Oswaldo Héctor Malone Zacarías

Expediente 1108/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1108/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Oswaldo Héctor Malone Zacarías

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de once de julio de dos mil veintidós, en el que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por OSWALDO HECTOR MALONE ZACARIAS y ELAR HERNANDEZ OCHOA; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, le CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Juan Manuel Segura Guzmán, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1180/2022-4. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se le hace saber a la autoridad responsable jurisdiccional que el plazo de quince días para que rinda o actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la presuncional legal y humana, así como la que anexa a su demanda de amparo consistente en copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuanto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente TETJLI-05/2021 que deberá remitir la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto ésta haga lo propio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a Ernesto Alfonso Sarracino Martínez en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite:  Original del juicio de amparo 1050/2022, de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por César Augusto Domínguez Galán, en representación de OSWALDO HECTOR MALONE ZACARIAS y ELAR HERNANDEZ OCHOA. Lo anterior, en virtud de que por auto de cinco de julio de dos mil veintidós, determinó que este juzgado es el que le corresponde conocer de dicho juicio por conocimiento previo. Acúsese recibo. Por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Por lo anterior, téngase a César Augusto Domínguez Galán, en representación de OSWALDO HECTOR MALONE ZACARIAS y ELAR HERNANDEZ OCHOA, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman de la DIRECTORA O ENCARGADA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1108/2022-4. Se les hace saber a las partes que la Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, dictará la sentencia en el presente juicio de amparo, lo anterior a fin de que de estimarse necesario, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, hagan valer alguna causa de impedimento. COMPENSACIÓN Instrúyase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, para que realice la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito). TRAMITACION DE LA DEMANDA Toda vez que este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento previo planteado, en consecuencia se convalidan todas y cada una de las actuaciones del juez declinante consecuentemente y prosígase con la tramitación del presente asunto. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al analizar la demanda de derechos fundamentales promovida por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como actos reclamados: 1. Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o cualquiera que sea la forma de denominar la privación de la libertad de los directos quejosos, así como la omisión de garantizarles el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2. La orden de deportación. 3. Traslado de los quejosos de una entidad a otra. 4. Privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio en México. SOBRESEIMIENTO DEL ASUNTO En relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que provee lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: En el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y, finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que, además de que el acto reclamado en un juicio de protección de derechos fundamentales sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro, en trámite, contra las mismas autoridades responsables, exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que, si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, por analogía, conviene citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIX, Primera Parte, página 41, registro 257752, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Entonces, conviene reiterar que, en lo que atañe al presente apartado, la parte impetrante señala como actos reclamados los siguientes: 1. Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o cualquiera que sea la forma de denominar la privación de la libertad de los directos quejosos, así como la omisión de garantizarles el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2. La orden de deportación. 3. Traslado de los quejosos de una entidad a otra. 4. Privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio en México. Por su parte, las autoridades responsables señaladas son: DIRECTORA O ENCARGADA DE LA ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. DIRECTOR Y/O SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACION MIGRATORIA DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL ESTADO DE TABASCO. INM, DELEGACION REGIONAL Y ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. Por su parte, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que, en el índice de este juzgado, está radicado el diverso juicio de amparo indirecto 877/2022-7, promovido por Gabriela González Pinacho, quien promueve en representación de los directos quejosos Juan Carlos Ayala Collavino, Oswaldo Héctor Malone Zacarías y Elar Hernández Ochoa, contra los actos siguientes: 1. Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o cualquiera que sea la forma de denominar la privación de la libertad de los directos quejosos, así como la omisión de garantizarles el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2. La orden de deportación. 3. Traslado de los quejosos de una entidad a otra. 4. Privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio en México. Así, de las transcripciones anteriores, se evidencia que en ambos juicios existe identidad de actos y autoridades responsables, así como la circunstancia que en ambos expedientes fueron promovidos por los mismos quejosos. EXPEDIENTE 1018/2022 877/2022 QUEJOSOS 1.-OSWALDO HECTOR MALONE ZACARIAS 2.-ELAR HERNANDEZ OCHOA 1.-JUAN CARLOS AYALA COLLAVINO 2.-OSWALDO HÉCTOR MALONE ZACARÍAS 3.-ELAR HERNÁNDEZ OCHOA ACTOS RECLAMADOS Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o cualquiera que sea la forma de denominar la privación de la libertad de los directos quejosos, así como la omisión de garantizarles el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. La orden de deportación. Traslado de los quejosos de una entidad a otra. Privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio en México. Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o cualquiera que sea la forma de denominar la privación de la libertad de los directos quejosos, así como la omisión de garantizarles el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. La orden de deportación. Traslado de los quejosos de una entidad a otra. Privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio en México. AUTORIDAD RESPONSABLE DIRECTORA O ENCARGADA DE LA ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. DIRECTOR Y/O SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACION MIGRATORIA DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL ESTADO DE TABASCO. INM, DELEGACION REGIONAL Y ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. DIRECTORA O ENCARGADA DE LA ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. DIRECTOR Y/O SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACION MIGRATORIA DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL ESTADO DE TABASCO. INM, DELEGACION REGIONAL Y ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. Como se aprecia a manera de reiterativa, que en ambos juicios existe identidad de actos y autoridades responsables, así como la circunstancia que en ambos expedientes fueron promovidos por los mismos quejosos. Ahora bien, cabe mencionar que en el citado sumario 877/2022, de este índice, por auto de siete de junio de dos mil veintidós, se proveyó en relación a la suspensión de los actos reclamados previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y en esa misma data se admitió la demanda de amparo. Posteriormente, en auto de veintiocho de junio siguiente, se tuvo a la vista el escrito signado por la promovente de los quejosos mediante el cual manifestaron su deseo de desistirse de la demanda de amparo; luego, previa ratificación de dicho escrito de desistimiento, el veintinueve de junio siguiente, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dejándose sin efecto todas las medidas decretadas. Resolución que se encuentra pendiente de causar estado, toda vez que está transcurriendo el término para ello. Por tanto, se pone de manifiesto que, en aquél asunto, los aquí quejosos Oswaldo Héctor Malone Zacarías y Elar Hernández Ochoa, previamente instaron la acción constitucional, respecto de los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades responsables señaladas en este asunto; controvertido en el que, se encuentra en "trámite"; puesto que no ha quedado firme el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el referido juicio, por desistimiento de la citada parte quejosa. Por lo tanto, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P. 83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV, enero de 1995, página 260, registro digital 209531, de rubro: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, sirve de apoyo por analogía la tesis VI.P.18 P, apoyada por el Tribunal Colegiado en Materia Pernal del Sexto Circuito, visible a página 999, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ES LEGAL EL SOBRESEIMIENTO SI DE AUTOS SE DESPRENDE QUE EL QUEJOSO PROMOVIÓ DIVERSO JUICIO DE AMPARO CONTRA EL MISMO ACTO Y LAS MISMAS AUTORIDADES, AUNQUE EN EL ESCRITO DE LA SEGUNDA DEMANDA MANIFIESTE LLAMARSE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE CAPTURA Y EN ELLA APARECE SU NOMBRE." De igual manera, sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados. Asimismo, la jurisprudencia 74/2022 (11a.). sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de primero de junio de dos mil veintidós, Undécima Época, Materias: Penal, Común, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2024789, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE TRATA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. SOLAMENTE GENERA LA IMPROCEDENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO POSTERIOR, POR CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SI AL DESISTIRSE DEL PRIMERO NO RESERVARON SU DERECHO DE PROMOVERLO CON POSTERIORIDAD. Hechos: Varias personas privadas de la libertad promovieron amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó su condena por diversos delitos. Al momento de ser notificadas de la admisión del juicio manifestaron que deseaban desistirse con la finalidad de presentar un nuevo amparo con posterioridad. En atención a lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito desechó la demanda de amparo. Tiempo después, las personas promovieron un segundo amparo en contra de la misma sentencia de segunda instancia, pero el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó el juicio al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión en el que se planteó la inconstitucionalidad del referido artículo. Criterio jurídico: Para que la causal de improcedencia por consentimiento del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sea constitucional en el caso de personas privadas de la libertad que desistan de un juicio de amparo, atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad, es necesario que el desistimiento sea indudable y completo, que exista constancia judicial de que son sabedoras de las consecuencias jurídicas de dicho desistimiento y que no expresen una reserva de promover el amparo con posterioridad. Justificación: Esta Primera Sala ya ha determinado que para garantizar que las personas privadas de la libertad estén informadas sobre los alcances del desistimiento del juicio de amparo o de sus recursos, la autoridad judicial debe cerciorarse de que en la diligencia en que se practique la ratificación del desistimiento, el funcionario judicial con fe pública les explique las consecuencias jurídicas de desistirse del amparo, lo cual debe quedar asentado en la constancia judicial que al efecto se emita, pues sólo así se brindarían certeza y validez total a esa decisión que entrañaría de manera indudable, completa e informada un consentimiento del acto reclamado. Sin embargo, a pesar de que se tenga por acreditado un consentimiento indudable, completo e informado, no se podrá tener por consentido el acto cuando la parte quejosa, al desistir del juicio, hace una reserva sobre su deseo de promover el amparo con posterioridad, ya que en ese supuesto es evidente que no existe un consentimiento del acto, por el contrario, implica una expresión de disconformidad con el mismo. Así, cuando la parte quejosa promueva un segundo juicio de amparo en contra de un acto respecto del cual promovió un primer juicio de amparo del que se desistió, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo sólo podrá aplicarse cuando se verifique que el desistimiento del primer juicio se hizo de manera completa, informada, indudable y sin reservas." De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa designando como autorizado a César Augusto Domínguez Galán, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a Daniela Verónica Hernández Sánchez, Adrián Candelario Cámara Martínez y Luis Ángel Priego Castro, conforme al segundo párrafo del citado numeral, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones relativas al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "ggp.pinacho". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las demás partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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