Oswaldo Gonzalez Martínez
Expediente 1335/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2019
Partes del expediente
- Oswaldo Gonzalez Martínez
- Eduardo Gonzalez Martínez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve diligenciado el exhorto 327/2019-II (orden 327/2019), relativo al presente juicio de amparo, donde se ordenó notificada a la parte quejosa el proveído de once de octubre de dos mil diecinueve. Atento su contenido, ténganse por notificados a los quejosos Jesús Eduardo González Martínez y Oswaldo González Martínez, del auto de once de octubre de dos mil diecinueve; sin que resulte necesario acusar de recibo, toda vez que esté se genera automáticamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, en el Libro de Gobierno asiéntense las anotaciones correspondientes. Por otra parte, visto oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual informa que dicho juzgado acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer y resolver la demanda intentada, asunto que radicó bajo el número 1310/2019-IV. En ese sentido, agréguese a los autos la misiva de cuenta y este juzgado toma conocimiento de su contenido, Por tanto, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En el libro de gobierno correspondiente, háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo González Martínez y Oswaldo González Martínez, por medio de la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1335/2019-II. Incompetencia. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que del estudio integro de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución emitida el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 473/2019, que confirmo el auto de vinculación de veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México, emitida en la carpeta administrativa 1196/2019. En ese contexto, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues como se desprende, el acto reclamado consiste en la resolución emitida el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 473/2019, que confirmo el auto de vinculación de veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México, emitida en la carpeta administrativa 1196/2019; mismo que no conlleva ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución del acto reclamado ocurrirá en la jurisdicción del Juez de Control ante el cual se sigue la carpeta administrativa de origen. Aunado a ese criterio, en el caso concreto los quejosos también se encuentran privados de su libertad en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlanepantla, Estado de México. Por tanto, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto en virtud de que la determinación que constituye el acto reclamado emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 473/2019, que confirmo el auto de vinculación de veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México, emitida en la carpeta administrativa 1196/2019, en la cual dictó auto de vinculación a proceso contra el peticionario de amparo conlleva una ejecución material, toda vez que los efectos de la misma implican, entre otros, que los procesados aquí quejosos, continúen a disposición del Juez que conoce del procedimiento natural; de ahí que, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia el Juzgado que conoce del proceso penal de origen (Tlanepantla, Estado de México). Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo por las razones que la informan la jurisprudencia 118/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción tienen ejecución y se seguirá ejecutando el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizados. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizado en términos amplios a Christian Enríquez García, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Ahora, toda vez que el domicilio señalado por los quejosos se encuentra fuera de jurisdicción y de la lectura de la demanda se advierte que los impetrantes de garantía tienen autorizado para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, téngase como domicilio las listas. No obstante lo anterior, en atención a la naturaleza de la presente determinación, en términos de los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en del Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, notifique por única ocasión a los quejosos Jesús Eduardo González Martínez y Oswaldo González Martínez, la presente determinación en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciban el exhorto, lleve a cabo la diligencia de mérito en los términos anteriormente estipulados. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Trasparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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