Oswaldo Antonio Castillo García

Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Oswaldo Antonio Castillo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído dictado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 219 a 222), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración. En el entendido, que deberán conservarse la demanda y sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que por proveído de tres de mayo del presente año (foja 212), se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con el contenido de la documental remitida por la autoridad responsable mediante oficio 897/2019 (fojas 203 a 211), por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio de amparo; plazo dentro del cual la tercera interesada Daisy Escobar Sánchez, desahogó la vista ordenada (foja 217). Por consiguiente, este órgano de control constitucional, procede a resolver, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia engrosada el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 126 a 134), este Juzgado Federal determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oswaldo Antonio Castillo García, para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Oswaldo Antonio Castillo García, para el único efecto de que la autoridad responsable, sustente su decisión de imponer como pensión alimenticia provisional a favor de las acreedoras terceras interesadas la cantidad de $6,627.00 (seis mil seiscientos veintisiete pesos, cero centavos, moneda nacional), esto es, de las razones suficientes que validen la determinación tomada, en el entendido que cuenta con los elementos suficientes para ello". En dicha sentencia se razonó además: "(.) Sin embargo, no expuso las razones de porqué llegó a tal determinación, esto es, qué operación aritmética realizó para determinar que la cantidad que impuso como pensión alimenticia provisional, es la correcta y no es arbitraria; esto es, la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, debió exponer cuales son las circunstancias que tomó como base para concluir que con los elementos que le proporcionó la parte actora, tenía los indicios suficientes para considerar que los cinco salarios mínimos diarios, están dentro de las posibilidades económicas del demandado para realizar dichos pagos o que estos son suficientes para atender las necesidades de las acreedoras alimenticias, atendiendo a que son tres menores de edad, cuáles fueron los parámetros que siguió para ello y si esto lo hizo atendiendo a su experiencia en la materia o existe un fórmula determinada para llegar a una determinación como a la que llegó; puesto que si bien es cierto, para determinar una pensión alimenticia provisional no necesita darle derecho de audiencia al demandado alimentista, también lo es que la decisión que tome debe de estar apegada a derecho, a fin de no vulnerar los derechos de ninguna de las partes. Lo anterior es así, puesto que el hecho de que la Juez para determinar la medida provisional que se reclama en este juicio, no esté obligada a allegarse de más pruebas de las que le presenta la parte actora, lo cierto es, que si debe de apegar su resolución a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir su decisión debe estar debidamente fundada y motivada, sin que sea suficiente señalar una cantidad a pagar por parte del deudor, también deben expresar las razones del porqué esa cantidad es la adecuada para que el deudor alimentario subsista hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio, donde ambas partes tendrán la oportunidad de ofrecer y desvirtuar las pruebas de su contraria". Ahora, en proveído de veintitrés de abril del presente año (fojas 191 a 194), este juzgador concluyó que la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, no cumplió con la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; ordenando requerir nuevamente a la aludida juez, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación de ese acuerdo, diera cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en este asunto; en consecuencia, atendiendo a dicho requerimiento, la Jueza Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, mediante oficio 897/2019 (foja 203), remitió copia certificada del acuerdo de treinta de abril de la presente anualidad (fojas 204 a 211), en el que sustentó su decisión respecto a la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la tercera interesada, y en el que destacó en lo que interesa: ".Por otra parte y respecto a la medida provisional, pensión provisional, que solicita la actora DAISY ESCOBAR SÁNCHEZ para si (sic) y en representación de sus tres citadas hijas, tomando en consideración, que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la susbsistencia de quienes los demandan o de aquellos en cuya representación se exigen, mientras se dicte sentencia definitiva, aunado a la facultad que concede a esta autoridad el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para fijar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo que la actora acredita con los atestados del Registro Civil, relativos, al primero, al matrimonio celebrado entre las partes y los restantes al nacimiento de los menores de edad Paola Mariana, Tania Mirel y Mía Valeria, todos de apellidos Castillo Escobar, respectivamente, expedidas por el Oficial Primero del Registro Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y el Director del Registro Civil de Oaxaca, vía electrónica, respectivamente, documentales con pleno valor probatorio en términos del artículo 316 fracción IV en relación con el 385 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; con la que se justifica que la actora es cónyuge de Oswaldo Antonio Castillo García y que los menores de edad antes mencionados, son hijos de Oswaldo Antonio Castillo García, por ello, son aptas para acreditar el derecho que tienen los acreedores alimentarios para recibir alimentos de su cónyuge y padre, de manera respectiva. Ahora bien, surge la presunción que el demandado tiene capacidad económica, para proporcionar una pensión alimenticia a su cónyuge Daisy Escobar Sánchez y sus citados hijos, menores de edad, pues en atención a las manifestaciones que la promovente, la cual en su escrito manifiesta que Oswaldo Antonio Castillo García, es propietario y administrador del negocio "SAN FRANCISCO" dedicado a la venta de pollos, así como, del negocio de nominado comercializadora "CASTILLO O AVÍCOLA GANADERA CASTILLO", pues a decir de la promovente se dedica a la venta de ganado porcino (puercos) vendiéndolos vivos o destazados, y que de forma diaria percibe ingresos, como se puede corroborar con las documentales exhibidas por la actora consistentes en la guía de tránsito de uso porcícola, expedido por el Gobierno del Estado de Veracruz, de la cual se infiere que el deudor alimentista, cuenta con permiso para transportar ganado, el cual de acuerdo a dicha documental transporta ciento ochenta animales en pie, teniendo dicho permiso para transitar de día y noche; así como el certificado zoosanitario de movilización, expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, de la Dirección General de Salud Animal, y el control sanitario y estadístico en la movilización de animales, productos y subproductos del Estado, expedidos por la Dirección de Sanidad Pecuaria, de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, a nombre de OSWALDO ANTONIO CASTILLO Y CASTILLO GARCÍA OSWALDO, respectivamente, cuyo propósito de expedición fue precisamente la movilización de animales, desde el Estado de Chiapas, hasta la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, probanzas de las cuales se puede advertir que el demandado cuenta permiso para la movilización de treinta cerdos, advirtiendo indiciariamente que el deudor alimentista tiene una actividad económica, esto es que sí se dedica a la venta de ganado porcino (puercos) vendiéndolos vivos o destazados, pues con las mismas se advierte que cuenta con los permisos necesarios para la movilización de animales para posteriormente venderlos vivos o destazados y que de esta manera percibe ingresos, lo cual se puede corroborar con la documental consistente en la carátula de contrato, cuenta de cheques con línea de cobertura, expedida por la institución financiera BANCO SANTANDER SERFIN, SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin, cuyo titular de la cuenta resulta ser OSWALDO ANTONIO CASTILLO GARCÍA, de donde deriva primeramente que cuenta con un negocio particular con antigüedad de seis años, y que tiene un ingreso mensual mayor a treinta y cinco mil pesos; lo cual lleva la conclusión que el obligado alimentario cuenta con la capacidad económica. (.) tomando en cuenta que en el presente caso, existen cuatro acreedoras alimentarias, quienes resultan ser, esposa, quien se dedica a las labores del hogar, por lo tanto goza de la presunción legal de necesitar alimentos acorde a lo establecido en el numeral 163 párrafo segundo del Código Civil en vigor para el Estado de Oaxaca, y tres hijas, quienes resultan ser menores de edad, pues cuentan con trece años seis meses, once años seis meses y cinco años respectivamente y que no pueden obtener sus alimentos por sí mismas, considerando además que las menores de edad, como ya se dijo, están en edad escolar y acuden a instituciones educativas particulares, pues así se desprende de las constancias de estudios exhibidas por la actora, demostrando con dichas documentales la necesidad de la fijación de una pensión alimenticia pues argumenta la actora que el demandado hace dos meses que no le da un solo centavo para los gastos de la casa y alimentos, sin que haya constancia hasta este momento procesal de la que se desprenda que la peticionaria perciba ingreso alguno pues como se dijo con antelación manifiesta dedicarse a las labores del hogar, en tales condiciones y atendiendo al principio de proporcionalidad que debe regir tratándose de los alimentos, previsto por el artículo 323 del Código Civil, se fija por concepto de PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor de DAISY ESCOBAR SÁNCHEZ por su propio derecho y en representación de las menores PAOLA MARIANA, TANIA MIREL Y MÍA VALERIA, todas de apellidos CASTILLO ESCOBAR, la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, EN FORMA QUINCENAL, misma que resulta después de realizar una operación aritmética, esto es, después de multiplicar OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que era el salario mínimo general vigente en el año dos mil dieciocho, por CINCO DÍAS, dando como resultado la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS, cantidad que tras realizar, nuevamente, una operación aritmética, esto es, multiplicada por QUINCE DÍAS, arroja la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, EN FORMA QUINCENAL. Haciendo hincapié que la cantidad fijada obedece a las necesidades se advierte tienen que satisfacer las acreedoras alimentistas, pues como se dijo tres de ellas son menores de edad y se encuentran estudiando en instituciones particulares, a las que el demandado consintió fueran inscritas para recibir la educación básica acorde a su edad, lo que generan más gastos de los cotidianos como lo es el pago de la luz, el agua, teléfono, lo que se presume que fueron roles o acuerdos adoptados explícita e implícitamente por los progenitores de las acreedoras alimentarias menores de edad (actora y demandado) a fin de darles una vida digna y decorosa. Sin que la cantidad fijada (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), genere algún tipo de menoscabo patrimonial en el demandado, pues como se advierte de las constancias exhibidas se presume que el deudor alimentista si cuenta con la capacidad económica para cumplir con el pago de la cantidad fijada en forma quincenal por concepto de pensión alimenticia, esto es así, dado que se desprende de la documental consistente en la carátula de contrato, cuenta de cheques con línea de cobertura, expedida por la institución financiera BANCO SANTANDER SERFIN, SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin, cuyo titular de la cuenta resulta ser el deudor alimentista OSWALDO ANTONIO CASTILLO GARCÍA, de donde deriva de manera indiciaria primeramente que dicho deudor, cuenta con un negocio particular con antigüedad de seis años, y que tiene un ingreso mensual mayor a treinta y cinco mil pesos; lo cual lleva a la conclusión que el obligado alimentario si cuenta con la capacidad económica para solventar el pago de la pensión alimenticia fijada, consistente en la cantidad SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, en forma quincenal, es decir, TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, mensuales, pues como ha quedado corroborado con la documental descrita en líneas que preceden, los ingresos mensuales del deudor alimentista ascienden a treinta y cinco mil pesos, por lo que atendiendo a la lógica y a las máximas de la experiencia se advierte que si realizamos una operación aritmética, es decir, si restamos a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL PESOS (la que resulta de los ingresos mensuales del demandado), la cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, mensuales, misma que es la que resulta de la pensión alimenticia decretada en autos pero en forma mensual, da como resultado la cantidad de veintiún mil setecientos cuarenta y seis pesos, que sería la que el demandado tendría para solventar sus propios gastos, esto es una cantidad mayor a la que recibirán su esposa y sus tres menores hijas por concepto de pensión alimenticia provisional fijada, por lo cual se insiste en que el deudor alimentista si cuenta con posibilidades económicas para realizar dichos pagos, insistiendo en que hasta este momento los cinco salarios mínimos diarios fijados en forma quincenal, los cuales ascienden a la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, resultan hasta este momento suficientes para solventar los gastos de las acreedoras alimentistas acorde a las necesidades que tienen que satisfacer las acreedoras alimentistas , pues como se ha dicho tres de ellas son menores de edad y se encuentran estudiando en instituciones particulares, lo que generan más gastos de los cotidianos, como lo es el pago de la luz, el agua, teléfono, lo que se presume que fueron roles o acuerdos adoptados por los progenitores de las acreedoras alimentarias menores de edad, a fin de darles una vida digna y decorosa". Así mismo, se deberá hacer del conocimiento al hoy demandado OSWALDO ANTONIO CASTILLO GARCÍA, que deberá sumar cinco salarios mínimos más cuando el mes tenga treinta y un días, esto en virtud, que las acreedoras alimentistas tienen la presunción de alimentos, siendo una carga imputable al demandado demostrar lo contrario, es decir, que la acreedora no necesita de los alimentos. (.)". Luego, del análisis de la documental remitida, cuyos razonamientos en los que se sustenta se transcribieron anteriormente, se concluye que la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, ha cumplido con la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo, promovido por Oswaldo Antonio Castillo García, por las razones siguientes. Como ya se expuso, en la sentencia emitida en este juicio de amparo, se indicó a la autoridad responsable, que debía fundar y motivar debidamente cuáles son las circunstancias que tomó como base para concluir que con los elementos que le proporcionó la parte actora, tenía los indicios suficientes para considerar que los cinco salarios mínimos diarios, están dentro de las posibilidades económicas del demandado para realizar dichos pagos; además, por qué la cantidad que fije como pensión provisional es la adecuada para que el deudor (sic) alimentario aquí quejoso, subsista hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de origen. Lo anterior, fue cumplido por la autoridad responsable, pues de lo manifestado por ésta en su acuerdo de treinta de abril de la presente anualidad, y transcrito en párrafos que anteceden, se advierte claramente, razonó suficientemente el aspecto destacado en la sentencia emitida en este juicio de protección de derechos fundamentales, ya que al efecto, motivó cómo llega a la conclusión de que el aquí quejoso obtiene ingresos, la cantidad aproximada que percibe como ingresos mensuales, que la cantidad fijada por concepto de pensión alimenticia, es consistente con los ingresos que percibe el deudor alimentista aquí peticionario de amparo, y que dicha cantidad (pensión alimenticia) no merma sus finanzas ni le impide subsistir hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio familiar 344/2018; y, para arribar a esa conclusión, tomó en consideración principalmente, las manifestaciones de la tercera interesada y las documentales consistentes en la Guía de Tránsito de uso Porcícola expedida por el Gobierno del Estado de Veracruz, el Certificado Zoosanitario de Movilización expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de la Dirección General de Salud Animal, el Control Sanitario y Estadístico en la movilización de animales, productos y subproductos del Estado, expedidos por la Dirección de Sanidad Pecuaria de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, así como la Carátula de Contrato de Cuenta de cheques con línea de cobertura, expedida por la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin. En las relatadas consideraciones, resulta evidente que la autoridad responsable demostró el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por lo que, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la misma, sin excesos ni defectos. Con lo razonado en este proveído, se da respuesta a lo solicitado por la tercera interesada, en su escrito de seis de mayo pasado.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada Daisy Escobar Sánchez, en atención a su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones en relación a la vista ordenada en auto de tres de mayo del año en curso (foja 212), las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 897/2019, signado por la Secretaria encargada por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, y anexo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de abril del año en curso (fojas 191 a 194), y al efecto remite copia certificada del auto de treinta de abril del presente año, dictado en el expediente 344/2018, de su índice, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo (fojas 124 a 134). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el plazo de tres días, dése vista a la parte quejosa y a la tercera interesada Daisy Escobar Sánchez, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; en la inteligencia que con el desahogo de la vista o sin ella, este Tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, de rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."

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