Oziel Alejandro Ramírez Salazar

Expediente 1215/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1215/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Oziel Alejandro Ramírez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Ahora, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita la devolución de los documentos adjuntados a su escrito de demanda y las copias de traslado. En ese sentido, dígase que quedan a su disposición una vez que el auto dictado el trece de los cursantes adquiera firmeza procesal.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de agosto de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 927/2018, de su índice y veintiún copias de demanda -fórmese el anexo correspondiente-; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1215/2018-VI-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso concreto, el quejoso señala como acto reclamado la orden de retiro y baja de plaza de residencia médica en pediatría, la cual desempeñaba en el Hospital General de Toluca "Dr. Nicolás San Juan", contenida en el oficio HGNSJ/EI/C/04/2018, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, signado por el director del referido hospital, así como, las consecuencias derivadas del mismo, las cuales consisten en pago retroactivo, evaluación realizada, acoso laboral -mobbing-, psicológico, las peticiones realizadas a diversas autoridades y sus contestaciones. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el quejoso se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Los artículos anteriormente citados establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional en el presente juicio no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el quejoso acude a esta vía constitucional para reclamar la orden de retiro y baja de plaza de residencia médica en pediatría, la cual desempeñaba en el Hospital General de Toluca "Dr. Nicolás San Juan", contenida en el oficio HGNSJ/EI/C/04/2018, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, signado por el director del referido hospital, así como, las consecuencias derivadas del mismo, las cuales consisten en pago retroactivo, evaluación realizada, acoso laboral -mobbing-, psicológico, las peticiones realizadas a diversas autoridades y sus contestaciones. Asimismo, de las declaraciones vertidas en su escrito de demanda el quejoso manifestó que fue notificado del acto reclamado el doce de enero de dos mil dieciocho; el cual se le notificó de manera personal, situación que se corrobora con el oficio HGNSJ/EI/C/04/2018, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, en cual obra en autos (anexo 1 a su escrito de demanda). Sin que pase desapercibido que a su escrito de demanda agrega (Anexo 10) oficio HGNSJ/EI/024/18 de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dirigido al quejoso, signado por el Director General del Hospital "Dr. Nicolás San Juan", le informó lo siguiente ". concluye que su petición es la restitución de su plaza médica en ora Unidad Hospitalaria y respetarle su grado académico como médico residente del 2° año de la especialidad de pediatría, me permito informarle que deberá acudir a la instancia académica indicada que es la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del Instituto de Salud del Estado de México, en donde recibirá información al respecto ya que el trámite definitivo lo tendrá que realizar en la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos en Salud dependiente de la Secretaría de Salud. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos (conforme a la ley del acto), la notificación practicada al quejoso del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado precisado con anterioridad TRANSCURRIÓ EN EXCESO, dado que el peticionario de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes fue notificado del acto reclamado el doce de enero de dos mil dieciocho; por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al asunto que nos ocupa fue presentada hasta el tres de agosto de dos mil dieciocho como se corrobora con la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México -agregada al juicio en que se actúa-, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Oziel Alejandro Ramírez Salazar, por notoriamente improcedente. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que pase desapercibido que mediante oficio HGNSJ/EI/024/18 de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dirigido al quejoso, signado por el Director General del Hospital "Dr. Nicolás San Juan", se le informó lo siguiente ". concluye que su petición es la restitución de su plaza médica en ora Unidad Hospitalaria y respetarle su grado académico como médico residente del 2° año de la especialidad de pediatría, me permito informarle que deberá acudir a la instancia académica indicada que es la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del Instituto de Salud del Estado de México, en donde recibirá información al respecto ya que el trámite definitivo lo tendrá que realizar en la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos en Salud dependiente de la Secretaría de Salud. EXHORTO Ahora, en virtud de que el quejoso señaló domicilio para recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en la calle Venecia número 58, Despacho 1, colonia San Álvaro, esquina con calle de Atenas, código postal 02090, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México y notifique al quejoso Oziel Alejandro Ramírez Salazar,debiéndole correr traslado con auto de quince de marzo de la presente anualidad. Asimismo, deberá requerirla, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec), con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de ese sistema de expedientes. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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