Pablo Barrales Garrido

Expediente 849/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
849/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Pablo Barrales Garrido

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria de quince de enero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del recurso de queja 158/2020, en la cual se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja". Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, tal y como lo solicita el órgano Colegiado, acúsese de recibo el oficio de cuenta. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***; asimismo, que dicho medio de impugnación quedó registrado bajo el número expediente 158/2020, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos copia del escrito firmado por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de la Materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, el escrito del recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por ***, en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 849/2020-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA LA DEMANDA, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. Ahora bien, cabe precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual determina que el estado procesal no permite el dictado de sentencia en el expediente ***. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de revocación, por lo que la quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados1 . En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consistente en el acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual determina que el estado procesal no permite el dictado de sentencia en el expediente ***. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de este procede el recurso de revocación previsto en el artículo 525 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, que a continuación se transcribe: "ARTICULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación. ARTICULO 526.- Trámite de la revocación y de la reposición. La revocación y la reposición se interpondrán en el acto de la notificación por escrito o verbalmente o, a más tardar dentro de los dos días siguientes de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos, los fundamentos legales procedentes y los agravios que le cause la resolución impugnada. Si el recurso fuere presentado extemporáneamente o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto y firme el auto o proveído. No se concederá plazo de prueba para sustanciar la revocación o la reposición y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla. La revocación y la reposición no suspenden el curso del juicio y se substanciarán con vista a la contraparte por plazo de tres días y transcurrido dicho plazo, se resolverá sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso". Dicho numerales establecen que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso. En el caso, el acuerdo reclamado se encuentra dentro de los supuestos previstos en los artículos 525 y 526 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, al haber sido dictado por el juez del conocimiento, sin que la ley establezca expresamente la procedencia de otro recurso, así como su tramitación. Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procedía el recurso de revocación, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa (revocación), mediante el cual pudo ser revocado o nulificado el acto de autoridad en comento. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es una resolución proveniente de un juez. 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento del juicio en donde se dictó el acto reclamado; y, 4. Por virtud del referido recurso de revocación, la determinación dictada por la responsable, pudo ser modificada, revocada o nulificada. Por tanto, al existir un medio de defensa idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama, es inconcuso para este Juzgador que al no haberse agotado previamente a la promoción del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe hacer mención que en el caso no se está en los casos de excepción señalados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ello, en razón de que el acto que por esta vía se reclama se trata de un auto de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual determina que el estado procesal no permite el dictado de sentencia en el expediente ***, por lo que no se trata de ninguno de los actos señalados en los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y la parte quejosa no es tercero extraña en el procedimiento de origen. Aunado a que la procedencia del recurso de revocación no está sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así solicitarlo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; privilegiando el uso de medios electrónicos.

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