Oyuki Rosas Arroyo

Expediente 1443/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1443/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Oyuki Rosas Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el comunicado de cuenta de la Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 300/2017 (orden 512/2017), librado en autos. Háganse las anotaciones respectivas y acúsese recibo por la vía que se solicita. En ese tenor, con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por notificada a la quejosa Oyuki Rosas Arroyo, del auto de doce de septiembre del actual.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito signado por Oyuki Rosas Arroyo, regístrese bajo el número de expediente 1443/2017-II-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este tribunal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó que, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Asimismo, la citada Segunda Sala agregó que el consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis visible en la página 13, de los volúmenes 139-144 Primera Parte, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, estableció el siguiente criterio: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.". El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: 1).- Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis aislada P. LXXVI/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157, del Tomo V, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." 2).- Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. Resulta aplicable, por analogía, la siguiente tesis, que se refiere al consentimiento tácito, misma que fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la página 203, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, que señala: "AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO. Para que opere el consentimiento tácito de la ley, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la misma que agravie a la parte quejosa y que ésta no lo impugne en los términos señalados por la ley. Dicho consentimiento no se actualiza cuando los supuestos actos de sometimiento al dispositivo legal impugnado se producen en beneficio del quejoso, pues atendiendo al contenido de los artículos 4o. y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional presupone la existencia de un acto de aplicación que agravie a la impetrante del juicio de garantías." 3).- Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, sí se actualizan todos los requisitos previstos para que el acto reclamado en el juicio sea considerado como consentido en forma expresa. En efecto, de inicio es oportuno precisar que en la especie la quejosa reclama la orden o determinación por medio de la cual, el dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, fue trasladada del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, al diverso Reclusorio Femenil Tepozanes, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Así, la existencia del acto reclamado se encuentra reconocida, pues la promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, la existencia del juicio de amparo 1462/2016, del propio índice, que promovió la propia quejosa en contra de la referida orden de traslado y otro acto; de cuyas actuaciones, se advierte que en sentencia engrosada el doce de diciembre de dos mil dieciséis, se asentó lo siguiente: "CUARTO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la orden para trasladar a la quejosa del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, a la Penitenciaria Femenil "Nezahualcóyotl Sur", con residencia en Nezahualcóyotl, ambos en el Estado de México, ejecutada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Además, su existencia se advierte de las propias constancias que remitieron como complemento a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de actuaciones previas y posteriores a la emisión de la orden de traslado de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, contenida en el oficio número DGPRS/DTL/TD/0837/2016 (folio 129, 157, 164, 174 y 180); de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Por su parte, el perjuicio que el acto causa a la quejosa se demuestra con el contenido de la propia demanda que nos ocupa, de la que se advierte que alega transgresión a disposiciones constitucionales y legales en su perjuicio, que inobservó la autoridad al momento de emitir el acto reclamado (orden de traslado). Y, finalmente, a fin de constatar que, efectivamente, la ahora parte quejosa consintió la resolución reclamada, se precisa la siguiente: En la referida ejecutoria del juicio de amparo 1462/2016, se otorgó el amparo a la quejosa, para los efectos siguientes: "Así, al ser patente que la reclamada orden de traslado de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, infringe los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, previstos por los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin analizar y emitir pronunciamiento respecto a los restantes conceptos de violación, con apoyo en el dispositivo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder a la accionante del amparo la protección constitucional solicitada, para efecto de que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México: 1) Deje insubsistente el oficio número DGPRS/DTL/TD/0837/2016, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, únicamente respecto de la aquí quejosa Oyuki Rosas Arroyo, por medio del cual ordenó el egreso de la impetrante del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez; y su ingreso a la Penitenciaria Femenil de "Nezahualcóyotl Sur", con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, ambos en el Estado de México; 2. Ordene las acciones necesarias para que la accionante de amparo sea reinstalada en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Concesión extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Director General de Prevención y de Readaptación Social; Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez; y, Directora de la Penitenciaría Femenil de "Nezahualcóyotl Sur", con residencia en Nezahualcóyotl, todos en el Estado de México, por derivar y ser consecuencia del acto de traslado calificado inconstitucional; quienes a su vez, deberán estarse a lo que determine la autoridad ordenadora en cumplimiento a este fallo." Sin embargo, así como lo arguye la amparista en la demanda que nos ocupa, de las constancias del referido juicio 1462/2016, se advierte que por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito por medio del cual la quejosa manifestó desistirse del juicio de amparo; razón por la cual, en dicho proveído se ordenó requerirla, mediante notificación personal en el lugar de su reclusión, a fin de que ratificara el contenido del escrito de desistimiento, lo cual realizó, ante el Actuario adscrito al Juzgado de Distrito que correspondió diligenciar el exhorto que envío este órgano jurisdiccional para el efecto referido. En consecuencia, en proveído de nueve de enero del presente año, se tuvo a la quejosa ratificando el desistimiento y se ordenó el archivo definitivo del asunto. De lo expuesto se advierte que la ahora quejosa, ante la manifestación de su voluntad en la que ratificó el desistimiento del juicio de amparo 1462/2016, resulta claro y evidente que consintió el acto reclamado, porque el desistimiento del referido sumario, implicó un desistimiento de la acción y, por ende, supone la renuncia de la parte quejosa al fallo protector otorgado, lo que deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 3/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." En el contexto apuntado, es posible inferir que desde el momento en que la parte quejosa ratificó el desistimiento del juicio de amparo en el que reclamó el mismo acto que ahora impugna, resultaría improcedente cualquier otro sumario que entablara en contra del mismo acto, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XIII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, lo que en la especie acontece. De igual forma, sirve de sustento por analogía, la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Marzo de 1999, Tesis: 2a. XXVII/99, página 313, que dice: "CONSENTIMIENTO EXPRESO. SE PRESENTA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO SE ENCUENTRA CONDICIONADO POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación del perjuicio o agravio, una vez que el quejoso haya aceptado aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio resulta improcedente en los términos del precepto antes citado." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa, al actualizarse de manera manifiesta la casua de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a la quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra privada de su libertad. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. ENVÍO DE COMUNICACIÓN OFICIAL En ese tenor, toda vez que la quejosa se encuentra recluida en el Reclusorio Femenil Tepozanes, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, envíense exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, notifiquen personalmente a Oyuki Rosas Arroyo el presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Notifíquese por exhorto a la quejosa. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

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