Oswaldo Manzano Montero
Expediente 148/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oswaldo Manzano Montero
- Congreso del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, y toda vez que el quejoso OSWALDO MANZANO MONTERO, no interpuso recurso de revisión,en contra de la sentencia dictada dentro de este expediente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que este asunto fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo dé puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es destruible. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de Hebert Antonio Piñón, representante legal del quejoso Oswaldo Manzano Montero; en atención al contenido del punto primero del escrito de referencia, téngasele por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Roberto Romero García, María Fernanda Orozco Escobar y Arlette Blas Gutiérrez, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, circunstancia a la cual están obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a sus nombres en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, ni en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este juzgado. Ahora, respecto al punto segundo de su libelo de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, expídasele a su costa copia simple de la sentencia dictada en presente sumario, por conducto de las personas que menciona, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Por último, atendiendo a su petición descrita en el tercer punto, se autoriza a la parte quejosa, así como a sus autorizados para que hagan uso de los medios electrónicos para capturar o reproducir el contenido de las constancias que obren en este expediente. En el entendido que dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal y que no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, debiendo mediar solicitud verbal en cada acto, y por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos por el actuario judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.3o.C.725 C, visible a página 2847 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se opongan a la misma.
- Principal
RESUELVE. Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hebert Antonio Piñón, apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de Oswaldo Manzano Montero, en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. Segundo. Por lo expuesto en el considerando sexto, al hacerse pública la sentencia dictada en este asunto realícese con supresión de los datos sensibles de las partes, y envíese al Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes SISE, la versión pública correspondiente, en términos de dicho considerando.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca. Con el contenido del informe justificado, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora, toda vez que con esta fecha se agrega el informe justificado de la citada autoridad responsable, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan de su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo.
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