Oswaldo Manzano Montero y Otros.
Expediente 726/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oswaldo Manzano Montero y Otros.
- Oswaldo Manzano Montero
Actuaciones
- Principal
MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio 1434-IV, suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; visto su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 25594, a través del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 726/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el quejoso Oswaldo Manzano Montero, al haberse declarado este órgano jurisdiccional legalmente incompetente, para conocer de dicha demanda; asimismo, comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, juicio de amparo que se advierte quedó registrado con el número 222/2016. Ahora bien, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este cuaderno de antecedentes carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio número 630, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el que remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada al resolver el recurso de queja interpuesto por el agraviado Alejandro López Ponce de León, contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado en mención, en ejecutoria de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictada en la queja 244/2015, declara infundado el recurso de queja interpuesto por el impetrante. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA: MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Oswaldo Manzano Montero, contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca, y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 726/2016. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que el peticionario de amparo, esencialmente, reclama a través del presente juicio de amparo la inconstitucionalidad del Decreto número 1688 por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en específico los artículos 159 y 214; así como la aplicación que se pretende realizar respecto de tales artículos. Además, que de los propios antecedentes narrados por la promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso instaló en el municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, una gasolinera; que el trece de abril de dos mil dieciséis, las autoridades municipales de la citada población de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, lo requirieron del pago de derechos de refrendo de la licencia 2015 y 2016, así como anuncio publicitario 2016, que al acudir a la Tesorería Municipal, se le expidió el oficio relativo al cobro de refrendo de licencia y derechos por anuncios publicitarios. De lo anterior, se advierte que el lugar donde se pretende realizar el cobro del pago respecto de los preceptos que se reclaman es el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, y de ninguna manera dentro de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora bien, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por ser éste el que tiene competencia en la población de Santa María Huatulco, lugar donde se trata de ejecutar el acto de aplicación de los preceptos reclamados, al establecer: CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.], Santa María Huatulco, [.] En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, se ordena remitir el presente expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez de Distrito en turno con sede en Salina Cruz, Oaxaca, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de estilo correspondiente. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y, por autorizados, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Zarate Aquino y Hebert Antonio Piñón, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que se mencionan en la demanda de amparo, únicamente para recibir notificaciones, toda vez que no se encuentra registrada su cédula en el sistema antes indicado, y el presente asunto es en materia administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
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