Pablo Aldrin Marín Pacheco

Expediente 204/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
204/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Pablo Aldrin Marín Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. En cuanto a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto: agréguese a este expediente el oficio sin número de la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que remite con relación al requerimiento efectuado por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, respecto de la tarjeta de acuse de correspondencia, relativa al oficio 3749/2020; y mediante el cual informa, que la pieza postal de referencia, fue entregada en su oportunidad a la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional. Al efecto, téngase por cumplido por parte de la oficiante el requerimiento de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto: agréguense a los autos el sobre que devuelve la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, que contiene el oficio 3749/2020, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, dirigido a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mismo que no fue entregado por el motivo inserto al reverso del mismo; esto es, "cerrado por covid." Ahora bien, toda vez que el oficio de referencia, se envió a la responsable antes nombrada, a fin de que rinda su informe justificado en los presentes autos, en los términos indicados en el mismo. Empero el veintisiete del actual mes, se dictó sentencia definitiva en este asunto, en la que se resolvió sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que la parte actora, aquí quejosa, celebró ante la Junta responsable, un convenio con la parte demandada, por lo que se ordenó el archivo del juicio laboral de origen como asunto concluido. Por tanto, se deja de tener como autoridad responsable en este asunto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y en consecuencia, se suspende toda comunicación con la misma. Por lo anterior, se deja sin efectos el oficio 19246/2020, de fecha veintisiete de los corrientes, enviado a la citada autoridad, en el que se le comunica el sentido del fallo constitucional, por los motivos expuestos en este proveído. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 204/2020-II-B, promovido por ***, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México y Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de seis de febrero de dos mil veinte, por auto de diecisiete de febrero siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. QUINTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de la junta responsable con sede en esta ciudad, de hacer efectivos los apercibimientos ordenados en sus exhortos y la omisión de las restantes autoridades de emplazar a las demás partes al juicio laboral 874/2019. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado, sin que la quejosa hubiese ofrecido prueba alguna para desvirtuar esa negativa. En tales condiciones, ante la negativa expresada por la autoridad responsable respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En efecto, en la especie, como ya se dijo, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de hacer efectivos los apercibimientos decretados en los exhortos que remitió para emplazar a los demandados en el juicio de origen, así como la omisión de las restantes responsables de diligenciar dichos exhortos. Sin embargo, de las copias certificadas del referido juicio laboral, que el Presidente de la Junta con sede en esta ciudad allegó a este Juzgado, las cuales hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la propia ley, se advierte que en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, las partes celebraron un convenio, el cual fue aprobado por la Junta, por lo que se ordenó el archivo como asunto concluido. De ahí que se estime que se surte la causal de improcedencia del juicio de amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, que en la especie se reitera, se hizo consistir en la omisión de la responsable de hacer efectivos los apercibimientos decretados en los exhortos que libró para emplazar a la parte demandada, el mismo no puede tener efecto legal ni material alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo, en virtud de que las partes llegaron a un convenio que dio por concluida la contienda que existía entre éstas. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción V del artículo 63, de la legislación referida. Sobre el particular, norma este criterio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México, no hubiese rendido su informe justificado, ni obre en autos la constancia de notificación respectiva, ya que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que lo aquí resuelto no cambiaría aun con el informe de dicha autoridad. Por lo que dicho sobreseimiento se hace extensivo a dicha autoridad. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***en contra de los actos atribuidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, por los motivos indicados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por PABLO ALDRÍN MARÍN PADRÓN en contra de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México, por los motivos señalados en el considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano