Oswaldo Hernández Pin u Osvaldo Hernández Pin
Expediente 407/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oswaldo Hernández Pin u Osvaldo Hernández Pin
Actuaciones
- Principal
MESA II B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 25 a 28), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA II B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Jueza del Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, para que surta sus efectos legales consiguientes, con conocimiento de las partes. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la referida autoridad responsable las documentales que remite como apoyo a su informe; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se ordena glosar a los autos. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso Oswaldo Hernández Pin u Osvaldo Hernández Pin, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez del Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 496/2013 de su registro. Asimismo, del informe y constancias agregadas en este proveído, se advierte que si bien la autoridad responsable al rendir su informe justificado niega la existencia del acto que se le reclama, en virtud de que manifiesta que desde el veintisiete de febrero de dos mil quince, dictó sentencia en el referido expediente (fojas 11 y 12), también es verdad que agrega que la misma fue notificada a la parte actora, aquí quejosa, el treinta de marzo actual; por tanto, como dicha fecha es posterior a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veinticuatro de marzo del año en curso), se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que el veintisiete de febrero de dos mil quince, se dictó sentencia en el juicio de nulidad 496/2013 de su registro, en la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio PGJE/DAJ/472/2013 de cuatro de septiembre de dos mil trece, para efecto de que el Director de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dicte otra, procedente conforme a derecho, pero que se encuentre fundada y motivada en los términos a que obliga la fracción V del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado (fojas 14 a 21). Asimismo que dicha determinación fue notificada personalmente a la parte actora, aquí quejosa, Oswaldo Hernández Pin u Osvaldo Hernández Pin, por conducto de su autorizado legal, el treinta de marzo del año en curso (foja 22). Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable la resolución correspondiente en el juicio de nulidad 496/2013 de su registro, y habérsela notificado personalmente al quejoso, por conducto su autorizado legal, es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 6 vuelta). Cabe agregar que no pasa inadvertido al suscrito juzgador que no se encuentra emplazado al presente juicio de amparo la parte tercera interesada; empero, con base en lo determinado en líneas anteriores (sobreseimiento), a nada práctico conduciría esperar a que se efectúe su emplazamiento, en virtud de que esta resolución no le depara ningún perjuicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V B Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, y tomando en consideración que mediante acuerdo de diez de marzo del año en curso, se reservó acordar el escrito del quejoso, por el que realiza manifestaciones en relación al cumplimiento que dio la autoridad judicial responsable a la sentencia ejecutoria de amparo, hasta en tanto feneciera el plazo de tres días que se le concedió en proveído de cuatro del actual, lo que ya aconteció; en consecuencia, se procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así se tiene que mediante sentencia dictada el dieciocho de junio de dos mil diez (fojas 28 a 36), se concedió al quejoso JUAN BAUTISTA JUAN, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, a instancia de parte, proveyera lo conducente a efecto de que con prontitud y sin exceder los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, llevara a cabo la ejecución del laudo en el juicio laboral 179/2005. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se observa que la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ha realizado lo siguiente: 1.- Mediante acuerdos de ocho de julio, cinco de octubre de dos mil diez, y diecinueve de enero de dos mil once, ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, para que en auxilio de esa Junta requiriera al Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, cumpliera con la condena establecida en el laudo de diez de julio de dos mil ocho, dictado en el juicio laboral de origen, y en los últimos dos acuerdos le impuso al demandado una multa de cien pesos, por no haber dado cumplimiento al requerimiento (fojas 47, 81 y 125). 2.- En auto de veintiocho de enero de dos mil once, ordenó girar oficio a la Auditoría Superior del Congreso, como órgano técnico encargado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Municipios, a fin de que informara si dentro del presupuesto de egresos de dos mil once del Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, existía una partida para realizar el pago de lo condenado, o una partida para gastos contingentes, de donde pudiera el demandado tomar la suma a la que se le condenó en el laudo (foja 139). A lo que contestó que en el Sistema de la Auditoría Superior del Estado no existe registro en el cual el Municipio de San Miguel Soyaltepec haya presentado ante ese órgano de fiscalización el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio dos mil once, por lo que no le era posible determinar si existe partida presupuestal para realizar el pago de la condena decretada; por lo que de nueva cuenta se requirió al Ayuntamiento demandado cumpliera con la condena establecida en el laudo de diez de julio de dos mil ocho (foja 161). 3.- En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil once, comisionó al Actuario de su adscripción para que se presentara en las oficinas del Ayuntamiento demandado, y lo requiriera del pago de lo condenado (foja 161). 4.- Posteriormente, en acuerdos de veintisiete de abril, diez de agosto y cinco de octubre de dos mil once, ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, para que en su auxilio requiriera al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo (fojas 201, 257, 285 y 286); incluso en proveídos de cinco de octubre y quince de diciembre de dos mil once, ordenó hacer del conocimiento del Presidente Municipal de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, el Decreto 389, publicado en el Periódico Oficial Extra del Gobierno del Estado, de siete de abril de dos mil once, y que se le requiriera que de no contar con partida en el presupuesto de egresos del dos mil doce, realizara los trámites correspondientes a fin de afrontar el pago a que fue condenado el Ayuntamiento demandado; así también, en el primer acuerdo le impuso al demandado una multa de cien pesos, por no haber dado cumplimiento al requerimiento (fojas 327 a 343). 5.- Luego, en acuerdo de diez de febrero de dos mil doce, ordenó girar nuevo exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, para que requiriera de pago al demandado; así también, hacer del conocimiento y notificar al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el laudo de diez de julio de dos mil ocho, con el fin de que, en caso de que no existiera partida en el presupuesto de egresos del año dos mil doce del Ayuntamiento demandado, se expidiera un decreto especial que autorizara la erogación correspondiente (fojas 384 y 385). 6.- En acuerdo de once de abril de dos mil doce, ordenó nuevamente girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, para que requiriera de pago al demandado, y ordenó a la Actuaria de su adscripción, cumpliera con hacer del conocimiento y notificar a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el laudo, con la finalidad de que en caso de que no existiera partida en el presupuesto de egresos del año dos mil doce, se expidiera un decreto especial que autorice la erogación correspondiente (foja 429). 7.- En auto de cuatro de mayo de dos mil doce, tuvo a la Secretaria General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Poder Judicial del Estado, informando que en el caso, no existía facultad alguna o atribución que surtiera hipótesis de competencia para el Poder Judicial del Estado a fin de intervenir en el cumplimiento del laudo condenatorio (foja 440). 8.- La Junta responsable, en acuerdo de treinta de mayo de dos mil doce, ordenó requerir al Presidente Municipal de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, para que en el término de tres días, procediera a presupuestar la partida que cubriera el pago de las obligaciones condenadas en el laudo de diez de julio de dos mil ocho, y solicitara ante el Poder Legislativo la expedición de un decreto especial que autorizara la erogación de la condena (fojas 450 y 451). 9.- Posteriormente, en acuerdo de veinticinco de junio de dos mil doce, tuvo al Oficial Mayor del Congreso del Estado, comunicando que turnó a la Comisión Permanente de Presupuesto y Reclamación, la copia del acuerdo por el que se le notificó al Poder Legislativo del laudo que condenó al Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec, Oaxaca, al pago de diversas prestaciones (foja 475). 10.- Luego, en proveído de cuatro de septiembre de dos mil doce, ordenó girar nuevamente oficio a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado, para que le informara lo relativo al estudio y dictamen del expediente 246, para la expedición de un Decreto especial que autorizara la erogación al Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, de la cantidad a que fue condenado en el laudo (foja 528). 11.- En acuerdo de siete de enero de dos mil trece, tuvo al Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado de Oaxaca, informando que la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, determinó que no era procedente que el Congreso del Estado expidiera un decreto especial para autorizar una partida presupuestal para cubrir el pago de las obligaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado, por las razones que expresó; razón por la que la Junta responsable giró oficio al Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado de Oaxaca, para que en cumplimiento al artículo Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado, autorizara la expedición de un Decreto especial que autorizara la erogación al Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, para el pago de la condena establecida en el laudo (fojas 568 y 569). 12.- En auto de uno de abril de dos mil trece, se aprecia que el Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado de Oaxaca, informó que el expediente 948, formado con motivo de la petición que dicha Junta le realizó, aún se encontraba en estudio para emitirse el dictamen correspondiente y ser puesto a consideración del Pleno del Congreso del Estado (foja 605). 13.- En acuerdo de once de julio de dos mil trece, se advierte que con fecha diecisiete de abril de dos mil trece, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, emitió el Decreto número 1992, en el que se incluyó el expediente 179/2005, autorizando la erogación de una partida en el presupuesto anual de egresos al Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec, Oaxaca, para el pago de las prestaciones económicas a que fue condenado (fojas 656 y 657). 14.- En auto de tres de diciembre de dos mil trece, la Junta responsable ordenó a la Actuaria de su adscripción, requiriera al demandado, cumpliera con el laudo (fojas 674 y 675). 15.- En diligencia de cinco de diciembre de dos mil trece, la Actuaria adscrita a la Junta responsable, requirió de pago al Ayuntamiento demandado, por conducto de su Síndico Municipal, indicándole que, en caso de no contar con recurso para realizar el pago, el Ayuntamiento debería presupuestar en forma inmediata la partida que cubriera el pago de la condena establecida en el laudo (foja 681). 16.- Mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil trece, requirió al Ayuntamiento demandado para que le informara las medidas que estuviera realizando para dar cumplimiento al pago a que fue condenado (fojas 688 y 689). 17.- En acuerdo de veintisiete de enero de dos mil catorce, ordenó girar exhorto al presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tuxtepec, Oaxaca, para que requiriera al demandado cumpliera con la condena establecida en el laudo (fojas 698 y 699). 18.- En auto de catorce de marzo de dos mil catorce, comisionó a la Actuaria de su adscripción para que se presentara en compañía del aquí quejoso en el domicilio del demandado y lo requiriera de pago (fojas 716 y 717). 19.- En diligencia de veintiuno de marzo de dos mil catorce, se conoce que la Actuaria de la Junta responsable no pudo llevar a cabo el requerimiento de pago al Ayuntamiento demandado, en virtud de que el Síndico y el Presidente Municipal no se encontraban (foja 723). 20.- En proveídos de treinta y uno de marzo, seis de junio y catorce de agosto de dos mil catorce, ordenó girar exhorto al Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tuxtepec, Oaxaca, para que en compañía del aquí agraviado, en su auxilio, requiriera al demandado cumpliera con la condena establecida en el laudo (fojas 728, 747, 748, 768 y 769). 21.- En acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, señaló fecha y hora para que el aquí quejoso, en compañía del Actuario de su adscripción, se presentaran en el domicilio del demandado y se realizara el requerimiento de pago (fojas 787 y 788). 22.- En diligencia llevada a cabo el dos de octubre de dos mil catorce, se advierte que el Síndico Procurador del Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, informó que en el año dos mil catorce no había recursos para el pago, pero que se encontraba haciendo el trámite para el siguiente año (foja 794). 23.- En diligencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, se advierte que le fue entregado al quejoso, un cheque por la cantidad de cinco mil pesos cero centavos, moneda nacional, como pago parcial en cumplimiento al laudo (foja 818); 24.- En diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se conoce que le fue entregado al quejoso, un cheque por la cantidad de dos mil pesos cero centavos, moneda nacional, como pago parcial en cumplimiento al laudo (foja 844). 25.- De los oficios signados por el Síndico Procurador Municipal y Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, se advierte que el Ayuntamiento demandado solicitó un recurso adicional para el pago de laudos, entre los que se encuentra el emitido a favor del aquí quejoso (fojas 877 a 882). 26.- En acuerdo de seis de febrero de dos mil quince, se conoce que tuvo al Presidente Municipal de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, informando que solicitó un recurso adicional para el pago de laudos en el que se encuentra incluido el expediente 179/2005 (foja 884). 27.- Por último, mediante oficio 0666, la Secretaria General de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, remitió copia con firmas autógrafas del acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, dictado en el expediente 179/2005 de su índice, del que se advierte, giró exhorto al Presidente de la Junta Especial de Tuxtepec, Oaxaca, para que se constituyera en el domicilio del demandado Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec, Oaxaca, y en diligencia formal lo requiriera para que manifestara si ya le había sido autorizado el recurso adicional que solicitó para el pago de laudos en el que se encuentra incluida la condena económica que se adeuda al aquí quejoso (fojas 889 y 890). De lo anterior se advierte que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, emitió diversos proveídos, aún de oficio, a efecto de que con prontitud se llevara a cabo la ejecución del laudo en el juicio laboral 179/2005; de ahí que, se estima que dicha responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector. Es así, toda vez que el efecto del fallo protector fue para que dicha autoridad, a instancia de parte, proveyera lo conducente a efecto de que con prontitud y sin exceder los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, llevara a cabo la ejecución del laudo en el juicio laboral 179/2005; lo que se advierte hizo la responsable, aún de oficio; sin que obste a ello que no se haya realizado el pago total al aquí quejoso, de lo condenado en el laudo, ya que éste es una causa natural del procedimiento, una vez culminado todas sus fases. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada con antelación, publicada en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En tales condiciones, es procedente considerar que la autoridad responsable cumplió con la sentencia dictada en este juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 de la anterior Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este expediente. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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