Osvaldo Machorro Amado
Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2022
Partes del expediente
- Osvaldo Machorro Amado
- Osvaldo Machorro Amado y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual devuelve la copia certificada del presente sumario, así como copia certificada de la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de dos de los corrientes, en el Q.P. 167/2022, formado con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de julio del año en curso, dictado por este juzgado, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja.". Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitieron copia certificada de los autos originales del juicio de amparo 713/2022-II, promovido por *********, así como copia certificada de una cédula de notificación por medio del cual la parte quejosa interpuso recurso de queja; asimismo, se informa que se admitió a trámite el mismo, registrándolo con el número de expediente Q.P. 167/2022. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la cédula de notificación de cuenta de la que se desprende que la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio último, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra; por tanto, envíese copia certificada de la cédula de notificación que se atiende al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, para los efectos legales a que haya lugar; como lo ordena artículo 101 de la Ley de amparo, remítanse copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el tribunal colegiado substancie el recurso interpuesto por el justiciable. Hágase del conocimiento de la superioridad, que éste Órgano Jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que en proveído de veintisiete de julio del año en curso, este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por Osvaldo Machorro Amado, por propio derecho. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 713/2022-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación del acto reclamado De la lectura integra de la demanda de derechos fundamentales, se desprende que el acto reclamado lo constituye: La orden de traslado del quejoso del Centro de Seguridad Penitenciaría Torre 2 "CEVACEP II" de la Ciudad de México a diverso centro. Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado reclamada el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, el quejoso se duele de la orden de traslado del quejoso del Centro de Seguridad Penitenciaría Torre 2 "CEVACEP II" de la Ciudad de México a diverso centro. La Ley Nacional de Ejecución Penal, establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contienen un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios, involuntarios y los urgentes (o excepcionales). Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesoria al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53 de la ley de ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121 de la ley de ejecución), la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentren el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contienen una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contienen una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120 de la Ley de Ejecución se deduce que la controversia judicial se inicia a través del ejercicio de una acción, de los artículos 120 al 129 de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y al mismo tiempo accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal ya sea dentro del juicio o en ejecución de la pena (artículos 1 y 2 de la ley de ejecución). "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.": "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales.": La tramitación del proceso accesorio es facultativo, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que este no esté de acuerdo con tal decisión por estimar que agravia sus derechos (artículos 116 fracción I y 117 fracción III y último párrafo de la ley de ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señala como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respecto o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el juez de ejecución", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo pues de estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas, por estar autorizadas por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal. Cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso b), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios, se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificado con posterioridad por un juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En el caso, el quejoso reclama la orden de traslado del quejoso del Centro de Seguridad Penitenciaría Torre 2 "CEVACEP II" de la Ciudad de México a diverso centro, que atribuye a los jueces que señala como responsables, por lo que en contra de la determinación que estos emitieron procede el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido, cuya resolución, en su caso, derivaría en la confirmación, modificación o revocación de la referida orden de traslado. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente contra los traslados (sin hacer distinción alguna), de manera que en caso de estar inconforme con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento, el gobernado cuenta con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Determinación que no se encuentra en alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, toda vez que con tal acto no se pone en peligro la vida del peticionario de amparo; tampoco se trata de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que para que se actualice la circunstancia "ataques", se exige que esa afectación se lleve a cabo fuera de procedimiento; es decir, se refiere a los supuestos en que puede afectarse la libertad sin una justificante jurídica; lo que en la especie no ocurre; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma el acto reclamado no afecta la libertad del quejoso, tomando en cuenta que ese aspecto (libertad) se encuentra afectada con motivo de la sentencia emitida en un proceso. Además, si la orden que se reclama resultara atribuible únicamente a las autoridades administrativas, de igual forma, en ambos casos, la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismos de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de lo ahí estipulado; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso en concreto la jurisprudencia de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad.". En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el lugar que señala en su escrito de demanda. Defensor Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra privado de la libertad y no cuenta con asistencia jurídica; por lo que, a efecto de garantizar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se le requiere para que al momento de la diligencia o dentro los tres días hábiles siguientes a que surta efectos tal notificación, nombre a un abogado que lo represente en el trámite del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o de no nombrar alguno, este juzgador de manera oficiosa designará a un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente.
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