Pablo Canseco Benítez y Otros.
Expediente 961/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Canseco Benítez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Director de Procesos penales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la ciudad de México, por el que remite copia certificada de la resolución de tres de febrero de dos mil dieciséis, para que surta sus efectos legales correspondientes. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que Pablo Canseco Benítez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y/o Director de Procesos Penales Legales "B" de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, por el acto siguiente: ACTO RECLAMADO a) La omisión y abstención de resolver el procedimiento iniciado ante el Director de Procesos Legales "B", de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, no obstante que lo ha solicitado mediante los escritos de veintiuno de enero y veinte de abril de dos mil dieciséis. Es cierto el acto que se atribuye al Director de Procesos Legales "B", de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, aun cuando al rendir su informe justificado negó su existencia; sin embargo, al haber aceptado que ante él compareció el quejoso mediante los ocursos de cuya falta de contestación se duele a solicitar su garantía de audiencia, la cual se desahogó en diligencias de ocho de diciembre de dos mil quince y veintiuno de enero de dos mil dieciséis, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la responsable remitió copia certificada de la resolución de tres de febrero de dos mil dieciséis, relativo al procedimiento iniciado ante el Director de Procesos Legales "B", de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, de cuya omisión se dolía el quejoso; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no acredite que haya notificado tal resolución al quejoso, y que será por conducto de este juzgado que el peticionario conozca de la misma, ya que al emanar dicha resolución de un procedimiento seguido en forma de juicio, se estima colmada la restitución de su derecho fundamental protegido por el artículo 17 de la Constitución Federal, con la sola emisión de la resolución de que se trata. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 480, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Así también, tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos, toda vez que se encuentra señalada para este día la audiencia constitucional, y que en proveído de veintiséis de julio del año en curso (foja 63), se agregaron las documentales que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, de las que se advierte que no acompañó la resolución que dictó el tres de febrero de dos mil dieciséis, respecto a la inclusión del quejoso Pablo Canseco Benítez, a la lista de personas bloqueadas. En consecuencia, tomando en consideración que la referida autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, en razón a que señaló que el tres de febrero de dos mil dieciséis, emitió la resolución de cuya omisión en su dictado se duele el quejoso; con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a fin de resolver este asunto conforme a derecho, requiérase a la autoridad responsable para que, en el plazo de tres días, remita copia certificada de la resolución que emitió el tres de febrero de dos mil dieciséis, relativa a la inclusión del quejoso Pablo Canseco Benítez, a la lista de personas bloqueadas. Apercibida que de no cumplir lo anterior, se presumirá cierto el acto reclamado y se resolverá este asunto con base en ello; además, se ordenará hacer efectiva la multa con la que se le apercibió en el auto inicial, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, por no acompañar las constancias completas que apoyen su informe. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día a efecto de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Por último, en cuanto a la solicitud del quejoso vertida en su escrito de veintisiete de julio del año en curso, relativa a que se resuelva este asunto con las constancias que obran en autos (foja 64), dígasele que se esté a lo determinado en este auto; toda vez que, en el caso, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que faculta a este órgano de control constitucional recabar oficiosamente las actuaciones que se estimen necesarias para la resolución del asunto, se estima necesario recabar la actuación que se requirió a la responsable y, sólo que la autoridad de que se trata no remita la referida constancia, como se dijo, se presumirá cierto el acto reclamado y se resolverá con base en ello.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito del quejoso ...; visto su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional.
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