PABLO AGUSTIN SANTOS y Otros.
Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Agustin Santos
- PABLO AGUSTIN SANTOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el tres de febrero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente como concluido Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, hágase del conocimiento a las partes que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Anotaciones en carátula y libro Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico. Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 73/2022, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la propia anualidad; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 ""......"" Destrucción del duplicado, depuración y destino del original Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que el original, por haberse concedido la suspensión definitiva, fenecido el plazo de tres años y dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, posteriormente, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico. Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintidós. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. Pruebas de la responsable Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente penal ***, del índice de la autoridad oficiante, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclamó del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, el auto de formal prisión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente penal ***, así como su notificación y ejecución. Respecto de lo cual, el precitado Juez, en el informe de cuenta, aceptó la existencia del acto reclamado, en el sentido de que en el expediente penal ***, de su índice, mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictó auto de formal prisión, en contra del aquí quejoso ***, como probable responsable de la comisión del delito de ***, cometido en perjuicio patrimonial de ***, ilícito previsto por el artículo 378 y sancionado por el numeral 376 del Código Penal en el Estado, ilícito considerado como no grave. Así también informa que dicho quejoso apeló dicha determinación y mediante proveído de veintiséis de enero del año en curso se admitió el citado medio de impugnación, ordenándose remitir los autos a la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado para su substanciación. En ese sentido, a consideración del suscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medo de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]. Lo anterior es así, pues como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado el auto de formal prisión dictado en su contra el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en autos de la causa penal ***. Sin embargo en contra de dicha resolución, previamente a promover la demanda de amparo, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Juez de la causa en auto de veintiséis de enero del año en curso. En ese sentido, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues, además de que con ello se vulnera el principio de definitividad, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Por tanto, se estima que en el presente asunto, al existir un medio de defensa legal hecho valer por el quejoso, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 144/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se enlistan las circunstancias que tienen que concurrir para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO". Jurisprudencia que, si bien se refiere a la Ley de Amparo anterior a la vigente, es aplicable al caso toda vez que el texto del precepto actual es similar al del precepto abrogado. Ahora, del análisis del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, así como del contenido del citado criterio jurisprudencial, se observa que para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal sea el idóneo para obtener la revocación o modificación del acto reclamado y pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención únicamente puede considerarse actualizada cuando la se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Circunstancias que en el caso en estudio acontecen, ya que las señaladas en los incisos a) y b), se demuestran con las copias certificadas que remite la responsable con su oficio de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, donde se advierte que en la razón de notificación de quince de diciembre de dos mil veintiuno, le fue notificado al quejoso el auto de formal prisión de esa propia fecha (15-diciembre-2021) quien al calce de la misma apeló la citada resolución en los siguientes términos: "Apelo el auto de formal prisión que se dicta en mi contra y designo como mi defensor particular en segunda instancia al licenciado ***. (Rúbrica)***"; y mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se admitió el recurso de apelación, hecho valer por el impetrante del amparo en efecto devolutivo, ordenando remitir los autos al Tribunal de alzada para la substanciación de dicho recurso, siendo que hasta el momento no se ha dictado resolución y, por ende, no se ha resuelto sobre el medio de impugnación interpuesto. En síntesis, el recurso de apelación contra el acto reclamado fue interpuesto por el aquí quejoso en el juicio de origen, el cual se encuentra en trámite, ya que aún no se ha resuelto, con lo que quedan satisfechos los primeros dos requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En cuanto al requisito marcado con el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa legal sea el idóneo para obtener la revocación o modificación del acto reclamado y pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, se satisface pues el recurso de apelación es el medio idóneo para impugnar el auto de formal prisión, de conformidad con lo que disponen los artículos 518, 520, 523, fracción IV y 524, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que al efecto establecen: "Art. 518.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada, o en su caso, ordene la reposición del procedimiento." "Art. 520.- Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla." "Art. 523.- Son apelables en el efecto devolutivo: . IV.- Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso, los de falta de elementos para procesar; y los de no sujeción a proceso;" "Art. 524.- La apelación podrá interponerse en el acto de la notificación, o por escrito o comparecencia, dentro de los cinco días siguientes, si se tratare de sentencia; o de tres días si se interpusiere contra un auto, salvo que este fuera el de la formal prisión, pues entonces el término para apelar por el inculpado y defensores será de quince días. De los normativos en cita, en lo que interesa, se infiere que el recurso de apelación tiene por objeto el examen de las resoluciones impugnadas, a efecto de determinar si en ellas se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos en materia de valoración de la prueba o si se alteraron los hechos, cuyo resultado será la revocación, modificación, confirmación de la resolución recurrida o en su caso, la reposición del procedimiento. Así, se establecen las reglas para impugnar las resoluciones por las partes que tienen derecho, a saber, el Ministerio Público, el inculpado o su defensor, y el ofendido o sus legítimos representantes, y se precisan los términos de presentación del medio legal. Por tanto, si el quejoso interpuso el recurso de mérito, cuyo resultado puede conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado, a través de su revocación, modificación u ordenación de la reposición del procedimiento, es evidente que se actualiza el último de los requisitos señalados y, por ende, el presupuesto de improcedencia de análisis, contra el auto de formal prisión dictado y que constituye la materia del acto reclamado, ya que el citado medio de impugnación está pendiente por resolver. En esas circunstancias, es claro que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, porque se encuentra en trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra del mismo acto reclamado en el juicio de amparo, lo cual puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en este sumario de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ESTAR PENDIENTE DE RESOLVERSE UN RECURSO ORDINARIO. Es improcedente el juicio de garantías que se interponga contra actos que han sido objeto de un recurso ordinario, que está pendiente de resolverse; porque existe la posibilidad de que el agraviado obtenga ante la potestad ordinaria, el remedio contra el acto lesivo de sus intereses, siendo evidente que carece de objeto práctico el juicio de amparo, pues habiéndose admitido jurisprudencialmente, que el juicio de garantías es el medio adecuado para realizar el control del principio de legalidad que debe informar toda actividad estatal, la lógica exige que la jurisdicción constitucional sólo entre en juego cuando el acto lesivo haya quedado perfectamente definido, ante la potestad ordinaria y la voluntad del Estado que en tal acto se exterioriza, haya quedado perfectamente definida, ya que de otra manera no podría justificadamente afirmarse que se había quebrantado ese principio de legalidad. Así como la diversa jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí derivó del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos, a cuyo efecto está obligado el suscrito, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXI, página 164, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, ES DE ORDEN PÚBLICO EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE." El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, ya que no se impugnaron por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad atribuida a la actuación reclamada de la autoridad ordenadora. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia quinientos dieciséis, publicada en la página trescientos treinta y nueve del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva en términos del último considerando.
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