Pablo Ariel Duran Medina
Expediente 1132/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Ariel Duran Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintiséis de abril de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado señaló que sí es cierto el acto. Ahora bien, no obstante de la certeza del referido acto reclamado, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que dicha autoridad no estaba en posibilidad de actuar en los términos precisados por la parte quejosa en su demanda. Lo anterior es así, ya que mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, se regularizó el asunto laboral de origen, y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la prueba de confesión de la parte demandada ofrecida por la parte actora, la cual aún no se lleva a cabo. En efecto, de lo informado por la autoridad responsable se obtiene que el juicio no se encuentra aún en la fase de dictado del laudo, sino que aún se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, pues la Junta responsable manifestó que aún queda pendiente de desahogo una prueba de confesión, respecto de la cual mediante proveído de fecha dos de julio del dos mil veintiuno, ha señalado fecha y hora para su desahogo, acuerdo que se encuentra en vías de notificación, y en tanto no se desahoguen todas las pruebas, no puede emitir laudo alguno. Luego, considerando lo anterior y que la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, tal como se observa de la boleta de turno correspondiente y del sello respectivo; es decir, a la fecha de presentación de la demanda de amparo la referida autoridad responsable aún no se encontraba en el momento procesal oportuno para dictar laudo en el expediente laboral de origen, lo que conduce a tener por inexistente el acto reclamado. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con Registro 2018110, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I Materia Común, Tesis 2a./J. 99/2018 (10a.), página 926, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio respecto del citado acto que se le reclama a la autoridad responsable. Sin que obste a lo anterior, el que hasta la presente fecha no se haya emplazado a juicio a la tercero interesada María Lucía Herrera Herrera, pues en virtud del sentido del presente proveído, no resentiría perjuicio alguno. Es atendible al caso la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013630, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Y, la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por , en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio suscrito por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinticuatro de los corrientes, informa lo referente al domicilio de la tercero interesada********************Por tanto, se tiene a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo, para los efectos legales correspondientes, siendo ésta la última autoridad y dependencia que remite la información que le fue solicitada. Ahora bien, una vez que ha concluido la investigación que se emprendió de manera oficiosa con el fin de averiguar el domicilio de la tercero interesada para ordenar su emplazamiento, se advierte de los informes solicitados a la totalidad de las autoridades y dependencias, que no se tuvo resultado positivo al respecto. En consecuencia, prevéngase por última ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, proporcione domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazada a este juicio la parte tercera interesada en cita. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que se le otorga, se procederá conforme a lo dispuesto en la primera parte del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, y se ordenará el emplazamiento de la parte tercero interesada por edictos a su costa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio suscrito por la Gerente de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinticuatro de los corrientes, informa lo referente al domicilio de la tercero interesada María Lucía Herrera Herrera. Por tanto, se tiene a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo, para los efectos legales correspondientes; quedando en espera de que la última autoridad y dependencia remita la información que de igual forma le fue solicitada. Sin que resulte útil el dato aportado por la autoridad oficiante, toda vez que resulta ser el mismo domicilio en el cual ya fue ordenado el emplazamiento de la tercero interesada, sin resultado positivo al respecto. Notifíquese y cúmplase.
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