Pablo Alejandro Petriz Ramirez

Expediente 256/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
256/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Pablo Alejandro Petriz Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de siete de abril de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de lo siguiente: *** De lo anterior, se toma conocimiento y se tiene a la autoridad responsable acreditando estar en vías de cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto1 , de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a *** en su carácter de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ayala Morelos, para que en el término de diez días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumplan con lo siguiente: *** Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización2 , esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 2583 de la ley de la materia en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, mediante el cual desahoga la prevención que le fue efectuada en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós; por tanto, al respecto se provee. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por Nancy mora Landa quien se ostenta como apoderada legal de Pablo Alejandro Petriz Ramírez, respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- Del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo siguiente: La omisión de dictar cierre de instrucción en el juicio laboral 01/36/2017. No pasa desapercibido para quien esto determina, que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo, sin embargo, constituye un presupuesto procesal que para el dictado del mismo, debe declarase el cierre de instrucción. Ahora bien, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los casos no previstos se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Se destaca que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no regula el cierre de instrucción de manera completa como lo hace la Ley Federal del Trabajo, por lo que es necesario recurrir a la aplicación supletoria de ésta última. En términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el Secretario declarará el cierre de instrucción cuando haya concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y se hayan formulado los alegatos. De lo anterior, se advierte que el cierre de instrucción es una formalidad esencial del procedimiento inherente a todo procedimiento que brinda seguridad jurídica a las partes, de acuerdo con el derecho humano al debido proceso, que permite turnar los autos para formular proyecto de resolución en forma de laudo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DEL AUXILIAR Y DEL SECRETARIO CORRESPONDIENTE DE FIRMAR EL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y ORDENA ELABORAR EL PROYECTO DE LAUDO RESPECTIVO, LO QUE ORIGINA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN LO HAYA PROMOVIDO. Los artículos 839 y 885 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por sus integrantes y por el secretario, el mismo día en que las voten; y que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. De ahí que si de las constancias de autos se advierte que el proveído que declara cerrada la instrucción y ordena elaborar el proyecto de laudo respectivo no se encuentra firmado por el presidente de la Junta, por el auxiliar, ni por el secretario correspondiente que da fe, ello se traduce en la inexistencia legal del cierre de la instrucción y, por ende, de la orden para elaborar el proyecto de resolución relativo. Por tanto, el laudo así emitido adolece de un vicio formal y, por consiguiente, de legalidad en sus efectos, al incumplirse con lo establecido en los indicados preceptos legales, lo cual constituye una violación a las leyes del procedimiento laboral que origina la concesión del amparo, independientemente de quién lo haya promovido". (Lo destacado es propio) En otras materias, como la civil o mercantil, el cierre de instrucción equivale a citar a las partes para oír sentencia. En ese orden de ideas, si el cierre de instrucción, es una formalidad esencial del procedimiento que permite a las partes tener certeza de que ya no existe prueba pendiente por desahogar y que el expediente se encuentra integrado en su totalidad, y si dicha figura jurídica es inherente a todo proceso jurisdiccional, entonces, en términos del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, es aplicable supletoriamente al procedimiento laboral burocrático ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, respecto de la figura jurídica de cierre de instrucción. Además, el cierre de instrucción previsto en la Ley Federal del Trabajo no es contrario al procedimiento laboral burocrático previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino que lo complementa de manera congruente. De ahí, que se tenga como acto reclamado el que se precisó con antelación. Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la peticionaria de amparo. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la personalidad del promovente. Tomando en consideración que la promovente exhibió original del acuse del escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta señalada como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Nancy Mora Landa como apoderada legal de Pablo Alejandro Petriz Ramírez, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada. Por otra parte, atendiendo a las particulares de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa -que subsista tal omisión-, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues no podría legítimamente defender en el juicio de amparo el que subsista la omisión reclamada -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa, con lo que finalmente también le acarrearía un beneficio dentro del proceso del que es parte. Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; por el contrario, la eventual sentencia que conceda el amparo no podría causar perjuicio alguno a la contraparte de la quejosa, ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación, amén de que el dictado de la sentencia que en su caso concediera el amparo, beneficiaria también a la parte tercera interesada, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción para ambas partes (actora y demandada). Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con soporte en lo previsto en el dispositivo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se exhorta a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.

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