agosto de dos mil catorce, mientras que la presentación de demanda fue el cinco de agosto de dos mil quince, lo que evidenciaba que, de acuerdo a los numerales 123, 182 y 183 de la Ley del Seguro Social abrogada, se presentó fuera de la conservación de derechos para reclamar la pensión de invalidez. Sin embargo, sostuvo la responsable, los peritos de la parte actora y del tercero en discordia coincidieron en que el actor padecía "secuelas de fémur postraumática y postquirúrgico no laboral, acortamiento de miembro pélvico izquierdo secundario A1, síndrome doloroso lumbar crónico degenerativo y mecánico secundario A1", por lo que concluyó que el padecimiento por el cual le fue otorgado por el Instituto demandado la invalidez (temporal) a partir del uno de mayo de dos mil doce si guardaba relación con los padecimientos de orden general que reclamó el actor en su escrito inicial de demanda para que le sea otorgada la pensión de invalidez definitiva. En ese sentido, sostuvo la responsable, el actor continúa imposibilitando al actor para allegarse a una remuneración superior al 50 % (cincuenta por ciento) de la percibida durante el último año de labores por medio de una actividad igual o similar, pues los padecimientos del orden general fueron adquiridos cuando estaba vigente en el régimen de seguridad social, son una secuela de aquéllos con los que contaba al momento de otorgársele la pensión de invalidez temporal por parte del Instituto demandado, la cual le fue otorgada el veintisiete de junio de dos mil doce, es decir, dentro del periodo de conservación de derechos del accionante. Consecuentemente, concluyó la Junta, la referida resolución sí resultaba oponible a la hoja de certificación de vigencia de derechos en la que el ente enjuiciado apoyó su excepción de falta de conservación de vigencia de derechos; por tanto, declaró ésta última improcedente (foja 155 vuelta). En mérito de lo anterior, después de analizar la acción puesta en ejercicio, condenó al Instituto demandado al pago de una pensión de invalidez (definitiva), así como sus prestaciones accesorias a la misma. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dieciséis de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite el duplicado del laudo de once del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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