Pablo Cantú Muñoz

Expediente 267/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
267/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Pablo Cantú Muñoz
  • Pablo Cantú Muñoz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 151/2023, relativa al juicio de amparo número 267/2023, promovido por Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo, contra actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, cuyo punto resolutivo es: "Único. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo, en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, dentro del juicio de amparo indirecto 267/2023. [.]." Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa; acúsese recibo a la superioridad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Conforme al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el criterio de valoración para los expedientes judiciales, es el siguiente: Juicio de amparo principal Destruible en el término de tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme a lo expuesto en el artículo 20, párrafo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, ya que se desechó de plano la demanda que dio inicio a este expediente. Orden de archivo Con fundamento en el artículo 34 del multicitado Acuerdo General, hágase constar la valoración en la carátula del expediente respectivo, así como -de ser el caso-, en la relación que en su oportunidad se integre para efecto de su transferencia. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Patricia Arcos León, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos el oficio 3647/2023, presentado con firma electrónica y certificado digital institucional de evidencia criptográfica proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por los quejosos Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo, a través de su apoderado legal César Martínez Fresnillo, en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en el que se actúa, el cual quedó registrado con el número 151/2023, de su índice. De lo anterior se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se acuerda escrito de la parte quejosa Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por César Martínez Fresnillo, en su carácter de apoderado legal de los quejosos Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo1 , a través del cual en cumplimiento a la prevención efectuada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso2 , realiza esencialmente, lo siguiente: Exhibe cinco copias de la demanda de amparo y sus anexos, así como cinco copias del ocurso de cuenta. Determinación Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese la promoción de cuenta, y en cuando a su contenido, téngase por cumplida en tiempo y forma la prevención de mérito. DESECHAMIENTO Ahora, visto el escrito de demanda a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional."3 De la lectura íntegra del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que los quejosos Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo, reclaman del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: 1) La resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 27/2012, relativo al juicio hipotecario promovido inicialmente por Luis Ángel Vidaurri Guajardo, apoderado legal de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, y continuado por Refugio Cruz Aguilar, como cesionario de los derechos adjudicatarios que le correspondían a la persona moral Administradora Fome I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo (ahora quejosos), en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que promovieron contra el auto de veinte de abril de este propio año y por consecuencia, quedó firme el aludido proveído en el que se acordó desfavorable su petición de declarar nulo el juicio hipotecario. Ahora bien, previo a establecer el sentido que adoptará esta determinación, conviene señalar que de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el expediente de origen 27/2012, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, al señalar en el punto (5) cinco de ese capítulo, que en audiencia de remate de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, se adjudicó el bien inmueble ubicado en la calle Río Maya número 4515, entre la avenida Río Salado y avenida Río San Juan, del fraccionamiento Río Bravo en esta ciudad. En ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que surge de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, atento a las siguientes consideraciones: Los referidos dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" El arábigo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el normativo inserto en último orden dispone, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y cuando se trata de actos que emanan del procedimiento de remate ese medio extraordinario de defensa sólo podrá promoverse contra la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento de remate, momento en el que se podrán reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trascendieron al resultado de la resolución final. Con relación a ese supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el arábigo 107, fracción IV, de la ley de la materia el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de los actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto que se reconoció la posibilidad del control constitucional de las actuaciones emitidas fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. En ese sentido, señaló que tratándose de actos del remate, el legislador precisó que la última resolución del procedimiento de remate es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego, dijo que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. El Máximo Tribunal Constitucional del país puntualizó que la interpretación que debe darse al normativo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, debe ser en el sentido de que el juicio constitucional biinstancial es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado, es decir, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido por los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el tercer párrafo, de la fracción IV, del ordinal 107, de la ley de la materia, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial."4 Entonces, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de remates, exige que se trate de la última resolución, que es aquélla que ordena el otorgamiento y firma de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega del bien rematado, basta que se actualice cualquiera de esos dos supuestos para estimar que se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Ahora bien, como se adelantó, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de remate. Para evidenciar tal aserto, del examen del ocurso constitucional, se reitera que los quejosos atribuyen al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, el acto consistente en la resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 27/2012, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que promovieron contra el auto de veinte de abril del propio año y por consecuencia, quedó firme el aludido proveído en el que se acordó desfavorable su petición de declarar nulo el juicio hipotecario. De lo anterior se desprende que el acto reclamado no consiste en la resolución definitiva en el procedimiento de remate del juicio, entonces, los efectos y consecuencias son que se continúe con el procedimiento de remate, hasta que se dicte el auto definitivo, esto es, en el que se ordene el otorgamiento y firma de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados y, de ello deviene la improcedencia del juicio de amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto sólo será procedente en contra de la emisión de cualquiera de las dos órdenes (la que ordena escriturar o la que determina la entrega del bien materia de remate), donde la quejosa podrá hacer valer todas las violaciones que hubiesen ocurrido durante el procedimiento de remate. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo."5 A mayor abundamiento, se precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado, que en el procedimiento de ejecución de sentencia, excepcionalmente procede el amparo indirecto contra actos que afecten de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa, excepción ésta que se no se actualiza en el caso en particular, en tanto que en el acto reclamado, como se dijo, únicamente resuelve un recurso de revocación declarándolo improcedente y ordena dejar sin materia un incidente de falta de personalidad promovido en etapa de ejecución de sentencia. Esta consideración se contiene en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del propio Tribunal Pleno, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto."6 En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado César Martínez Fresnillo, quien se ostenta como apoderado legal de Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico; y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el consecutivo 267/2023. Personalidad Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve por tratarse de un presupuesto procesal de análisis oficioso. Así, con base en el documento público que en copia certificada se adjunta al ocurso de cuenta, se advierte que los quejosos Pablo Cantú Muñoz y María Concepción Vélez Lazo otorgaron al promovente César Martínez Fresnillo, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, poder general para pleitos y cobranzas, al que se otorga pleno valor demostrativo, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la ley de la materia, se reconoce a César Martínez Fresnillo, la personalidad con que se ostenta en este juicio. Aclaración y apercibimiento Ahora bien, previo a acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito aclaratorio al que deberá acompañar cuatro copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto y serán distribuidas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; una para el tercero interesado; y una para la formación del cuaderno incidental, cumpla con lo que enseguida se indica. Exhiba cuatro copias de su escrito de demanda de amparo y sus anexos, en virtud de que el mismo se presentó sin copias, lo cual se advierte de la razón de recibo asentada por la oficial de partes de este órgano jurisdiccional que recibió la demanda de amparo. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo indicado en el término concedido para ello, con fundamento en el penúltimo párrafo del citado precepto 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Autorizado Se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alicia Juárez Silva, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Empero, al no cumplir Ma. Gloria Puente Aguilera, con el requisito de proporcionar cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis; por tanto, únicamente téngasele como autorizada del promovente en términos del artículo 24, párrafo segundo, del referido ordenamiento, para oír y recibir notificaciones y como domicilio para tales efectos el que señala en su escrito de demanda. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas Se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "CMFRESNILLO", así como la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, el promovente deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "CMFRESNILLO", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Medios de contacto En relación a que se le autorice para recepción de notificaciones a través de correo electrónico y el teléfono celular que proporciona en el escrito de demanda, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, no contempla dichos medios para la práctica de notificaciones, ya que el medio electrónico oficial es a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, se toma nota de dichos datos únicamente para efectos de contacto. Uso de medios electrónicos Además, se autoriza el uso de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes, con el fin de reproducir las constancias que integran el expediente en que se actúa, favoreciendo con ello, el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez. Es aplicable al tema de trato, la tesis I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Expediente Electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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