Oswaldo Lampón Villegas
Expediente 381/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/05/2018
Partes del expediente
- Oswaldo Lampón Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales el telegrama de cuenta enviado por la Secretaria del Juzgado Tercer de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, a través del cual comunica la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por lo que, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso Oswaldo Lampón Villegas. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I INCOMPETENCIA. Del estado procesal de autos este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, advierte que carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En primer orden como preámbulo debe decirse que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora bien, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, se refiere a materializados en su totalidad. Así, la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza de las constancias que integran el juicio de amparo que nos ocupa (demanda e informes justificados), se advierte que Oswaldo Lampón Villegas, reclamada la orden de traslado del Centro Preventivo de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango. Lo anterior evidencia que el acto reclamado tuvo principios de ejecución precisamente en el lugar donde se encontraba recluido Centro Preventivo de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo, Estado de México y en el que actualmente se encuentra, a saber, el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio Durango. Por lo anterior, para determinar los efectos del acto reclamado resulta pertinente acotar que éste consistente en la orden de traslado, que es una figura jurídica que por su naturaleza comprende tres etapas a saber: I. La ejecución inicial que se traduce en extraer a la reo del lugar en el que está recluida; II. El traslado material de ésta a un lugar distinto; y, III. El ingreso de la reo al nuevo centro de reclusión. En tal virtud, puede concluirse que cuando un traslado ha sido materializado, sus efectos se vinculan con el lugar al que la persona ha sido llevada. Así las cosas, es de considerar que como quedó precisado el traslado ya fue consumado; y no se advierte que durante su ejecución material el quejoso se haya ubicado en algún municipio en los que éste órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, así como que el reo ya fue ingresado en un centro carcelario en específico, a saber en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio Durango, por lo que los efectos del acto de ejecución se llevaron a cabo donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno. Resulta aplicable la tesis I.6o.P.55 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la página 2382, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecutó el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 y 48 último párrafo de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 381/2018-I, al Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde se produjeron los efectos del acto reclamado. No es óbice a lo anterior, que el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, establece que admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva, puesto que, en el presente juicio de amparo como se advierte del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, no se apertura incidente de suspensión respectivo al no haber sido solicitada por el ahora quejoso la suspensión del acto reclamado; máxime que se trata de un acto consumado, y por ende, no se proveyó sobre la suspensión provisional y en su caso la definitiva. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional en el presente juicio de amparo se encuentra señalada para llevarse a cabo a las once horas con diez minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, en atención a lo acordado en párrafos precedentes ésta se deja insubsistente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el oficio signado por la Subdirectora de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia del Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien a su vez representa al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; asimismo, remite copias certificadas del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26503/2017 de siete de noviembre de dos mil diecisiete, de igual forma, designa delegados en el presente asunto y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Con el oficio de cuenta y la documental remitidas, dese nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la responsable para tales efectos y como domicilio el señalado en el oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I Vista la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las diez horas con treinta y cinco minutos, como se estableció en auto de veinte de marzo pasado; sin embargo, la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación en la Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado, aunado a que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado para tal efecto, tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio 6737/2018, el cual se encuentra agregado en autos. En consecuencia, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con diez minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, para su celebración. En otro orden, visto el contenido del oficio SEADS/461/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la readscripción del Juez Adrián Rivera López, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
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