Otilia Díaz de la Hoz

Expediente 639/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
639/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Otilia Díaz de la Hoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la cuenta, de la que se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, respecto del informe del cumplimiento que estimó haber dado la Sala responsable en relación a la ejecutoria de amparo dictada en autos, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. Mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, solicitados por la quejosa, por la consideración y para los efectos siguientes: ". Finalmente la solicitante del amparo, en su primer concepto de violación, sostiene, que la responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que aplicó indebidamente el artículo 1085 del Código de Comercio, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 2014, vigente al día siguiente de su publicación, el cual dispone expresamente, que tal decreto no será aplicable a los asuntos cuya demanda se hubiera presentado antes de su entrada en vigor. Lo anterior es fundado. (.) No obstante, como se adelantó, el artículo 1085 del Código de Comercio, aplicado por la Sala responsable, es de considerarse como norma procesal, en virtud de que modifica la regulación de costas Así es, el derecho a obtener costas es de carácter sustantivo, porque representa la prerrogativa que tiene el vencedor en un juicio de exigir a la parte vencida, que le cubra las erogaciones en que incurrió para iniciar, tramitar y concluir ese juicio, a fin de obtener sentencia favorable, empero, su regulación es de considerarse como norma procesal, ya que el legislador lejos de regular con la reforma el derecho o no a la obtención de costas, simplemente modificó su regulación instrumentando el procedimiento conforme a la nueva disposición, por lo que en el caso no le resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio, invocado por la Sala responsable. (.) Lo anterior es así, tomando en cuenta que por normas procesales debe entenderse, entre otras, a las que instrumentan el procedimiento, es decir, precisan modalidades en su tramitación, suprimen o establecen un recurso, amplían, modifican o suprimen términos o lo relacionado a la valoración de las pruebas; hipótesis que se asimila a la modificación de costas cuando el legislador no pretendió cambiar el derecho a obtenerlos, pero sí su manera de cuantificarlos. En ese orden de ideas, al resultar fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. (.)" ".SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo son para que la Sala responsable deje insubsistente la interlocutoria reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, por un lado, deje intocado lo que no fue materia la concesión del amparo y, por otro, con plenitud de jurisdicción, resuelva como corresponda. (.)" El veintidós de junio de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de tres días dieran cumplimiento al fallo protector. (Folios 58 al 59) Mediante oficio recibido el veintisiete de junio del actual, la Secretaria de Acuerdos Suplente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del toca civil 2969/2016 de su índice, de la que se advierte, que en lo que aquí interesa, que: Por una parte dejó insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete reclamada y, por otra parte, emitió una nueva resolución, en la que, determinó que la cuantía del negocio en el controvertido natural, era indeterminada, pero sin aplicar el artículo 1085 del Código de Comercio y, al efecto, consideró: Que para conocer la cuantía del negocio (como parámetro para regular los gastos y costas), además de la naturaleza de la acción ejercitada en juicio cobraba relevancia la clasificación de la sentencia (declarativa, constitutiva o de condena), a fin de dirimir si la cuantía del negocio era indeterminada, determinable o determinada. Que el pago de pesos que se solicitaba en el proceso 1457/2017 ante el Juez Décimo de Primera Instancia Civil del distrito judicial del estado de Querétaro, se vinculaba al juicio ordinario mercantil sobre la rescisión de contrato de compraventa, radicado con el número 794/2007 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del distrito judicial de Querétaro, promovido por Otilia Diaz de la Hoz en contra de Camionera del Centro S.A. de C.V. y Camiones Internacional de México S.A. de C.V., donde el vendedor Camionera del Centro S.A. de C.V. que entregó la cosa vendida (camión de pasajeros), podía exigir da la compradora, Otilia Diaz de la Hoz, por su uso, el pago de un alquiler o renta que fijaran peritos y una indemnización, es decir, que la potestad de exigir al comprador por el uso del camión (materia de la rescisión del contrato), una renta e indemnización por su deterioro, no era una consecuencia directa de la rescisión del contrato, sino una prestación accesoria a la rescisión, por lo que, correspondía su solicitud en aquel juicio 794/2007 del Juzgado Quinto de primera instancia del distrito judicial del estado de Querétaro; y al no hacerlo así, había precluído su derecho y operaba la cosa juzgada. Finalmente, se concluyó que si en el proceso 457/2012 ante el Juez Décimo de Primera Instancia civil del distrito judicial de Querétaro, el actor buscaba que se le reconociera ese derecho al pago de una renta e indemnización (el cual había precluido), dicho juicio era de cuantía indeterminada, en tanto que el actor no perseguía como prestación principal el pago de una cantidad liquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino que se le respetara su derecho al pago de un renta e indemnización, que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente de la rescisión de contrato en donde debió solicitarlo. Con lo cual, se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que realizaran manifestación alguna. (Folios 88 al 90 vuelta) Precisando lo anterior, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto a su cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector. Así es, pues por un lado, en la ejecutoria que nos ocupa, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Otilia Díaz de la Hoz, ya que no era aplicable, el segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio, en el cual, la Sala responsable, se apoyó para determinar que la cuantía del negocio en el controvertido natural, era indeterminada, por ende, con plenitud de jurisdicción, la sala responsable, debía dejar sin efecto, la reclamada y emitir una nueva en la que resolviera el recurso de apelación, pero sin aplicar tal precepto. En tanto que, la Sala responsable, mediante resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del toca civil 2969/2016 de su índice, por una parte dejó insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete reclamada y, por otra parte, emitió una nueva resolución, en la que, determinó que la cuantía del negocio en el controvertido natural, era indeterminada, pero sin aplicar el segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído y, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....I Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 14/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO OTILIA DIAZ DE HOZ POR CONDUCTO DE SU APODERADO J. SALVADOR TAPIA MUÑOZ EL AUTO DE 13/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la cuenta, de la que se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, respecto del informe del cumplimiento que estimó haber dado la Sala responsable en relación a la ejecutoria de amparo dictada en autos, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. Mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, solicitados por la quejosa, por la consideración y para los efectos siguientes: ". Finalmente la solicitante del amparo, en su primer concepto de violación, sostiene, que la responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que aplicó indebidamente el artículo 1085 del Código de Comercio, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 2014, vigente al día siguiente de su publicación, el cual dispone expresamente, que tal decreto no será aplicable a los asuntos cuya demanda se hubiera presentado antes de su entrada en vigor. Lo anterior es fundado. (.) No obstante, como se adelantó, el artículo 1085 del Código de Comercio, aplicado por la Sala responsable, es de considerarse como norma procesal, en virtud de que modifica la regulación de costas Así es, el derecho a obtener costas es de carácter sustantivo, porque representa la prerrogativa que tiene el vencedor en un juicio de exigir a la parte vencida, que le cubra las erogaciones en que incurrió para iniciar, tramitar y concluir ese juicio, a fin de obtener sentencia favorable, empero, su regulación es de considerarse como norma procesal, ya que el legislador lejos de regular con la reforma el derecho o no a la obtención de costas, simplemente modificó su regulación instrumentando el procedimiento conforme a la nueva disposición, por lo que en el caso no le resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio, invocado por la Sala responsable. (.) Lo anterior es así, tomando en cuenta que por normas procesales debe entenderse, entre otras, a las que instrumentan el procedimiento, es decir, precisan modalidades en su tramitación, suprimen o establecen un recurso, amplían, modifican o suprimen términos o lo relacionado a la valoración de las pruebas; hipótesis que se asimila a la modificación de costas cuando el legislador no pretendió cambiar el derecho a obtenerlos, pero sí su manera de cuantificarlos. En ese orden de ideas, al resultar fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. (.)" ".SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo son para que la Sala responsable deje insubsistente la interlocutoria reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, por un lado, deje intocado lo que no fue materia la concesión del amparo y, por otro, con plenitud de jurisdicción, resuelva como corresponda. (.)" El veintidós de junio de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de tres días dieran cumplimiento al fallo protector. (Folios 58 al 59) Mediante oficio recibido el veintisiete de junio del actual, la Secretaria de Acuerdos Suplente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del toca civil 2969/2016 de su índice, de la que se advierte, que en lo que aquí interesa, que: Por una parte dejó insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete reclamada y, por otra parte, emitió una nueva resolución, en la que, determinó que la cuantía del negocio en el controvertido natural, era indeterminada, pero sin aplicar el artículo 1085 del Código de Comercio y, al efecto, consideró: Que para conocer la cuantía del negocio (como parámetro para regular los gastos y costas), además de la naturaleza de la acción ejercitada en juicio cobraba relevancia la clasificación de la sentencia (declarativa, constitutiva o de condena), a fin de dirimir si la cuantía del negocio era indeterminada, determinable o determinada. Que el pago de pesos que se solicitaba en el proceso 1457/2017 ante el Juez Décimo de Primera Instancia Civil del distrito judicial del estado de Querétaro, se vinculaba al juicio ordinario mercantil sobre la rescisión de contrato de compraventa, radicado con el número 794/2007 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del distrito judicial de Querétaro, promovido por Otilia Diaz de la Hoz en contra de Camionera del Centro S.A. de C.V. y Camiones Internacional de México S.A. de C.V., donde el vendedor Camionera del Centro S.A. de C.V. que entregó la cosa vendida (camión de pasajeros), podía exigir da la compradora, Otilia Diaz de la Hoz, por su uso, el pago de un alquiler o renta que fijaran peritos y una indemnización, es decir, que la potestad de exigir al comprador por el uso del camión (materia de la rescisión del contrato), una renta e indemnización por su deterioro, no era una consecuencia directa de la rescisión del contrato, sino una prestación accesoria a la rescisión, por lo que, correspondía su solicitud en aquel juicio 794/2007 del Juzgado Quinto de primera instancia del distrito judicial del estado de Querétaro; y al no hacerlo así, había precluído su derecho y operaba la cosa juzgada. Finalmente, se concluyó que si en el proceso 457/2012 ante el Juez Décimo de Primera Instancia civil del distrito judicial de Querétaro, el actor buscaba que se le reconociera ese derecho al pago de una renta e indemnización (el cual había precluido), dicho juicio era de cuantía indeterminada, en tanto que el actor no perseguía como prestación principal el pago de una cantidad liquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino que se le respetara su derecho al pago de un renta e indemnización, que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente de la rescisión de contrato en donde debió solicitarlo. Con lo cual, se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que realizaran manifestación alguna. (Folios 88 al 90 vuelta) Precisando lo anterior, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto a su cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector. Así es, pues por un lado, en la ejecutoria que nos ocupa, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Otilia Díaz de la Hoz, ya que no era aplicable, el segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio, en el cual, la Sala responsable, se apoyó para determinar que la cuantía del negocio en el controvertido natural, era indeterminada, por ende, con plenitud de jurisdicción, la sala responsable, debía dejar sin efecto, la reclamada y emitir una nueva en la que resolviera el recurso de apelación, pero sin aplicar tal precepto. En tanto que, la Sala responsable, mediante resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del toca civil 2969/2016 de su índice, por una parte dejó insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete reclamada y, por otra parte, emitió una nueva resolución, en la que, determinó que la cuantía del negocio en el controvertido natural, era indeterminada, pero sin aplicar el segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído y, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 30/06/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO OTILIA DIAZ DE LA HOZ, APODERADA LEGAL DE J. SALVADOR TAPIA MUÑOZ EL AUTO DE 29/06/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Incorpórese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos suplente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 2969/2016 de su índice, con la cual acredita dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con una copia del oficio y anexo que se provee, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; y, una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa

  4. Principal

    Incorpórese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos suplente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 2969/2016 de su índice, con la cual acredita dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con una copia del oficio y anexo que se provee, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; y, una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa....I

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