Pablo Cantú Velez

Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 34 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
361/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Pablo Cantú Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    "...Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia engrosada el uno de febrero de dos mil veintitrés , en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo 361/2021,. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido..."

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 361/2021, promovido por Pablo Cantú Velez; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Pablo Cantú Velez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Comisión Nacional Bancaria con domicilio en la ciudad de México, b).- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil con domicilio en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A).- De la Comisión Nacional Bancaria reclamo en mi agravio, la omisión de cumplir con el imperativo que le impone la fracción XVI del artículo 4 de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores al no investigar actos de personas morales que no siendo entidades de sector financiero hagan suponer operaciones violatorias de las Leyes que rigen a las citadas entidades Federales. La omisión se traduce en una violación a lo previsto en la fracción citada. Como consecuencia de la omisión referida en el párrafo anterior, el mandatario de la parte actora Licenciado, LUIS ÁNGEL VIDAURRI GUAJARDO, sin tomar en cuenta lo previsto en el artículo 116 Bis y lo previsto en la Legislación Mercantil de manera específica los artículos 75 Fracción XXIV, 77, 84 y 1049 del Código de Comercio, 6° de la Ley de Instituciones de Crédito, 2° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 2941 del Código Civil Federal en relación a lo previsto en el artículo 231 fracción III del Código Penal Federal promovió un Juicio Hipotecario de Naturaleza Civil sin existir el plazo cumplido al cual se refiere el artículo 531 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, como consecuencia de las omisiones en que incurrió la Institución de Crédito mencionada y su mandatario, éste celebró un contrato de transacción cuya nulidad absuelto invocó mi apoderado ante la responsable pero con resultados inútiles. La omisión de la Comisión Nacional Bancaria, produce las consecuencias dañinas al permitir prácticas ilícitas como son la transacción anulable conforme a lo previsto en el artículo 77 del Código de Comercio al celebrar como ocurrió. Prácticas utilizadas por el mandatario con la complicidad de personas que ocupan los cargos de jueces. B).- Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, reclamo el auto de fecha 19 de Junio del 2018, que aún no se me ha notificado; pero del cual me enteré por mi apoderado de su contenido y en el que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación a la cual se refiere el tercer párrafo de la fracción IV del Artículo 107 de la Ley de Amparo. De esta autoridad reclamo la privación de mi derecho de uso y habitación que tengo sobre el inmueble que se identifica con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte 10 metros con la calle Mayo, al Sur 10 metros con el lote 9 de la misma zona; Al Oriente 25 metros de con el lote 7 de misma manzana y al Poniente 25 metros con el lote 19 de la misma manzana y la violación de los artículos 1050 y 1054 del Código de Comercio. El inmueble está inscrito en el Registro Público de la Propiedad con los datos siguientes Sección I; Número 3841; Legajo 070; de fecha 23 de Junio de 2006. La privación real jurídica y virtual se efectuó sin haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento mercantil y de acuerdo y conforme a una Ley Mercantil expedida con anterioridad al hecho." El promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno, tocó conocer de dicha demanda a este Juzgado, y en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno se registró con el número 361/2021, se previno a la parte quejosa a fin de que precisara el carácter con el que promovía el juicio de amparo, es decir, si como tercero extraño natural (estricto sensu) o por equiparación (fojas 10 a 12). Previo cumplimiento de la citada prevención, en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, y se precisó que el quejoso comparece con el carácter de tercero extraño en sentido estricto; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 22 a 25). Emplazamiento de tercera interesada. En proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima y Zendere Holding I, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quedando emplazados a juicio por conducto de sus representantes legales el veintisiete de abril y nueve de junio de dos mil veintidós, respectivamente (fojas 51, 118 y 216). Audiencia constitucional. En la hora y fecha señaladas para ello, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen lugar en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama: De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: a) La omisión de investigar actos de personas morales que no forman parte del sector financiero, a petición de parte. Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado: b) El acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio hipotecario 27/2012, de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que así lo expresó al momento de rendir su informe justificado (fojas 59 a 64), sin que tal negativa hubiere sido desvirtuada con prueba en contrario aportada por la parte peticionaria del amparo. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado de dicha autoridad, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1701 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 47). Es aplicable la jurisprudencia 3052 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias que dicha responsable acompañó a su informe de ley, consistentes en copia certificada del juicio hipotecario 27/2012, con las cuales se ordenó conservar por separado en dos cuadernos de prueba (foja 51), a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2263 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 2Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 206, Quinta Época, registro 394261. 3 Localizable en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394182. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese sentido, conviene recordar que el acto reclamado por el quejoso consiste en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez responsable -acto que reclama en su carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido-, pues aduce que se le priva de su derecho objetivo de uso, habitación y posesión, respecto del inmueble ubicado en calle Río Mayo número 4515, del fraccionamiento Río Bravo en esta ciudad, adjudicado en favor de la parte actora Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en el juicio hipotecario 27/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. El auto reclamado establece lo siguiente: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, a (19) diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). Visto el escrito de LUIS ANGEL VIDAURRI GUAJARDO, parte actora dentro del presente juicio, téngasele por hechas las manifestaciones a que su escrito de cuenta se refiere; como lo solicita el Compareciente requiérase a la parte demandada para que dentro del término legal de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, ocurra a la Notaría Pública Número 54 a cargo de la Licenciada BÁRBARA SEGOVIA GONZÁLEZ, con domicilio en la Calle Sonora Número 2035, esquina con Jesús Carranza, Colonia Guerrero, de esta ciudad, a otorgar las escrituras del bien inmueble adjudicado a favor de mi representada ZENDERE HOLDING, I, S.A. DE C.V.; apercibiéndosele de que en caso de no dar cumplimiento con ello, este Tribunal otorgará dichas escrituras en su rebeldía. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 16, 68 fracción IV, 105 108, 656 fracción V 655, 706 y relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Notifíquese personalmente." (foja 435, tomo de prueba). Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional - de oficio- considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Para corroborar tal aserto conviene traer a contexto el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que dicen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de arte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La interpretación de los citados preceptos permite establecer que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, por tanto, ese requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado por el acto de autoridad reclamado. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente4 . Las anteriores consideraciones se contienen en la tesis que se cita a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre 4 Tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), con registro 2004501, consultable en la página 1845 del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, según se corrobora de su texto, que es el siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" La anterior transcripción permite observar que en la Ley de Amparo se reiteró que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que cualquiera de los dos se vea afectado. Luego, el interés jurídico a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que el quejoso estime violatorio de prerrogativas en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. Conviene reiterar que el ahora quejoso aduce tener el carácter de tercero extraño en sentido estricto, respecto del juicio hipotecario 27/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, promovido por Luis Ángel Vidaurri Guajardo, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en contra de Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Velez Lazo. Ahora bien, el quejoso reclama el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el citado juicio hipotecario, en el que se requirió a la parte demandada, Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Velez Lazo, para que otorgara las escrituras del bien inmueble ubicado en Río Mayo número 4515, fraccionamiento Río Bravo, adjudicado a favor de la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo, el juez del conocimiento otorgaría dichas escrituras en su rebeldía. Lo cual, aduce el quejoso, afecta sus derechos de uso y habitación del citado bien inmueble, sin que previamente se le haya dado la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Sin embargo, como se ha visto, al quejoso no le asiste el carácter de parte en el juicio hipotecario mencionado, entendiendo como partes en el juicio al actor y al demandado, y son a quienes la autoridad judicial les reconoce o constituye derechos, les impone una condena o los absuelve de las prestaciones reclamadas, respectivamente. Por tanto, las partes son las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional federal a demandar el cese de una violación, cuando estimen que dentro de ese procedimiento les son transgredidos sus derechos por la actuación de la autoridad. En ese orden de ideas, si el juicio hipotecario 27/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, fue promovido por Luis Ángel Vidaurri Guajardo, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en contra de Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Velez Lazo, se concluye que el aquí quejoso Pablo Cantú Velez, es ajeno a la relación jurídica procesal que se entabló en ese litigio, porque la pretensión deducida en aquél no se dirigió en su contra, sino únicamente contra Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Velez Lazo, quienes dice el quejoso son sus padres, de ahí que se actualice la causa de improcedencia ya mencionada. Además, ningún perjuicio jurídico le genera el auto reclamado, en el que se requiere a la parte demandada la entrega de las escrituras del bien inmueble adjudicado en favor de la parte actora, pues, como se dijo, el quejoso no forma parte de la relación jurídico procesal entablada en ese juicio. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el quejoso manifieste que con el acto reclamado se afectan sus derechos de uso, habitación y posesión, porque, dice, habita el inmueble materia de la controversia en el juicio hipotecario de origen, sin embargo, con los medios de prueba que ofreció en este procedimiento constitucional no demuestra cuál es el origen del derecho de posesión que defiende. En efecto, con el fin de acreditar su interés jurídico, el solicitante de amparo ofreció como prueba, las siguientes: - Copia simple de una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de Pablo Cantú Velez; y - Copia simple del auto reclamado de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio hipotecario 27/2012. Así, por cuanto hace a la copia simple de la credencial de elector, si bien se encuentra a nombre del promovente, lo cierto es que tiene como domicilio el ubicado en Río Mayo 4519, fraccionamiento Río Bravo; y el inmueble materia del juicio hipotecario y adjudicado en favor de la parte actora está ubicado en calle Río Mayo 4515 de ese fraccionamiento, esto es, un domicilio distinto al del quejoso. Por lo que hace a la copia simple del auto que constituye el acto reclamado, en éste se requiere a la parte demandada en el juicio hipotecario 27/2012, que ha quedado demostrado, no lo es el aquí quejoso. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que tales pruebas no son aptas ni suficientes para acreditar que el quejoso tenga el derecho subjetivo de posesión sobre el inmueble mencionado y, por ende, que tenga interés jurídico para controvertir el acto que reclama. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.3o.C. J/205 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se cita enseguida: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4º de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea, que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." Así como, en lo conducente, la diversa tesis VII.2o.C.84 C6 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que precisa lo siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO EN ESTRICTO SENTIDO. REQUISITOS PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO AL PROMOVER EL AMPARO PARA PROTEGER EL EMBARGO DECRETADO EN UN DIVERSO JUICIO. Cuando se promueve el juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, se tiene 5 Registro 190119, se consulta en la página 1650, tomo XIII, marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2865, Décima Época, Registro digital: 2008485 como finalidad interferir en un juicio preexistente, del cual no se es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Así, para acreditar el interés jurídico, por una parte, debe probarse el justo título que ampare el derecho respectivo y, por otra, que esté afectado con el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para acreditar el interés jurídico cuando se promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio en estricto sentido con la finalidad de proteger un embargo decretado en un diverso juicio, por una parte, se tiene que probar la existencia de éste y, por otra, que el tercero se encuentre afectado en el juicio del que es extraño. Ahora bien, el hecho de que en tal juicio se ordene al encargado del Registro Público de la Propiedad, como medida preventiva, la inmovilización del bien inmueble embargado, no conlleva la afectación del embargo, pues dicha orden no produce su cancelación, sino sólo la anotación marginal de inmovilización. Máxime que ésta es de carácter provisional y no definitivo, por lo cual, no puede dejar sin efectos el embargo. No es obstáculo a lo planteado, que se alegue que por tal inmovilización evidentemente no se podrá continuar la prosecución del juicio donde se originó el embargo porque, para que esa situación pueda ser analizada en el juicio de amparo, necesariamente se requiere que se haya intentado la prosecución de dicho juicio y el Juez natural haya negado la solicitud en virtud de la inmovilización."7 SEXTO. DECISIÓN. En consecuencia, al no haber demostrado cabalmente la parte quejosa, que el acto de autoridad combatido afecta su derecho de posesión, uso o habitación, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la aludida legislación. Por otro lado, debe decirse que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causas de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, habida cuenta que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos humanos, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 8 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a 8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Décima Época, registro 2005917 aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Pablo Cantú Velez. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy uno de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTA VÍA AL TERCERO INTERESADO Zendere Holdig I. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, "...Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Pablo Cantú Velez. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy uno de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe...."

  4. Principal

    Se notifica por esta vía a l tercero interesado Banco NAcional de México, por medio de quien lo represente legalmente ":..se sobresee el presente juicio de garantías..."

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