PABLO AGUILAR RAMÍREZ y Otros.
Expediente 424/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2022
Partes del expediente
- PABLO AGUILAR RAMÍREZ y Otros.
- Pablo Aguilar Ramírez
- Juez de Control de Distrito del Sistema Penal Acusatorio, en el Centro de Justicia Penal, sede Reclusorio Norte
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México a, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remite copia certificada de los presentes autos y testimonio de la resolución aprobada en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja Q.P. ***, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto en este expediente; ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Sin que haya lugar a acusar su recibo, al así haberse manifestado. Por lo que, nada habiendo que cumplimentar previa anotación en el libro de gobierno, procédase a la destrucción de las copias certificadas devueltas al ser innecesaria su conservación y archívese este asunto como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México a, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual, acusa de recibo el legajo de copia certificada de los presentes autos, así como el escrito de interposición y agravios, remitidos con motivo del medio de impugnación interpuesto; asimismo, informa que fue admitido a trámite bajo el número de expediente Q.P. 139/2022-I. De lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México a, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta, por medio del cual la parte quejosa interpone recurso de queja contra el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el recurso de mérito no las involucra; por tanto, envíese el original del ocurso de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar, como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado que lo conozca, sustancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la superioridad, que este órgano jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, este juzgado desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 424/2022-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Acto reclamado - Integración de la carpeta de investigación FED/UEMED/ED-CDMX/00027/2022. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de derechos, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Así, como se dijo, el que aquí provee considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta respecto del acto, toda vez que no afecta el interés jurídico del quejoso: Con relación al interés jurídico, los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.).". Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de amparo, se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En el caso, el quejoso no tiene interés jurídico para reclamar la integración de carpeta de investigación en su contra, puesto que éste se refiere a la integración de una indagatoria, además de que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a ésta pues la investigación y persecución de los delitos es una facultad exclusiva del agente del Ministerio Público. Por el tema que aborda, resulta aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular.". De ahí que, se afirma, PABLO AGUILAR RAMÍREZ, carece de interés jurídico respecto del acto reclamado. Por tanto, se desecha de plano la presente demanda en cuanto al acto reclamado, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizado de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; no así los correos electrónicos que se proporcionan, ya que no se encuentran contemplados para tal efecto por la Ley de Amparo. Por autorizados a las personas que menciona que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, a las restantes, conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal; no así para recibir valores, al no estar contemplado por dichos numerales. Expediente electrónico Asimismo, ya que se cuenta con nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico de la parte quejosa, instrúyase a la Oficial judicial "A" adscrita, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Infórmese que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, solicítese al actuario judicial adscrito para que, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, realice la presente notificación, así como las subsecuentes de forma electrónica a los usuarios proporcionados. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente al Oficial Judicial "A".
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