Otilia Díaz de la Hoz

Expediente 1308/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1308/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2017

Partes del expediente

  • Otilia Díaz de la Hoz

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, los originales del expediente 1457/2012 (tres tomos) del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y el toca civil 2969/2016 (un tomo) de su índice, al cual obra agregado el cuaderno de apelación 110/2016, que remitió como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formaron por separado con las mismas. Asimismo, se le solicita el acuse de recibo correspondiente dentro del término de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo....I

  2. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE (COMPETENCIA Y DEMANDA) V I S T O el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite las constancias de cuenta, entre las cuales se encuentra la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su apoderado *****; luego de que mediante resolución de diecisiete de agosto de de dos mil diecisiete, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito en el amparo directo civil 814/2017 y declinó competencia para conocer de dicha demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, la cual por razón de turno, correspondió a este Juzgado; en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento de la superioridad, que con fundamento en los artículos 1, 33 y 35 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y al efecto, se provee: REGISTRO DE EXPEDIENTE Ahora, vista la demanda de amparo promovida por OTILIA DÍAZ DE LA HOZ, por conducto de su apoderado J. SALVADOR TAPIA MUÑOZ, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de ley de la materia, con fundamento en el artículo, 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1308/2017-I, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, mismo que a la letra dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora, en el caso que nos ocupa se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, que dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [...]." Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 2969/2016. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar una mayor claridad al sentido del presente auto conviene citar los principales antecedentes del acto reclamado: 1. El veinte de septiembre de dos mi doce, el juez responsable, admitió a trámite la demanda promovida por "Camionera del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Alberto Montes González, en la vía ordinaria mercantil, en contra de la quejosa Otilia Díaz de la Hoz, misma que quedó radicada bajo el número 1457/2012 (folio 343 del tomo de pruebas I). 2. Una vez emplazada la parte demanda -quejosa- y seguido el juicio por sus trámites legales, el dieciocho de febrero de dos mil quince, el juez responsable, dictó sentencia definitiva en el juicio de origen, en la cual resolvió, entre otras, absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por la parte actora, condenando a ésta, al pago de gastos y costas originadas en el juicio natural (folios 133 al 149 del tomo de pruebas II). 3. Una vez substanciados diversos medios de impugnación, por auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, el A quo declaró ejecutoriada la sentencia definitiva y tuvo al apoderado de la quejosa demandada formulando planilla de liquidación por concepto de gastos y costas (folio 277 ibídem), la cual fue resuelta mediante interlocutoria de seis de octubre de dos mil dieciséis, en la que aprobó dicha planilla por la cantidad de $ 91, 030.48 (noventa y un mil treinta pesos 48/100 m.n.) -folios 280 a 288 ibídem-. 4. Inconforme con la anterior sentencia interlocutoria, la parte demandada -quejosa-, interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, registrándolo bajo el número de toca civil 2969/2016, y el ocho de marzo de dos mil diecisiete, lo resolvió en el sentido de modificar la resolución recurrida, aprobando la planilla recurrida por la cantidad de $24,928.94 (veinticuatro mil novecientos veintiocho pesos 94/100 m.n.) -folios 317 a 334 ibídem-. Ahora, de las copias certificadas de cuenta, se desprende que: 5. Discrepante la aquí quejosa con la anterior supracitada determinación, promovió demanda de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, registrándolo bajo el número de amparo directo civil 263/2017, y por auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se declaró legalmente incompetente, y declinó competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, de la cual, por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, y fue admitida el doce de mayo de dos mil diecisiete, registrándose bajo el número 639/2017-I. 6. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, este juzgado dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo solicitado por la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que, por un lado, dejara intocado lo que no fue materia la concesión del amparo y, por otro, con plenitud de jurisdicción, resolviera como correspondiere. 7. Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de junio de del actual, y por auto de trece de julio del mismo año, se tuvo por cumplida y se ordenó el archivo de tal juicio de amparo, ello con motivo de la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que dictó la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en cumplimiento a la sentencia concesoria. (La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente sumario.) 8. Disidente, la aquí quejosa, con la resolución emitida en cumplimiento al sentencia concesoria de amparo, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, registrándolo bajo el número de amparo directo civil 814/2017, y por auto de diecisiete de agosto del actual, se declaró legalmente incompetente, y declinó competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, demanda de la cual, por razón de turno correspondió conocer a este juzgado. De la anterior relación de constancias, en la cuales se hizo referencia a las que integran el juicio de amparo 639/2017-I del índice de este juzgado, documentales que constituyen un hecho notorio para este juzgador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la resolución reclamada fue dictada en cumplimiento de una sentencia dictada por este juzgado en el juicio de amparo 639/2017-I. De igual manera, se advierte que el acto reclamado en tal juicio, lo constituyó la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 2969/2016, respecto de la cual el quejoso promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el que lo registró bajo el número de amparo directo civil 263/2017, y por auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se declaró legalmente incompetente, y declinó competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno, auto en que se explicó a la parte quejosa los motivos y fundamentos por la cuales no procedía en la vía directa respecto de la resolución que controvertía. Lo cual lleva a concluir que la parte quejosa, ya tenía conocimiento de cuál era la vía idónea para combatir el acto reclamado, que fue emitido en cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitido en el juicio 639/2017-I, del índice de este juzgado y, no obstante, la impetrante de amparo nuevamente presentó su demanda ante la autoridad responsable, ello pues como se vio, en el precitado juicio el acto reclamado lo constituyó la resolución de génesis emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 2969/2016, es decir, de naturaleza similar a la que hoy se impugna, ya que ésta sólo fue emitida en cumplimiento de la sentencia en la que se amparó a la solicitante de amparo, otra vez quejosa. Lo anterior, pues como se dijo, el Tribunal Colegiado supracitado, al declararse legalmente incompetente, el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en el amparo directo civil 263/2017, explicó las razones particulares, por la que estimó que un acto de esa naturaleza, idéntico al que aquí se reclama, era impugnable en la vía indirecta; de ahí que la parte quejosa ya sabía el tipo de amparo que debía de promover en contra de la resolución combatida, esto es, ya sabía cuál era el medio extraordinario de defensa para poder controvertir la legalidad de dicha resolución. Abona a lo expuesto, la circunstancia de que tanto en la demanda que ahora se promueve, así como en la diversa que obra en el precitado juicio de amparo, la quejosa ha actuado por conducto de su mismo apoderado legal, de lo que se colige que tal profesionista desde el anterior juicio de amparo tuvo conocimiento de la vía correcta para la promoción de la presente demanda de amparo. Bajo esa perspectiva, debe de tomarse como fecha de cómputo para presentación de la presente demanda de amparo, la data en que ésta fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, para ser turnada. Los anteriores razonamientos se encuentran en la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, materia común, número de registro 2007052, visible en el la página 275, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." Bajo ese contexto, no obstante de que la parte quejosa haya referido que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el cuatro de julio de dos mil diecisiete, lo cierto es que de las constancias que integran el toca civil 2969/2016, se desprende que la resolución reclamada le fue notificada mediante lista de acuerdos de la Sala responsable, el siete de agosto de dos mil diecisiete (folio 50 del tomo de pruebas IV), por lo cual, a fin de determinar la oportunidad de la presente demanda, tal fecha es la que se tomará base del conocimiento del acto reclamado, pues inclusive es la que más le beneficia a la solicitante del amparo. En ese sentido, el artículo 17 de la ley de Amparo, establece el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual le es aplicable a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que no se encuentra dentro de los casos de excepción a que se refiere el referido artículo. En tanto, que el diverso 18 prevé tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo; La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Dicho lo anterior, la parte quejosa se encuentra en la primera de las hipótesis, esto es, a partir de que haya surtido efectos el acto reclamado conforme a la ley del acto. Por su parte, el artículo 120 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, a la letra dice: "Artículo 120. La segunda y ulteriores notificaciones surtirán efectos en lista para los interesados, al día siguiente de su publicación, excepto en los casos en que el interesado consulte el expediente por medio del servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial del Estado o que sea notificado por medio de correo electrónico, en los cuales surtirá efectos a partir de la fecha en que haga la consulta del expediente electrónico o de la fecha en que se envíe el correo electrónico, según sea el caso." De lo cual se colige que las notificaciones en materia civil realizadas mediante lista de acuerdos, surten sus efectos al día siguiente en que se practican. Luego, el término de quince días a que se refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo para la interposición del presente juicio de amparo, corrió desde el día hábil siguiente en que surtió efectos el acto reclamado (ocho de agosto del actual), esto es, del nueve al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ello sin tener en cuenta los días inhábiles que median en dicho periodo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, si la parte quejosa no reclamó la resolución de la que se duele dentro de los quince días, siguientes al día en que surtió efectos el acto combatido, sino hasta el veintinueve de septiembre dos mil diecisiete, fecha en la que se presentó la demanda de mérito en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, por parte del Tribunal Colegiado que declinó competencia, pues así se desprende del sello de dicha oficina; en consecuencia, es evidente que en esa fecha ya había fenecido el término de quince días establecido en el artículo 17 de la ley reglamentaria, para la promoción de la demanda de amparo planteada por la parte quejosa. En ese contexto, es de inferirse que la aquí quejosa tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar de forma extemporánea su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se lee así: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS.- No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." (Jurisprudencia 13, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo VI, Común, Sección Precedente relevante S.C.J.N., Séptima Época, Apéndice 1917-2000). Así como, la tesis que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 165, Tomo VI, Común, Sección Precedente relevante T.C.C., del Apéndice 1917-2000, Octava Época). Por lo anteriormente considerado y fundado, con base en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo de que se trata. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." TOMOS DE PRUEBAS Por su parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena la apertura de cuatro tomos de pruebas, para un mejor manejo del presente expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a de dicho numeral a las personas que se indican. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.....I NP

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